El Senado mexicano aprobó la tarde de este miércoles el “plan B” de la reforma electoral y con ello dio un cierre legislativo a la propuesta presidencial de modificar el sistema electoral. Una primera tanda de cambios a la ley habían sido aprobados a finales del año pasado, pero la segunda parte había quedado retrasada a partir de la cláusula de la “vida eterna”, que desató la polémica entre los partidos.
La disposición permitía el traspaso de votos entre partidos de una misma coalición, lo que en la práctica favorecía a los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Para liberar el proyecto, el Senado aprobó las leyes en las que había consenso y dejó ese artículo para debatir en posteriores discusiones legislativas. Lo aprobado esta semana, sumado a lo del año pasado, deja una reforma que afecta de manera estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) y da más libertad a los funcionarios públicos para que se entrometan en las campañas. Estas son las claves:
- Menos estructura para el INE: El árbitro electoral ha salido perjudicado en términos económicos y de poder. La reforma obliga al instituto a eliminar unas 300 juntas distritales, que son las encargadas de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de ellas se propone que haya oficinas con una sola persona.
Además, se establece la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en México, lo que implica el recorte de 262 plazas. Estas instancias son las encargadas de garantizar los derechos a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, a la información y la transparencia en las elecciones, a la participación en condiciones de equidad y de ser electo, y a la justicia en materia electoral.
“Prescindir de estos profesionales de la organización electoral en los 300 distritos y en las 32 entidades compromete el pleno respeto al sufragio que el actual modelo legal garantiza en México”, señala el INE respecto a estos puntos. Estas modificaciones, de acuerdo con el instituto, afectan directamente al padrón electoral y a la cartografía electoral, ya que las juntas son donde se actualiza el padrón y se expiden las identificaciones necesarias para ejercer el voto.
“La integridad de ambos instrumentos se vería comprometida en su calidad y alcance y los trámites asociados a ellos, ya que afecta el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano”, ha señalado el organismo en un documento.
Entre otras afectaciones a la estructura del sistema electoral, está la disminución de recursos para capacitar a los funcionarios de casillas y la afectación a la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo, encargados de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisión. La reducción de las juntas también implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso. Esto se traduce en más de 1.500 puestos que son eliminados.
- Recorte de gastos y más dinero a los partidos: Morena ha destacado que la gran ventaja que propone el “plan B” es el ahorro de unos 3.500 millones de pesos, que mayoritariamente al presupuesto del INE. Pero también están en la mira los salarios de los consejeros del organismo: las modificaciones a las leyes obligan una retabulación para que ninguno gane más que el presidente de la República.
La reforma insta además al instituto a eliminar los fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores. Lo aprobado también establece que los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, ya sean públicos o privados, que no utilicen en un año para el periodo siguiente. Hasta ahora estaban obligados a devolverlos a la Tesorería de la Federación.
El supuesto ahorro que predica el Gobierno puede quedar mitigado por los gastos que tendrán que hacer para pagar las indemnizaciones de todas aquellas personas que ocupan los puestos que serán eliminados. Así lo aseguró Lorenzo Cordova, el consejero presidente del INE, esta semana.
- Libertad para la propaganda gubernamental: El “plan B” de López Obrador establece una reducción del concepto desarrollado en la ley de lo que es la propaganda gubernamental. Esto quiere decir que lo que no se etiquete en los presupuestos como propaganda no será considerada como tal, a pesar de que utilice fondos públicos.
Al cambiar el concepto, esta modificación afecta el precepto constitucional que dice que no se puede hacer propaganda gubernamental durante las campañas. La reforma limitad además la capacidad del árbitro electoral de sancionar a los funcionarios que públicamente se expresen a favor de un candidato.
- Afuera la cláusula de “vida eterna”: El polémico punto que autorizaba la transferencia de votos entre partidos en coalición ha quedado fuera de la reforma. Inicialmente, los aliados de Morena buscaban aprobar una cláusula que les permitiera absorber las votos del partido oficialista y evitar así, en el caso de que no reciban el 3% del apoyo que ordena la Constitución, perder su registro.
Pero las presiones hicieron que la reforma salga adelante sin este artículo. Lo eliminado establecía que los partidos políticos podían presentar una candidatura común, en cuyo caso la boleta tendría que llevar el logo de todos, y que “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”. Al menos de momento, esto ha quedado para futuras modificaciones.
¿Qué propone y por qué su aplicación está en ‘manos’ de la Corte?
El Senado de la República aprobó el pasado miércoles 22 de febrero el plan ‘B’ de la reforma electoral, por lo que fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Con 72 votos a favor de Morena (y aliados) y 50 en contra, se reformaron 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Expertos aseguran que esta aprobación “mutila al INE” y pone en riesgo la operación de las próximas elecciones porque valida el despido de casi 6 mil funcionarios de base, que representan una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta.
El Gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que vulnera los datos personales y abre la posibilidad a que sean usados con fines distintos a los establecidos.
Además, permite que los funcionarios y candidatos puedan usar los recursos públicos para hacer campaña sin ser sancionados.
“El árbitro del proceso electoral está a punto de ser expulsado para poner al gobierno en su lugar, mismo que será juez y parte en las elecciones de 2024″, opina Alejo Sánchez, columnista de El Financiero.
¿Cuáles son los cambios en el plan ‘B’ de la reforma electoral?
De acuerdo con lo aprobado por ambas cámaras, el plan ‘B’ de la reforma electoral queda de la siguiente manera:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
- Se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo que pone en riesgo el padrón electoral, la instalación de casillas, el cómputo de los votos, el monitoreo de radio y tv y la fiscalización de los partidos y campañas.
- Se elimina 84.6% del Servicio Profesional Electoral.
- Se obliga a que los consejeros y magistrados electorales ganen menos que el Presidente.
- Se eliminan los fondos y fideicomisos del INE.
Ley General de Partidos Políticos
- Los partidos tienen derecho a elegir a sus líderes y a sus candidaturas conforme a sus documentos básicos, sin la intervención de la autoridad electoral.
- Las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos.
- Los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Se establece un procedimiento en caso de solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF
- El Tribunal Electoral no podrá conocer de asuntos sujetos a resolución de la SCJN y se garantiza que el máximo tribunal constitucional debe resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.
Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas.
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea.
¿Por qué la Corte decidirá la promulgación del plan ‘B’ de la reforma?
Senadores del bloque de oposición (PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural) refrendaron que, con la inminente promulgación de la reforma, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El líder de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su confianza en que los ministros cumplirán su mandato de defender la Constitución, “por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo”.
“Con el plan B lo que quieren es robarse la elección de 2024″, soltó el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería, quien, adujo, Morena es “una basura para gobernar”, ya que los resultados del presidente López Obrador “son desastrosos”.
Incluso, el consejero Ciro Murayama explicó que si antes del 2 de junio la Suprema Corte suspende la aplicación del “plan B” en materia electoral se podrá realizar la elección del 2024 tal y como se conoce. También con esta suspensión se evitaría el despido del personal del Instituto y se mantendría tal y como está.
Ordenan desmantelar al INE y el Tribunal Electoral
A partir de abril y hasta agosto de este año deberá concretarse el proceso de reducción del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), establece el régimen transitorio del plan B electoral, el cual ordena el cese inmediato de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto.
”Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo transitorio del plan B electoral que ayer quedó de primera lectura en el pleno del Senado.
- En abril, que es el mes en que ya no estarán los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela Herrera y José Ramón Ruiz Saldaña, el Consejo General “identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido.
- A partir de abril y hasta agosto de este año deberá concretarse el proceso de reducción del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), establece el régimen transitorio del plan B electoral, el cual ordena el cese inmediato de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto.
Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo transitorio del plan B electoral que ayer quedó de primera lectura en el pleno del Senado.
En abril, que es el mes en que ya no estarán los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela Herrera y José Ramón Ruiz Saldaña, el Consejo General “identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido.
Mientras los senadores de Morena acusan a la oposición que mienten al afirmar que se pretende el desmantelamiento del INE, el régimen transitorio del plan B electoral ordena que “la Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación”.
Añade que “a más tardar el 1 de mayo, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del instituto ordenada en el presente decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
- Los lineamientos deberán establecer la metodología y políticas para cumplir tal fin, así como criterios técnicos para garantizar la debida alineación de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; evitar la duplicidad de funciones con otras unidades administrativas.
- Establecer y justificar la descripción y perfiles de puestos; ejecutar una efectiva valuación de puestos; propiciar el equilibrio en los tramos de control, y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando”, dispone.
El artículo Vigésimo Quinto ordena el recorte de salarios para los integrantes del Consejo General y del resto de mandos superiores del INE, así como de los órganos electorales de los estados y ordena que no se considerará como trabajo especializado o técnico calificado a los profesionales que hacen funcionar el sistema electoral del país.
Al TEPJF le ordena compactarse de 7 a 5 salas regionales y respetar los derechos laborales de quienes dejen sean considerados no indispensables./Agencias-PUNTOporPUNTO
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