MILITARES o CELADORES están al frente en las DELEGACIONES del INM; sin Manejo ni Estudios en DH

De acuerdo con el currículum de los delegados, los otros 14 encargados son civiles que también, en su mayoría, carecen del perfil especializado.

• Sobre la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, la FGR informó que cumplimentó cinco de las seis órdenes de aprehensión contra tres funcionarios del INM, dos agentes de seguridad privada y el migrante que originó el incendio.

El gobierno federal revocó el permiso y aplicó una sanción 2 Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que prestaba sus servicios en la estación migratoria.

En la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene la directriz de que militares sean delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) y son 18 los generales, contraalmirantes, vicealmirantes y otros mandos castrenses, algunos en retiro, los que están al frente del mismo número de estaciones migratorias, todos sin experiencia ni capacitación en derechos humanos ni temas migratorios o de control de crisis.

• El resto de los delegados del INM tienen diversos perfiles que van desde ex titulares de policías municipales, criminólogos, ingenieros agrónomos, mecánicos, abogados y licenciados sin especificar su especialidad, o bien funcionarios de quienes no se expone su grado académico.
• En medio de una rotación de los mandos castrenses y civiles, prácticamente ninguno de los delegados tiene preparación ni grados académicos que cubran el perfil requerido, como evidenció la tragedia en la Estación Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, donde murieron 39 extranjeros.

En una revisión al currículum de los 32 delegados federales del INM que encabeza Francisco Garduño Yáñez, optometrista y abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, también sin experiencia en materia migratoria, los hombres de verde olivo y azul son expertos en el manejo de armas e ingeniería castrense; son encargados de prisiones militares y de Zonas navales, especialistas en seguridad nacional y algunos tienen antecedentes en seguridad pública.

«La directora ejecutiva de Asylum Access México, Alejandra Macías, expuso que el proceso de militarización que vive el INM y en general la política migratoria de contención, de encierro en cárceles a las que con eufemismos les llaman albergues, de uso de la Guardia Nacional, es lo que ha derivado en excesos y tragedias como la de Ciudad Juárez, que pueden repetirse en otras partes.

• “Son militares sin experiencia, sin preparación en derechos humanos, no conocen un enfoque social del tema migratorio, suma do a que contratan personal sin capacitación, como es el caso de empresas de seguridad privada, sin protocolos para atender personas que requieren protección internacional. No se canalizan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y se trata a los migrantes como delincuentes cuando sólo han cometido una falta administrativa”, detalló.
• Quienes estén al frente de las delegaciones y estaciones migratorias deben ser gente con capacidad del entendimiento de este fenómeno social, especialistas en migración, que sepan atender y manejar a la población en crisis, que entiendan los flujos migratorios como sicólogos, trabajadores sociales, sociólogos con capacidad de gestión alimentaria, sanitaria e incluso tanatólogos que puedan atender a gente traumatizada por los abusos. Gente con sensibilidad. No militares, no improvisados”.

Reveló que “algunos de estos 18 militares que son delegados del INM están incluidos en una investigación de varias organizaciones donde se expone que más de 160 militares en cargos civiles están incluidos en recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de la CNDH”.

• Dijo que hay denuncias de familiares de las víctimas y su abogado contra el contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, quien dio la orden de no abrir las rejas del albergue incendiado. “Está en ese cargo desde 2021 y si se confirma esta información es la mejor demostración del porqué un mando castrense no puede ocupar un cargo civil de esta relevancia.

No tienen la preparación y sensibilidad. La tragedia se pudo evitar con gente preparada para el manejo de crisis, un militar resuelve con amenazas y autoritarismo, como si los migran tes fueran enemigos o delincuentes”, subrayó.

• Los 18 delegados (el INM que provienen de Sedena y Marina Generales y vicealmirantes en re tiro son los rangos de casi todos estos delegados, quienes eran encargados de la seguridad de puertos, constructores castrenses e incluso encargados de cárceles de las Fuerzas Armadas.
• Las entidades donde hay delegados del INM emanados de lás Fuerzas Armadas son Chíhuahua, Tlaxcala, Campeché, Veracruz, Sonora, Guerrero, Michoacán, Colima, Sonora, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango y Tabasco.

Los otros 14 delegados se reparten entre funcionarios con perfiles de ex jefes de policías municipales, criminólogos, ingenieros agrónomos, mecánicos, abogados y contadores.

Directores del INM tienen perfil penitenciario

De los siete funcionarios que encabezan las direcciones generales o la cúpula del Instituto Nacional de Migración (INM), cuatro cuentan con trayectoria en el sistema penitenciario, incluido el comisionado Francisco Garduño Yáñez.

• Garduño dirigió el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 14 de junio de 2019, el cual se encarga de la política penitenciaria nacional, y dos de sus actuales directores también trabajaron en este ente, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se trata de Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio, quien se desempeñaba como director de área de Imagen Institucional del OADPRS, en el sexenio anterior, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de

Transparencia. Este servidor no tiene registro como funcionario público en la plataforma Nómina Transparente ni en el sistema Declaranet, ambos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

• Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del INM, ha desempeñado distintos cargos en el OADPRS desde 2013. Según la ficha curricular de su última declaración patrimonial, fue director general y coordinador general de centros penitenciarios de ese organismo entre 2013 y 2018.

Antes, de 1997 a 2001, se desempeñó como subdirector jurídico en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De 2007 a 2011, fue director general de Prevención y Readaptación Social del penal de Durango.

En 2019 y ya bajo la dirección de Garduño, quien también fue responsable de los reclusorios en la Ciudad de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno, Molina Díaz se sumó al INM, un órgano técnico de la Secretaría de Gobernación que está bajo lupa por los 40 migrantes muertos a causa de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo, donde el principal reclamo es que no se permitió la salida de los indocumentados.

Ruth Villanueva Castilleja, directora general de Protección al Migrante y Vinculación, también tiene experiencia en desarrollo penitenciario. Según datos de su última declaración patrimonial, la funcionaria fue, entre 2013 y 2014, directora general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y de 2015 a 2018 laboró en la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

• En 2012, se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). También fue presidenta del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública de 1996 a 2002.
• Los tres altos funcionarios del INM que no han trabajado en el sistema penitenciario son Alejandro Tagle Marroquín, subcomisionado Jurídico desde 2021; Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de Oficinas de Representación; y Alfredo Hernández García, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Tagle Marroquín trabajó en la Secretaría De Transportes y Vialidad del otrora Distrito Federal, y la Auditoría Superior de la capital, mientras que Martínez Castuera fue secretario de administración del Tecnológico Nacional de México y ocupó diversos cargos en el IPN.

En tanto, Alfredo Hernández García, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fue titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera, sin embargo, fue inhabilitado por ejercicio indebido del servicio público por tres años, y al concluir su suspensión ingresó al INM.

• De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hay algunas anomalías en los perfiles del personal del Instituto Nacional de Migración y en sus manuales, los cuales no están actualizados.
• Al revisar la Cuenta Pública de 2021, examinó 102 currículos de funcionarios del INM y detectó que siete servidores públicos no acreditaron el nivel académico requerido (posgrado), cinco no probaron los años de experiencia requeridos y uno no acreditó el área de estudio solicitado.
• Además, en seis casos se reservó la información, contrario a lo previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Uno de los perfiles reservados, de acuerdo con una revisión a la PNT, corresponde a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuyo titular no se conoce públicamente.

El INM tampoco contó con los formatos de descripción de puestos para cuatro direcciones de área, pertenecientes a la Oficina del Comisionado (Dirección de Servicios Operativos, Coordinador de Administración de recursos, Dirección de Vinculación para la Atención y Protección a Migrantes y la Dirección de Estrategia Institucional y Agenda Pública).

Además, en nueve casos las cédulas o perfiles del puesto carecían de las competencias o capacidades requeridas, en estas aparecía la leyenda de “no aplica”.

El órgano fiscalizador determinó, además, que el INM no cuenta con un programa formal de supervisión en sus políticas de regulación migratoria y, hasta el año 2020, no había acreditado que el personal que labora en este organismo haya recibido capacitación para la ejecución de trámites migratorios.

De acuerdo con un requerimiento de información a ese ente, a través de un informe de auditoría solicitado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino señaló que el INM no acreditó que se hayan realizado programas para la construcción y diseño de indicadores de desempeño en el ejercicio 2020.

En la auditoría de desempeño a la Dirección de Regulación Migratoria del INM, se dijo que esta “no cuenta con un programa trimestral de visitas de supervisión y acciones de difusión que permita medir de manera correcta sus acciones de difusión en materia de regulación migratoria”.

Reprueban pruebas de confianza 3 de cada 10 empleados el INM

En los últimos cinco años, tres de cada 10 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) adscrito a sus estaciones migratorias en el estado de Chihuahua reprobaron las pruebas de control de confianza.

• Del total de funcionarios evaluados en ese periodo, 196 aprobaron y 78 reprobaron para laborar en las tres estaciones migratorias de ese estado, donde un incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, en el centro de detención de Ciudad Juárez, ha dejado un saldo de 40 migrantes fallecidos, a quienes no les permitió salir a pesar del fuego.
• El año pasado, 63 de las 68 evaluaciones a los servidores públicos fueron registradas como aprobatorias y sólo cinco desaprobatorias, de acuerdo con datos que reporta esa institución en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
• Mientras tanto, el organismo adscrito a Gobernación registra que en 2018, último año de la pasada administración, del total de 22 elementos del INM a los que les fue aplicada esa prueba de confianza en las estaciones migratorias de Ciudad Juárez, Janos y Chihuahua capital, únicamente seis resultaron certificadas y 16 se rechazaron.

Para 2019, primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 26 servidores públicos de esa institución adscritos a Chihuahua a los que se les realizó dicho examen, sólo cinco lo aprobaron y 21 lo reprobaron.

Al año siguiente (2020), la base de datos estadísticos del INM que publica en la PNT, en el apartado “obligaciones específicas” y en la casilla “procesos de control de confianza”, se indica que el total de evaluaciones fue de 59 y que el personal que no aprobó el examen fue de 11, mientras que 48 funcionarios aprobaron los controles.

• Ya en 2021, el organismo a cargo de Francisco Garduño Yáñez —quien fue nombrado por el presidente López Obrador para tomar las riendas del INM el 14 de junio de 2019— registra que 99 servidores públicos de esa institución adscritos al estado de Chihuahua presentaron pruebas de control de confianza, de los cuales 74 las aprobaron y 25 las reprobaron.

Apenas el 3 de noviembre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó en el Informe de la Cuenta Pública de 2021, correspondiente al tercer año de gobierno del presidente morenista, que el INM no cuenta con un sistema institucional de control de confianza para la generación de información confiable.

Según el reporte, a pesar de que el INM tiene un proceso de certificación de su personal, que es encabezado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, “se detectó que servidores públicos en la plantilla vigente no aprobaron el proceso durante 2021”.

Este diario informó que en ese mismo reporte se establece que hay algunas anomalías en los perfiles del personal del Instituto Nacional de Migración, mientras que sus manuales no están actualizados.

• La ASF examinó 102 currículos de funcionarios del instituto y detectó que siete servidores públicos no acreditaron el nivel académico requerido (posgrado), cinco no justificaron años de experiencia solicitados y uno no demostró área de estudio solicitada.
• Además, en seis casos se reservó la información, contrario a lo previsto por la PNT. Uno de los perfiles reservados corresponde a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuyo titular no se conoce públicamente.

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Migración, referente a la certificación del personal del INM, la evaluación de los servidores públicos de ese ente que estén en servicio activo comprenden exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, de antecedentes y entorno socioeconómico, así como “las (pruebas) que se consideren necesarias de acuerdo con la normativa vigente”.

• En la misma normatividad se puntualiza que “las evaluaciones del proceso de certificación se valorarán en conjunto, salvo la toxicológica, que se calificará por separado, por lo que no se le aplicarán las evaluaciones restantes”.
• “En el caso de que el evaluado no apruebe el examen toxicológico, quedará excluido de manera inmediata y definitivamente del proceso de certificación, por lo que no se le aplicarán las evaluaciones restantes”, indica el Reglamento del INM.

Otro caso es el de Baja California, donde se ubica una de las estaciones migratorias más grandes del país, la de Tijuana. En 2022, el organismo realizó un total de 123 evaluaciones de confianza a su personal en esa entidad, de las cuales 108 resultaron aprobatorias y 15 rechazadas.

• En 2018, el INM llevó a cabo 78 pruebas de control entre los servidores públicos adscritos en aquel estado, donde sólo 25 tuvieron un resultado satisfactorio y el resto (53 elementos) reprobó las pruebas.

En Chiapas, donde se asienta la estación migratoria de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala y que también es uno de los centros migratorios más grandes con los que cuenta el INM en territorio nacional, el año pasado se efectuaron un total de 648 pruebas de confianza, de las cuales 607 fueron aprobatorias y 41 rechazadas. En cambio, en 2018 se realizaron 148 evaluaciones de este tipo y sólo 43 servidores públicos las aprobaron.

ONG´s denuncian violaciones a derechos humanos en albergues del INM

Durante los últimos dos años, organizaciones civiles que tienen como causa la protección de los derechos de migrantes extranjeros que cruzan por México con la intención de llegar a Estados Unidos, alertaron, al menos en siete ocasiones al gobierno mexicano sobre “graves violaciones a los derechos humanos de esas personas” cometidas por autoridades mexicanas.

• Además, le hicieron saber que en albergues y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) “se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades”.
• También le manifestaron su preocupación por los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras y la aceptación de México a fungir como un tercer país seguro para los solicitantes de asilo en territorio estadounidense.

Éstos son algunos de los pronunciamientos:

18 de diciembre de 2022

Organizaciones integrantes del Grupo de Acción por la No Detención de personas refugiadas denunciaron públicamente que “en las estaciones migratorias” de México “se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos que pueden constituir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Señalaron que la detención por motivos migratorios es una práctica que se lleva a cabo sin considerar situaciones de vulnerabilidad o casos de personas que requieran de protección internacional, como son las solicitantes de la condición de refugiado.

29 de noviembre de 2022

Alianza Américas; Uno de Siete Migrando y Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), entre otras agrupaciones, manifestaron su preocupación por el operativo de desalojo de migrantes venezolanos de las márgenes del río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua y denunciaron: “falta de regulación de espacios de acogida donde se han documentado casos de explotación y abuso sexual (…) y restricciones a las salidas de personas en albergues denominados de puertas abiertas, ya que funcionan como espacios filtros para prevenir el contagio de enfermedades, y limitan el tránsito al solicitar autorizaciones para salir (pases expedidos de forma discrecional por el personal a cargo)”.

26 de octubre de 2022

Integrantes de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, acompañadas de representantes de organizaciones de sociedad civil de México y Estados Unidos, acudieron al Senado en la Ciudad de México para denunciar la situación que está viviendo la comunidad venezolana a partir de los recientes acuerdos entre los gobiernos de México y EUA.

• Dijeron que “la detención migratoria, la deportación y el traslado a otros estados del país, deja a las personas en indefensión, y vulnerables a ser víctimas de delitos como la extorsión y la trata de personas”.

21 de septiembre de 2022

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas, entre otras organizaciones llamaron al gobierno y legisladores mexicanos a “reconocer la situación de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el territorio nacional y a promover iniciativas legislativas en materia de niñez y adolescencia migrante, no detención y acceso a derechos”.

• El llamado ocurrió luego de que representantes de redes y organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, nacionales e internacionales, visitaron centros de asistencia social, espacios públicos y humanitarios de acogimiento para personas en contexto de movilidad, así como estaciones migratorias y estancias provisionales, “donde se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades, al igual que los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras como parte de la política implementada por las autoridades de México y Estados Unidos”.

23 de agosto de 2022

Más de 30 organizaciones sociales, entre ellas las pertenecientes al Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM, pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador rechazar el restablecimiento del “inhumano Protocolo de Protección a Migrantes de Trump (Migration Protection Protocols, MPP), también conocido como “Quédate en México””.

Le señalaron que durante dos años, esta política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72,000 personas solicitantes de protección internacional quienes fueron regresadas a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

13 de agosto de 2021

Organizaciones civiles como Asylum Access México, Fundación para la Justicia y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, llamaron al gobierno mexicano a la congruencia entre el discurso y las acciones para garantizar una migración segura y regular.

• “Con gran preocupación hemos visto el apoyo que el gobierno mexicano ha dado a diversas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración que lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes”.

27 de enero de 2021

Organizaciones sociales llamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, “para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas, el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país”.

Tragedias de migrantes en territorio mexicano

La tragedia ocurrida esta semana en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 38 migrantes se suma a varias ocurridas en territorio mexicano. Destacan las siguientes:

• Fallecen 56 migrantes al volcarse tráiler en Chiapas: 9 de diciembre de 2021. Al menos 56 migrantes fallecieron y más de 50 resultaron lesionados al volcarse un tráiler en el que eran transportadas más de cien personas, en las inmediaciones de Chiapa de Corzo, Chiapas.

• Mueren calcinados 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas: 22 de enero de 2021. Al menos 19 personas migrantes murieron calcinadas en dos camionetas, en el municipio de Camargo Tamaulipas.

• Masacre de San Fernando: Entre el 22 y 23 de agosto de 2010. Integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes de diversos orígenes que estaban en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas.

• Encuentran 49 cuerpos en Cadereyta: 13 de mayo de 2012. El Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas, aparentemente todos migrantes, en la carretera Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León. Entre las víctimas se identificaron al menos 13 migrantes centroamericanos.

• Descubren cuerpos de migrantes en Güémez, Tamaulipas: Febrero de 2015. En el ejido Plan de Ayala, municipio de Güémez, Tamaulipas, fueron encontrados en una fosa clandestina los cuerpos de los 16 migrantes (13 de ellos guatemaltecos y tres hondureños), quienes habían sido reportados como desaparecidos./PUNTOporPUNTO