Uso de recursos públicos con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas, así en el manejo de programas sociales son algunos motivos que aparecen en las denuncias contra los llamados superdelegados del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de los cuales son acusados de enriquecimiento ilícito.
- “Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la [Secretaría de la] Función Pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados. En este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades”, dijo la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del Presidente de la República el 23 de enero de 2020.
Meses antes, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2019, señaló: “Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (…) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.”
Sin embargo, la secretaria respondió a este diario que sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos. Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.
- En el documento se enlista el número de expedientes, entidad federativa, breve descripción de los hechos, estatus y sanción. El estado que tiene la mayor cantidad de denuncias ante la SFP es Colima, con 16; le sigue Aguascalientes, con 11; Oaxaca, con nueve; Tamaulipas, con siete, y Puebla y San Luis Potosí, con cinco cada una.
“Las oficinas de los superdelegados, como cualquier otra oficina gubernamental, son susceptibles de la Ley General de Transparencia. Lamentablemente, al tratarse de guras que cumplen funciones de representación política más que administrativa, se abusa de su estatus político para no informar de forma regular ni proactiva a la sociedad a la que sirven”, dijo en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación, por unanimidad, de la gura de coordinadores estatales o superdelegados que planteó en ese momento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los propósitos de estos funcionarios públicos era eliminar “instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”, explicó Olga Sánchez Cordero, en ese entonces senadora, hoy secretaria de Gobernación.
Durante esta administración hay al menos 20 expedientes con denuncias contra estos superdelegados que son señalados por “pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otras.
- Una de las críticas más fuertes que se hicieron por parte de la oposición en la Cámara de Diputados al momento de la creación de esta gura fue el uso político-electoral que podrían tener esas personas. En la información que proporcionó la SFP hay al menos cuatro denuncias por intervención en procesos electorales, como es el caso del expediente 2020/BIENESTAR/DE667 abierto en Baja California por “promoción de imagen con fines electorales”, indicó.
- En este estado, Jaime Bonilla ganó una senaduría en 2018 y semanas más tarde se incorporaría ahí como superdelegado. Meses después dejó el cargo y fue candidato a gobernador, resultando elegido en 2019. Para 2021 habrá nueva elección a la gubernatura mientras la denuncia antes mencionada, que fue abierta en 2020, sigue en trámite.
Otros de los motivos por los que se abrieron expedientes contra los superdelegados son: intervenir en asuntos que no corresponden a sus funciones, despido injustificado, falta de atención a la ciudadanía, contratación de familiares, participación en actos de partidos políticos, conflictos de interés y hostigamiento laboral, así como omitir información en su declaraciones patrimoniales, entre otros.
Al analizar los expedientes contra los funcionarios, se detectó que en 31 estados tienen, por lo menos, un señalamiento en una denuncia. Querétaro es el único sin ningún registro.
Irregularidad en declaraciones y cifras
- Los superdelegados, como se les conoce a los delegados de Desarrollo de Programas, tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la revisión de los programas que ejercen algún beneficio directo de la población, de acuerdo con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
Lo anterior, de acuerdo con las modificaciones hechas al artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De los 32 superdelegados, 21 se desempeñaron en algún cargo dentro de Morena, que abanderó al actual Presidente en las elecciones que ganó en 2018.
- Una de las denuncias que se presentó en Aguascalientes con número de expediente 2019/BIENESTAR/DE88 fue por “la firma de documentos anteponiendo a su nombre la abreviatura de “lic”; sin que tenga un título profesional”. Esta acción legal fue concluida y enviada al archivo por falta de elementos, pero al buscar el nombre del superdelegado del estado en el Registro Nacional de Profesionsistas de la SEP no se encuentran datos de ninguna cédula profesional.
Este dato fue contrastado con la información que otorgó el Registro de Servidores Públicos de la plataforma Declaranet de la SFP y, en el apartado de escolaridad mencionó que se encuentra cursando la licenciatura en Administración Pública.
Ante la discrepancia entre las cifras de las 102 denuncias contra los superdelegados citados por la titular de la Secretaría de la Función Pública y las que después fueron entregadas mediante una solicitud de acceso a la información pública que, en una primera respuesta ascendían a 96, se interpuso el recurso de revisión con número 08035/20 ante el Inai, ya que además la información que proporcionó fue sólo de un año y no desde la creación de esta gura, como lo solicitó este diario.
Las inconsistencias en las cifras aumentaron cuando el Inai entregó a El Gran Diario de México el ocio 311/2597/2020 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, que éste hizo llegar a la SFP para que diera respuesta a la petición de transparencia. Documento en el que añadió un expediente más, sumando en total 97 denuncias contra los superdelegados.
Sin sanciones
Carlos Lomelí Bolaños, ahora exdelegado del Bienestar de Jalisco, fue acusado por formar una red de empresas farmacéuticas junto a familiares y amigos que vendieron a diversos gobiernos medicamentos que, en algunas ocasiones, fueron señalados de ser falsos o de tener sobreprecio. Las compras ocurrieron incluso en el gobierno actual, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
El 15 de julio de 2019, la SFP dio a conocer que había siete investigaciones abiertas en contra de Lomelí Bolaños: “Hoy, ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público”, subrayó la secretaria de la Función Pública. Añadió que cuatro expedientes se centraron en empresas relacionadas con el ahora exfuncionario y tres indagarían presuntas conductas ilegales.
- Sin embargo, en la información que la secretaría respondió sólo entregó datos de tres denuncias en Jalisco. Una por conflicto de intereses con el expediente 2019/BIENESTAR/DE102, otra por intervención en actos partidistas, la 2019/BIENESTAR/DE56, y la tercera por acoso laboral con número 2019/BIENESTAR/DE55, éstas se encuentran en trámite, pero no se especifica si pertenecen a la gestión del exdelegado. A la fecha, no hay ni una sanción por parte de la SFP contra Lomelí Bolaños ni contra ningún delegado del Bienestar.
Respecto a este tema, el director de Transparencia Mexicana explicó que la gura de los superdelegados es de carácter político y que en términos administrativos son funcionarios adscritos a una dependencia federal y, por lo tanto, se rigen por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos:
- “Bajo esta disposición son responsables directos sólo de las funciones que desempeñan. Si una empresa vinculada con alguno de ellos es encontrada responsable de una falta administrativa o un ilícito, por ejemplo, un sobreprecio en una licitación, la empresa es responsable ante la entidad contratante y, por esta conducta la empresa puede ser inhabilitada por la SFP. Si hubiera alguna acusación de corrupción en materia penal corresponde a la FGR o las fiscalías estatales investigar el posible ilícito”, precisó.
Sobre la falta de sanción en este caso, Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas dijo:
- “Estamos aparentemente frente a un caso típico de utilización política de combate a la corrupción, en donde a los allegados se les perdona todo, a los que son leales al partido se les justifica porque es por una buena causa y a los que no son tan cercanos entonces sí se les castiga, se les aplica la ley porque no están aportando nada políticamente”, expuso.
El caso de Guerrero
En Guerrero se registraron cuatro denuncias: por participación en actos políticos, contratación de servidores públicos, por presuntamente ostentarse como profesionista y por promoción personal. Tres de ellas están en trámite y sólo la que se refiere a su profesión fue concluida y archivada por falta de elementos.
El superdelgado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es hermano de la titular de la secretaria de la Función Pública, enfrenta una denuncia interpuesta ante la SFP por Rubén Cayetano García, diputado federal de Morena, por uso de las ayudas sociales para promocionarse, según indican notas de prensa.
Morales Canales señaló que la titular de la SFP podría blindar esas investigaciones excusándose personalmente, ya que tiene suficiente personal para realizar una investigación a fondo:
- “El tener vínculos familiares no es problemático sólo si se toman las previsiones necesarias que garanticen que no se están sesgando las decisiones, porque hay precisamente un vínculo de parentesco, de familiaridad o de cercanía. Ella tiene todos los elementos para poderlo hacer, ojalá y este caso sí sea investigado y se den todas las garantías de que no haya favoritismos”, detalló.
La SFP respondió que no pueden dar detalles de investigaciones abiertas y sugirió pedir información vía transparencia.
Gobierno de AMLO, «gobierno de cuates»
El nombramiento del político tabasqueño Javier May Rodríguez al frente de la Secretaría de Bienestar –y de sus cerca de 180 mil millones de pesos de presupuesto asignado este año–, no sólo confirma que la política social del gobierno actual es manejada por operadores electorales de Morena, también ratifica que, contrario a lo que suele afirmar el presidente Andrés Manuel López Obrador, la autodenominada “Cuarta Transformación” es –al igual que sus antecesores– un “gobierno de cuates”.
- El senador con licencia, titular de un bachillerato y señalado por contratar a su esposa en el Senado, es dueño de una empresa de ganadería de la que Octavio Romero Oropeza, ahora director general de Pemex, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Marcos Manuel Herrería Alamina y Tomás Efraín Hernández Wade –ambos altos funcionarios de Pemex–, fueron socios durante seis años, de 2012 hasta 2018.
En su declaración patrimonial 2020, May indicó que es todavía dueño del 70% de las acciones de La Mercocha, SPR de RL de CV, que fundó junto con su esposa Aurora Raleigh de la Cruz en abril de 2010 en Comacalco, un municipio tabasqueño del que fue dos veces presidente municipal.
Según esta declaración patrimonial, May obtuvo 408 mil pesos de la empresa en 2019 los cuales, sumados a su salario como subsecretario y de la venta de un vehículo, llevaron sus ingresos a 2 millones 458 mil pesos.
- De acuerdo con las actas de la empresa, consultadas por Proceso, en julio de 2012 May y su esposa aumentaron el capital social de la empresa “para que la sociedad pueda tener más oportunidades en los programas federales y estatales”; para ello, invitaron a Romero, Kabbaz, Herrería, Hernández y Violeta Giorgina Abreu González a ser socios de la empresa; durante la asamblea, celebrada el 20 de ese mes, ellos manifestaron “su interés de participar y solicitan su ingreso, y se les da bienvenida a la sociedad”.
A partir de ese día, la empresa se convirtió en un verdadero bastión de personajes cercanos a López Obrador: Romero había sido Oficial Mayor del mandatario en su gobierno de la Ciudad de México, donde tenía como colaboradores a Herrería –como secretario particular, ahora es director Corporativo de Administración de Pemex– y Hernández –como director de recursos financieros, quien funge ahora como jefe de Unidad de Administración y Finanzas de Pemex–.
Kabbaz, por su parte, fue directora general de Regulación al Transporte, y Abreu fue secretaria particular de la historiadora Raquel Sosa Elizaga, entonces secretaria de Desarrollo Social y ahora encargada de las llamadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez, otro programa prioritario de López Obrador.
El grupo de amigos siguió manejando la empresa hasta una asamblea celebrada el 10 de enero de 2018, en la cual vendieron sus acciones a May y sus familiares; menos de un año después, López Obrador los nombró a puestos clave de su gobierno.
En agosto de 2019, Reforma documentó que, aparte de La Mercocha, hijos y familiares de Romero Oropeza y Kabbaz constituyeron una red de empresas entre sí, sin que los altos funcionarios los reporten en sus declaraciones patrimoniales.
En su conferencia matutina, López Obrador negó cualquier irregularidad de sus colaboradores y, tras refrendar que él “no es Salinas (de Gortari) arremetió como de costumbre contra el periódico y sus dueños.
Operador electoral
May llegó a la Secretaría de Bienestar gracias a un concurso de circunstancias favorables.
Victor Manuel Toledo Manzur renunció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) días después de que se filtrara una grabación en la que se le oía a criticar las “contradicciones” y las “luchas de poder” dentro de la Cuarta Transformación.
En ellas señaló, por ejemplo, el activismo de Alfonso Romo Garza y Víctor Villalobos Arámbula –jefe de Oficina de López Obrador y secretario de Agricultura, respectivamente– a favor de los agronegocios, de intereses estadunidenses o de Grupo México, la empresa minera del magnate Germán Larrea Velasco.
- López Obrador declaró que Toledo renunció debido al “estrés” y confirmó que María Luisa Albores González, la actual secretaria de Bienestar, lo sustituiría en la Semarnat, una dependencia particularmente castigada por los recortes presupuestarios y el desinterés del gobierno federal: pasó de tener 37 mil 580 millones de pesos en 2018 a apenas 29 mil 869 millones de pesos en 2020.
- May, viejo aliado y operador electoral de López Obrador en Tabasco, subió entonces de la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional –cargo desde el cual encabezaba el programa Sembrando Vida— a la titularidad de la Secretaría de Bienestar, una de las dependencias clave en el proyecto político del mandatario.
El nombramiento confirma que, en la Cuarta Transformación, el manejo de los programas sociales cae en manos de operadores electorales de Morena y de incondicionales de López Obrador, como la edición impresa de Proceso lo documentó en su edición de esta semana: a diferencia de otras dependencias, 38 de los 43 altos funcionarios de la secretaría de Bienestar se dedicaban a movilizar bases de votantes antes de las elecciones de 2018.
A diferencia de Albores, que tenía un perfil relativamente técnico y cierto expertise en el desarrollo social y la agroecología, May tiene un perfil claramente electoralista.
Aparte de ser uno los 12 altos funcionarios de la Cuarta Transformación –sobre 360– que no tiene título universitario; de acuerdo con su semblanza curricular, fue diputado local, dos veces presidente municipal de Comalcalco, en Tabasco –municipio donde creó un cacicazgo que perdura hasta la fecha–, y presidente ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco de 2013 hasta la fecha.
Después de la toma de posesión de López Obrador, May pidió licencia como senador para integrarse al gobierno federal. En su lugar asumió su suplente, Ovidio Salvador Peralta Suárez, quien enseguida contrató a Aurora Raleigh de la Cruz –esposa de May– como asesora en materia legislativa con un sueldo de 40 mil pesos mensuales, como lo reveló La Silla Rota en mayo de 2019.
Si bien manejó un programa multimillonario como lo es Sembrando Vida, May se quejó del escaso margen que le dejaba Albores para operarlo, hasta que en marzo pasado presentó su renuncia a López Obrador: en el escrito, acusó a su superior jerárquica de haber abrogado “unilateralmente” –y por decreto– sus facultades, y recalcó que “no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”.
El mandatario rechazó la renuncia de May y, tras respaldar públicamente a su amigo, obligó Albores a retirar el decreto del que se quejaba el tabasqueño.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa Sembrando Vida enfrentó “problemas tanto en la calidad como en la oportunidad” en su primer año de operación –la falta de árboles frutales para sembrar–, por lo que decidió entregar “apoyos extraordinarios”, que según el Coneval “bajaron informalmente” a través de los distintos niveles de la cadena operativa, por lo que advirtió una “posible discrecionalidad” en su gasto.
Al llegar al frente de la Secretaría de Bienestar, May encabezará la estructura de entrega de recursos a los beneficiarios de los programas sociales federales de la mano con Gabriel García Hernández, otro aliado fiel de López Obrador, del que también ha sido operador electoral y recaudador de fondos para sus campañas.
- Desde la oficina de López Obrador y la Secretaría de Bienestar, García Hernández y May Rodríguez tienen a su cargo los 32 Delegados del Bienestar en los estados –también conocidos como “superdelegados” –, quienes tienen perfiles de operación política y aspiraciones electorales en sus estados de adscripción, con el antecedente de Jaime Bonilla Valdez, quien antes de ser electo gobernador de Baja California era “superdelegado” en esa entidad.
Entre ellos figuran Delfina Gómez, la excandidata a la gubernatura del Estado de México; en Guerrero, Pablo Almícar Sandoval Ballesteros, el hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP; o Arturo Abreu Marín, en Quintana Roo, un político tabasqueño, amigo de López Obrador y fundador de Morena.
Hasta el momento, la SFP ha recibido 102 denuncias contra 30 delegados por usurpación, abuso de funciones, nepotismo, violencia de género y proselitismo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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