México es el país con menor gasto social entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluso por debajo de otros países de América Latina como Chile, Colombia y Costa Rica, reportó el organismo.
- El gasto público de México en pensiones, servicios de salud, de sistemas de cuidado a infantes, a desempleados, a educación, entre otros, alcanzó 7.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), menos de la mitad del promedio de 20 por ciento en la OCDE.
- En el extremo opuesto se encuentra Francia, donde el gasto públicos social es de 31 por ciento del PIB. Y también destacan Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania , Italia, Noruega y Suecia que invierten más de una cuarta parte del PIB en servicios y transferencias para la población.
La organización expuso que las pensiones y la salud son los principales destinos del gasto público social en todos los países comparados. Las primeras absorben en promedio 7.8 por ciento del PIB y los servicios médicos el 5.6 por ciento.
- La composición del gasto público promedio de México entre 2017 y 2019 fue de 3.1 por ciento que se destinó a pensiones y, aunque ya están cerca del billón de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, es de los más bajos de la OCDE, sólo detrás de Chile y Corea, ambos con 2.8 por ciento. En contraste Italia gasta 15.6 por ciento de su PIB en esta prestación.
- En un documento, la OCDE explicó que el gasto en pensiones que hace el país “es mucho más bajo que en Italia, porque tiene una población relativamente joven, pero también porque los jubilados italianos tienen muchas más probabilidades de recibir una pensión que en México, donde menos de la mitad de las personas mayores la reciben”.
- Por otro lado, mientras Francia destina hasta el 8.5 por ciento de su PIB en gasto público a salud, México invierte 2.8 por ciento; es el segundo más bajo entre los países que conforman la OCDE, sólo detrás de Holanda, que en este rubro se recarga más en recursos privados. El resto del gasto público mexicano es en servicios distintos a la salud y en transferencias directas a la población, detalló.
El organismo explicó que durante la última década el gasto público social entre los países de la OCDE disminuyó a 20 por ciento promedio del PIB en 2019; viene de alcanzar su pico más reciente con la gran crisis financiera, cuando ascendió al 21 por ciento del PIB en 2009.
- Contextualizó que los Estados de bienestar se expandieron rápido en las décadas de 1960 y 1970; pero desaceleraron desde 1990 por restricciones presupuestarias que llevaron a muchos países a endurecer los criterios de elegibilidad para acceder a los apoyos y “privatizar el gasto social» con lo que se aumentó la responsabilidad de los empleadores.
Sin embargo, en periodos de recesión el gasto social tiende a aumentar, por lo que se espera que la pandemia de Covid-19 provoque un aumento aunque aún no se sabe qué tan grande será el efecto. Más allá de los sistemas de atención a la salud que con la pandemia urgieron mayor presencia del Estado, también se dieron apoyos para jornadas de trabajo reducida, seguros por desempleo, entre otras subvenciones.
Política social no ‘blindó’ combate a pobreza
La política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en programas que entregan transferencias monetarias, intentó contener los estragos de la pandemia, sin embargo, no evitará el retroceso de una década en los avances obtenidos en la reducción de la pobreza, advirtieron el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y expertos.
- José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, señaló que los programas sociales en el ámbito federal han priorizado las transferencias monetarias no condicionadas, lo que sirvió para complementar los ingresos de los hogares, no obstante, prevalece el reto de que la política social evite que se reviertan los avances obtenidos en la reducción de carencias sociales.
“La política social pudo haber contenido los efectos de la pandemia en la pobreza. Ha habido complementariedad de los programas entre estados, municipios y federación, pero lo que planteamos es que tendría que redoblarse la coordinación a nivel federal en los responsables de los programas prioritarios”, sostuvo en entrevista con El Financiero.
- Armando Bartra, investigador académico de Coneval, alertó que “hace un año se podía decir que se había recuperado lo perdido en la crisis de 2008-2009, pero llegó la COVID-19 y lo echó para atrás. Se regresó a niveles de hace 10 años. Después de 10 años de esfuerzo, de gasto y de política social, regresamos a la situación de hace una década, sobre todo pobreza por ingresos”.
- Gonzalo Hernández, director de la Red de Pobreza Multidimensional y extitular del Coneval, subrayó que la política social no ayudará a evitar que se reviertan los avances en la reducción de pobres “porque en 2020 nos encontramos con un problema que no había en 2019 ni 2018, pero el gobierno no hizo programas de apoyo para el problema nuevo y ha estado pensando que los programas previos a la pandemia serán la solución”.
Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, afirmó que “los programas de transferencia actuales no incluyen a todos los grupos afectados por la crisis de COVID-19, como son los trabajadores urbanos que viven al día, que no están contemplados y están en riesgo de perder ingreso cotidiano”.
Claudia Maldonado, investigadora del Coneval, dijo que “si bien las transferencias aspiran a una visión universalista no están adecuadamente concebidas en clave de protección porque no están diseñadas para prevenir, mitigar o atenuar los riesgos que pueden tener las personas a lo largo de su vida”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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