Desde 2001, los gobiernos municipales de México han «perdido» 25,000 millones de pesos del gasto público por actos de corrupción, y los principales afectados son 94 municipios, de acuerdo con un informe de Oxfam.
- En su estudio ‘La otra mafia del poder’, la organización destaca que hay 94 municipios que han perdido más del 90% de los recursos que les han auditado, y 51 de ellos pertenecen a los cinco estados más pobres del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.
- De hecho, de los 25,000 millones de pesos perdidos por gobiernos municipales, el 58% se encuentra en municipios donde la mayoría de la población se encuentra en pobreza.
La proporción de las pérdidas
Oxfam señala que, entre las principales irregularidades que causan estas «pérdidas» en los municipios, es porque los gobiernos locales no entregaron comprobantes para justificar el uso de los recursos, o simplemente, no dieron algún tipo de información acerca del uso o destino del dinero.
- Y aunque hay 94 municipios que han resultado más afectados por estas prácticas, más de la mitad están en situación de pobreza, lo que muestra una diferencias «abismal» por entre municipios pobres y no pobres a causa de la corrupción.
- Como resultado de esto, se tiene que el 14% del dinero se «pierde» en el 10% de los municipios más pobres de México, y solo el 3% de pierde en los más ricos.
- En esos municipios más pobres, que se ubican en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, tienen pérdidas por 4.1 mil millones de pesos del gasto público. Mientras que en los más ricos la afectación es solo de 1.7 mil millones de pesos.
En términos porcentuales, 51 municipios en situación de pobreza han perdido más del 90% de los recursos. Por el contrario, en los 10 municipios más ricos de México solo se ha perdido el 1% del dinero que les han auditado.
Así, por cada peso «perdido» en un municipio rico, un municipio pobre pierde 2.4 pesos
Los programas sociales
Una de las premisas de este informe es que la corrupción no afecta en todos los tipos de gasto público por igual, sino que sucede más en los recursos destinados a atender a las poblaciones más vulnerables.
- Tan solo el 53% de las irregularidades registradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a lo largo de 19 años se relaciona con gastos en educación, salud y desarrollo social. Mientras que, según Oxfam, las irregularidades relacionadas con obras de infraestructura, que son las más documentadas por medios de comunicación representan apenas el 14%.
«Esto hace que se debilite la política dedicada a reducir la desigualdad, ya que la educación pública de calidad es uno de los mecanismos más reconocidos de movilidad social; la salud es una condición necesaria para poder utilizar el capital humano de forma productiva; (y) los programas de desarrollo social sirven para redistribuir el ingreso a sectores que necesitan de mayores apoyos», puntualiza el informe.
Oxfam encontró que aquellos programas dirigidos a erradicar la desigualdad tienen 20 veces más irregularidades en el gasto, que aquellos programas que no lo hacen.
- En total, en 18 años, hay 132,000 millones de pesos «perdidos», los cuales estaban dirigidos programas con más potencial para contribuir con la reducción de la desigualdad, y solo 6,000 millones correspondían a aquellos con «menor potencial».
- En educación pública se han «perdido» 105,000 millones de pesos, que sería suficiente para cubrir siete de cada 10 pesos del costo anual para toda la población indígena con rezago educativo.
- En salud, la cantidad «perdida» asciende a 91,000 millones de pesos, lo que equivale a casi siete veces el presupuesto asignado a prevención y control de enfermedades en 2019.
El informe expone que, si los 79,000 millones de pesos perdidos en el 10% de los programas y partidas más redistributivas se encontraran, se podría lograr que el 10% de la población con menores ingresos recibiera 10,000 pesos, monto que supera hasta seis veces su ingreso mensual promedio.
Visto de otro modo, este dinero equivale a todos los recursos con los que contó el gobierno del estado de Oaxaca durante 2017.
Corrupción en salud, un mal de México
México es el tercer país de América Latina y el Caribe con la mayor tasa de sobornos en hospitales públicos y centros de salud, destaca un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.
- El reporte “Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020”, indica que 16 por ciento de personas que recurrieron a servicios de salud en instituciones públicas en 2019 en nuestro país reportaron haber realizado o haber sido víctima de soborno, sólo después de Perú y Venezuela, con tasas de 19 y 34 por ciento, respectivamente.
- El estudio también destaca que en México cuatro de cada 10 personas consideran que el sector salud es corrupto.
Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que el sistema de salud nacional enfrenta corrupción a gran escala, esto es desde cómo se gasta el dinero y se asignan licitaciones, y en la pequeña escala, que es cuando se acepta, pide u ofrece un soborno por algún servicio.
Los más afectados son los pacientes de bajos ingresos, porque son los que destinan más recursos para pagar mordidas, no tienen alternativas”, comentó.
La OCDE y el BM instan a dirigir las políticas para abordar la corrupción a los proveedores de bienes y servicios médicos, pagadores, el sector regulador y pacientes ya que son éstos los que pueden cometer o ser víctimas de corrupción.
Según Ángeles Estrada, especialista del Tec de Monterrey, la escasez de medicamentos y servicios potencia el soborno, porque es común que los bienes se vendan al mejor postor.
Por su parte, David Hurtado, vicepresidente de la Comisión de Comercio Internacional de la ICC México, dijo que en el país se puede percibir más corrupción. Expuso que, si se ofrecen garantías a firmas, en el marco del T-MEC, van a llegar inversiones.
Reportan expertos subejercicio en salud durante la pandemia
El gasto en salud es poco menos de la mitad de lo que se requiere para garantizar acceso a toda la población. Pese a ello, la pandemia de Covid-19 no implicó un aumento de recursos para el ramo e incluso se dio un ligero subejercicio, explicaron especialistas en presupuesto y finanzas públicas.
- Las necesidades de gasto en salud ascienden a 6 por ciento del producto interno bruto (PIB). Históricamente el presupuesto ha estado por debajo, detallaron los investigadores convocados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Sólo para compensar los recursos destinados este año –y que equivalen a 2.5 por ciento del PIB- serían necesarios 240 mil millones de pesos más, subrayó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación.
De cara a la discusión del Presupuesto 2021, Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso que al menos se necesita un punto porcentual extra del PIB para equiparar los servicios del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con los que tienen otros institutos médicos públicos, como el Seguro Social.
- Y es que, si bien 20 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, también se marca la desigualdad entre quienes cuentan con el derecho. Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, recalcó que esto se debe al multisistema de salud y que implica costos administrativos distintos para el presupuesto.
Estas disparidades también sobresalen en lo territorial. Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), recalcó que con la emergencia sanitaria no sólo prevalecieron los problemas ya estructurales en el sistema de salud, sino la concentración de recursos por entidad.
- La Ciudad de México y Campeche absorbieron la mayor parte del gasto en la emergencia por la pandemia. Atender a un paciente con Covid-19 en dichas entidades implica aproximadamente 300 mil y 219 mil pesos, respectivamente, mientras en las zonas rurales del país el gasto se queda incluso en 20 mil pesos.
En general, los investigadores coincidieron en que se necesita una Reforma Fiscal para aumentar el gasto en salud al menos un punto porcentual del PIB el próximo año.
- Es una proyección de mediano plazo. En diez años, la presión de una población que envejece, enferma y cuyos padecimientos son más largos y costosos implicarán una necesidad presupuestal ya no del 5 a 6 por ciento del PIB mexicano, sino hasta 10 por ciento, advirtió Judith Méndez.
Con la discusión del gasto 2021, Campos destacó que se hará por aumentar los recursos de salud –ramo que el año pasado terminó por ejercer el 65 por ciento que iba a infraestructura-, pero será suficiente. Habrán factores que “evitarían que haya una discusión profunda” sobre la Reforma Fiscal. Entre éstos destaca el remanente de Banco de México, que se espera amortigüe la caída de ingresos el próximo año, amplió.
Por su parte, De la Torre sostuvo que se debe dar un paso atrás previo a cualquier reforma. Primero ir por un endeudamiento moderado para garantizar el ingreso a personas en pobreza y que han perdido su empleo. Además de comprometer desde este año el remanente de Banco de México para garantizar la reactivación económica.
Sobre una Reforma Fiscal, la reconoció necesaria, pero progresiva y que contemple tasas acorde al nivel de ingresos de las familias.
Ven efectos en educación y salud por mayor pobreza
La recuperación de los niveles de pobreza que existían antes de la pandemia podría ser más rápida que en la crisis anterior, pero dejará secuelas en materia de educación y salud que van a tardar más tiempo en superarse, advirtió John Scott, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
- De 2018 a 2020 el número de pobres en México aumentó en 3.8 millones de personas, cifra un poco mayor a los 3.3 millones que se generaron por la crisis financiera internacional de 2008-2009. Sin embargo, esta contingencia resultó distinta y falta ver la evolución del virus.
“Es difícil de predecir cuánto tiempo vamos a tardar para regresar a los niveles de 2018, porque depende de cosas que no son económicas. Sí puede durar, pero no creo que tanto como la última crisis, que fue macroeconómica global, en la que la recuperación fue más lenta que ésta, y esa nos llevó apenas en 2017 a recuperar los niveles de pobreza que teníamos en 2008”, dijo el investigador.
Explicó que muchos de los países industrializados (incluido Estados Unidos) han remontado mucho más rápido de lo que se pensaba el estancamiento, y México depende mucho de la economía de la Unión Americana, ahí puede haber la oportunidad de una recuperación rápida.
- Sin embargo, el especialista comentó que “en la parte económica la recuperación va a ser más rápida, pero la mala noticia es que está crisis dejará otras secuelas de largo plazo que pueden perdurar, como la parte de educación y la de salud”.
- El número de personas de 16 a 21 años que dejaron de asistir a la escuela en 2020 ascendió a 419.4 mil jóvenes, lo que contribuyó para que el porcentaje de la población con rezago educativo llegara 19.2%, de acuerdo con la medición de los indicadores de carencia social realizadas por el Coneval.
Gobierno entregará recursos a cada alumno
Los internados y comedores de las escuelas normales rurales no sólo son espacios físicos, sino de construcción colectiva. Generan un acercamiento a las culturas campesinas e indígenas. Son lugares de intercambio cultural, lingüístico y educativo, afirmaron especialistas, quienes advirtieron que de concretarse la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar becas de manutención a cada estudiante para el pago de alimentos y vivienda, sería un “grave retroceso y un golpe mortal al normalismo rural”.
Ruth Mercado, investigadora del DIE-Cinvestav y experta en temas educativos, afirmó que su implementación “sería como dispersar a los estudiantes y privarlos de estos espacios de construcción colectiva que son fundamentales para su formación académica, y que se han convertido en un patrimonio de la educación y del normalismo mexicano”.
- En entrevista por separado, Tanalís Padilla, profesora-investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, destacó que el internado y el comedor son espacios centrales para las normales rurales, “pues permiten consolidar su esencia colectiva”.
- Desde su creación en los años 20 del siglo pasado, dijo, “nacen con una visión colectiva y se crean con internados, precisamente para agrupar a los estudiantes, darles albergue y comida porque tienen una estrecha vinculación con las comunidades campesinas e indígenas, donde la participación colectiva es central”.
Estudiantes normalistas rurales afirmaron a La Jornada que “no podemos aceptar una propuesta que parte del desconocimiento de la importancia de nuestros internados y comedores. No sólo es el lugar donde vivimos, es también el espacio donde nos encontramos como estudiantes y futuros maestros rurales”.
Venimos de familias donde se gana cien pesos al día, que no dan para poder estudiar, afirma una alumna de segundo grado de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, “y las normales rurales nos dan la oportunidad de tener una educación. Ahí nos dan desayuno, comida y cena y un dormitorio, eso para nosotros es mucho”.
- En los internados y comedores, señala, “convivimos, cocinamos, hacemos material para los niños y aprendemos juntos, porque si hay algo que yo no sé mis compañeras me enseñan, nos compartimos ideas y eso es importante, porque hay quienes traen un conocimiento distinto y yo otro, y al compartirlo aprendemos más”.
- En Mactumactzá, afirma, “se hablan muchas lenguas indígenas, yo soy hablante de tzotzil, otros de chol, tojolabal y tzeltal, y ahí nos encontramos. Hay muchas variantes de mi lengua, y en el comedor o el internado nos ponemos a platicar y compartimos palabras que unos hablamos y otros no, hacemos limpieza, materiales y todo lo hacemos en conjunto, es como otra escuela”.
Juan Manuel Rendón, profesor, investigador y ex director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), destacó que desde 1922 las normales rurales surgen como una opción educativa y de vida para los sectores más empobrecidos del país, pero también nacen estrechamente ligados a una visión de lo colectivo y de la búsqueda de la justicia social.
Aplicar un programa que busque desaparecer sus internados y comedores, dijo, “sería como aplicar la política neoliberal del váucher educativo o las escuelas chárter para acabar con un dispositivo pedagógico fundamental para la formación del maestro rural. Acabar con los internados sería como dinamitar los cimientos de un edificio”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
