AGENCIAS
La madre de un adolescente que murió cuando agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon hacia territorio mexicano en Nogales, presentó hoy una demanda en una corte federal en busca de daños civiles en contra de los patrulleros implicados.
En la demanda interpuesta ante la Corte Federal en Tucson, Arizona, Araceli Rodríguez, madre de José Antonio Elena Rodríguez, pidió que un jurado escuche evidencias sobre las acciones ilegales de los agentes cometidos en contra de su hijo el 10 de octubre de 2012.
La demanda argumentó que al disparar y matar al adolescente, de 16 años de edad, los agentes “utilizaron fuerza excesiva y poco razonable”, en violación de los derechos de José Antonio bajo la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La querella, en la que no se especifica una indemnización por los daños causados, califica la muerte del adolescente como un acto “injustificado y sin sentido”.
“Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que mataron a mi hijo en un acto de violencia sin sentido todavía están por ahí y tienen que ser llevados ante la justicia”, dijo Araceli Rodríguez en rueda de prensa este martes luego de interponer la demanda.
“El gobierno de Estados Unidos no ha detenido a los agentes responsables que dispararon a mi hijo y es por eso que hoy estoy presentando esta demanda”, explicó.
Los agentes involucrados continúan sin ser identificados por la Patrulla Fronteriza y en la demanda solo se les menciona bajo el nombre genérico de “John Does”.
José Antonio murió la noche del 10 de octubre de 2012, después de terminar de jugar baloncesto con los amigos de su barrio en la comunidad fronteriza de Nogales, en el norteño estado mexicano de Sonora.
El adolescente se dirigía caminando solo hacia su casa por la Calle Internacional, una vía que corre paralela a la valla que limita la frontera, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararon aproximadamente 10 veces a través de la cerca fronteriza.
Los disparos fueron efectuados desde una pequeña colina que se eleva a una altura unos 15 metros sobre nivel de la calle.
La autopsia mostró que casi la totalidad de las balas impactaron el cuerpo de José Antonio desde atrás. El adolescente falleció sobre la banqueta de la calle aproximadamente a cuatro calles de su casa.
“La muerte de José Antonio no es por desgracia única”, dijo Lee Gelernt, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que asesoró a Rodríguez para interponer la demanda.
“La Patrulla Fronteriza está utilizando una fuerza excesiva e innecesaria contra la gente en ambos lados de la frontera. Los agentes continúan violando la Constitución con impunidad”, dijo Gelernt.
De acuerdo con la ACLU, al menos 27 personas han muerto desde 2010 como resultado de la utilización de fuerza excesiva por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin embargo, la agencia continúa sin contar con un proceso razonable y transparente para la revisión de las muertes causadas por sus agentes y para responsabilizarlos por violaciones a la ley o abuso de autoridad.
Gelernt dijo que la denuncia formal de la familia de José Antonio ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional “fue sumariamente anulada y hasta ahora la agencia se ha negado a revelar los nombres de los agentes implicados, una práctica habitual”.
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