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Por: Anaiz Zamora Márquez
Cinco meses de recorridos por municipios mexiquenses para exigir se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, y de escuchar relatos de familias víctimas de feminicidio y desaparición no han valido para que el gobernador Eruviel Ávila Villegas reconozca la alta incidencia de violencia de género en su estado, y acceda a escuchar a madres, hermanas y activistas.
En junio pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –ante la reiterada negativa de las autoridades federales y locales para atender la problemática– declaró una alerta ciudadana en esta capital mexiquense, y buscó reunirse con el mandatario estatal.
Desde el primer día, el OCNF se encontró con las puertas cerradas del Palacio de Gobierno del Edomex. Funcionarios argumentaron que “había cosas más graves que atender en la entidad” (Cimacnoticias 25 de junio 2014).
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas y familiares volvieron a Toluca, pero la respuesta fue prácticamente la misma, aunque en esta ocasión se agregó que no podían realizar la manifestación en la explanada principal, ya que “por instrucciones del gobernador, la plaza pública no podía ser tomada”.
RECUENTO DE LA IMPUNIDAD
Durante los cinco meses de alerta ciudadana se recorrieron los municipios de Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Chimalhuacán.
Entre las calles polvorientas y de poca iluminación de tales municipios surgieron las historias de personas que por temor a represalias por parte de las autoridades no denunciaron la desaparición de sus hijas, u optaron por dejar de exigir justicia.
También se encontraron las denuncias de la complicidad entre autoridades, policías municipales y grupos delincuenciales, para agredir y violentar a las mexiquenses.
En prácticamente todos los municipios las mujeres son desaparecidas, asesinadas y sus cuerpos son embolsados, descuartizados y arrojados a terrenos baldíos o construcciones.
En conferencia de prensa esta mañana, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, sostuvo que todo lo documentado durante los recorridos es una clara muestra de que la eliminación de la violencia de género es “una deuda pendiente para las mexiquenses”.
“Se han creado marcos normativos para definir la violencia y se han gastado millones de recursos para crear instancias que no protegen a los mujeres”, declaró.
Las cifras oficiales dan cuenta de ello, pues 3 millones 51 mil 761 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a manos de su pareja. En dos años (2012 y 2013) se cometieron 4 mil 855 violaciones sexuales y 535 asesinatos dolosos de mujeres.
Es de mencionar que desde que se tipificó el feminicidio en el Edomex (2011), hasta diciembre de 2013 sólo se abrieron 140 expedientes por este delito, de los cuales únicamente 10 han terminado en sentencia.
Estrada abundó que a diferencia de otros estados (donde la mayoría de los homicidios son cometidos por las parejas de las víctimas), en el Edomex el 90 por ciento de los agresores son desconocidos, “lo que refleja un grave problema de seguridad”.
A ello se suma que en 18 meses se tiene el reporte de más de mil 200 mujeres desaparecidas, aunque grupos civiles estiman que a diario al menos dos mujeres son víctimas de este delito.
A decir de la defensora, las desapariciones están ligadas a un patrón de trata de personas con fines de explotación sexual, pues las víctimas son niñas o jóvenes menores de edad.
En ese sentido, dijo que es urgente que se reconozca la problemática, se declare la AVG y se cree un mecanismo de búsqueda especializada de mujeres desaparecidas, con especialistas en seguridad pública y peritos con conocimiento del contexto de violencia de género, pues actualmente “para buscar a 10 mujeres se cuenta con una patrulla que sólo da vueltas por las calles”.
MOVILIZACIÓN
Tras la conferencia y aun con el anuncio de que no podrían tomar la plaza pública, las y los manifestantes se trasladaron a la avenida principal, frente al Palacio de Gobierno, y comenzaron a colocar cajas pintadas de negro que simulaban ataúdes.
También colocaron una cruz rosa metálica que acompañó todos los recorridos de la campaña. En ese momento, unos trabajadores cerraron una de las puertas del edifico.
Posteriormente, activistas y familiares de víctimas tomaron el micrófono para reclamar justicia, entre ellas estaba Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía.
Frente a la mirada de policías estatales y municipales que resguardaban la explanada y servidores públicos que vigilaban las puertas del Palacio de Gobierno se leyó un pronunciamiento para, además de exigir la declaratoria de AVG, las y los manifestantes se solidarizaron con las madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
También se leyó una carta dirigida a Eruviel Ávila, en la que se le explicó la importancia de declarar la AVG en el estado, y de nueva cuenta se le solicitó una reunión con familiares, sobrevivientes y defensores de Derechos Humanos.
Se quiso entregar la misiva directamente en la oficina del gobernador, pues se quería evitar que la solicitud se convirtiera en un número de folio, tal y como ocurrió en mayo pasado cuando como respuesta a la solicitud de audiencia, se dio al OCNF un número para dar seguimiento a la petición.
El personal que custodiaba el edificio –y no dejaba de tomar fotos a las y los manifestantes– impidió el paso del grupo con el pretexto de que en ese momento había una exposición sobre las obras de la actual administración que contaba con visitas guiadas, por lo que la entrada de las y los activistas dificultaría tales recorridos.
Un empleado explicó que el documento sólo podría ser entregado en oficialía de partes, pues el gobernador “no tenía una oficina para recibir este tipo de peticiones”.
Después de varios minutos de negociaciones, se acordó que ingresarían al recinto cinco representantes del OCNF. La pequeña comitiva no fue recibida en una oficina y se pretendía que entregaran el documento a un trabajador –que no dijo su nombre ni su cargo– en un rincón de la planta baja del Palacio de Gobierno, lo que molestó severamente a las y los inconformes.
Irinea Buendía exigió que su petición de reunirse con el gobernador fuera tomada en cuenta de manera seria y profesional, pues “aunque sus hijas estuvieran muertas y hubieran sido asesinadas merecían respeto y claman justicia desde la tierra que se abrió para recibirlas”.
Como los servidores públicos se negaron a dialogar y atender la petición en una oficina, el pequeño grupo decidió no entregar la carta y salir del lugar.
Tras lo que fue considerado por las y los manifestantes como “una burla”, Jade Andrade –hija de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001, y nieta de Norma Andrade, activista y fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa–, tomó un micrófono y entre lágrimas mandó un mensaje al gobernador mexiquense y a Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal y ex gobernador de la entidad.
“Dime Eruviel Ávila: ¿Qué se necesita para que accedas a recibirnos y escucharnos? Mi madre y todas las mujeres no son una cifra, eran personas y nos hacen falta. ¿Qué sentirías tú si te hubieran arrebatado a tu madre cuando tenías un año de edad, como a mí me ocurrió? (…) ¿Hacia dónde estás moviendo a México, Peña Nieto?”.
Finalmente, como una muestra más de su enojo, las manifestantes trasladaron los ataúdes de cartón desde la avenida principal a la entrada del Palacio de Gobierno, y dejaron como recordatorio de su exigencia de justicia una cruz rosa frente al edificio.
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