De acuerdo con Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaría de la Función Pública en el primer tramo de la 4T, el presupuesto asignado por el gobierno lopezobradorista para atacar la corrupción ha sido de 54 mil millones de pesos, “pero lamentablemente todavía hoy no se han alcanzado los resultados que merece el país”.
- De hecho, el gasto anual anticorrupción se ha incrementado 16 por ciento al pasar de 8 mil 196 millones de pesos en 2019 a 9 mil 491 millones de pesos en 2014.
“Es un cliché decir que la falta de avance en la materia es porque faltan instituciones, al contrario, lo que tenemos es un exceso de instituciones, no se necesitan más, sino menos”, señaló la ex funcionaria, hoy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia en la UNAM.
De acuerdo con una entrevista realizado por La Crónica, la cifras fueron presentados en un Congreso Nacional de Ciencias Sociales.
“Las instituciones que se tienen son muy costosas, y están además sobrereguladas y sobreburocratizadas, lo que implica una gran telaraña”.
Habló, en específico, de cinco grandes dependencias abocadas en el papel a atacar la corrupción a nivel federal: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC, a la cual se le comenzaron a inyectar recursos a partir de 2020), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoria Superior de la Federación, y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Además de lo derrochado para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
- La SFP ha sido la institución más onerosa durante la presente administración, con un incremento presupuestal de casi 82 por ciento: de 901.8 millones de pesos en 2019, pasó a mil 636 millones de pesos en 2024. También se disparó lo gastado en el SNA (cerca del 3%, al pasar de 132 a 136 millones en el mismo lapso), y la ASF (alrededor del 15%, al pasar de 2 mil 726 millones a 3 mil 111), la cual se encuentra inmersa en la polémica por el sospechoso despido de auditores incómodos y las acusaciones internas de proteger las malversaciones del actual gobierno, en especial en las llamadas mega obras.
“La corrupción y la impunidad son hermanas siamesas, una permite que la otra crezca, y viceversa”, apuntó Sandoval.
“Cada una de las instituciones tiene una legalidad muy sofisticada, no sólo respaldo constitucional sino leyes federales y locales que en apariencia robustecen el andamiaje, pero no han dado resultados. En términos de costos es gravísimo, nos marea. Implican onerosos gastos, recursos humanos, materiales y presupuestales, además de tiempo, pero hay falta de coordinación y los encontronazos legales eclipsan los objetivos de todas las instituciones”.
Según la investigadora, mientras presidió la SFP hizo una serie de propuestas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, las cuales no caminaron ni fueron respaldadas.
- “Nosotros propusimos que este costoso, contradictorio e ineficaz pentágono anticorrupción fuera sustituido por un heptágono de integridad administrativa, donde pudiéramos tener subsistemas más focalizados y centrarnos en temas como la transparencia y rendición de cuentas y las compras públicas, enfocándonos con todo este arsenal normativo, para analizar entre todos las compras desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, con sus controles interno y externo, y auspiciando la transparencia para evitar conflictos de interés. Lo planteamos incluso en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción”.
“Sugerimos la misma lógica en el sistema de la deuda pública, que es una de las aristas muy poco observadas y controladas, hay un debate público actual sobre si ha crecido o no ha crecido, había que enfocar los ojos de todos en ese tema, control interno, externo, academia, sociedad civil, para ver realmente el presupuesto junto con el avance de la deuda pública”.
Hoy, señaló, “el meollo del asunto está en la impunidad. Y en la Función Pública el reto está en la profesionalización, tendríamos que avanzar más”.
Con Colmenares, ASF deja de recaudar 59 mmdp
Durante la gestión de David Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha disminuido en 81% la recuperación de recursos públicos señalados con presuntas irregularidades, en comparación con la administración pasada.
- En los primeros cinco años de la gestión de Juan Manuel Portal al frente de la Auditoría, entre 2009 y 2013, la recuperación de dinero ascendió a 73 mil 353 millones de pesos (mdp). En contraste, la recuperación entre 2018 y 2022, bajo la dirección de Colmenares, fue por 14 mil mdp.
La diferencia es de 59 mil 356 millones de pesos, y representa una disminución de 81% en términos reales, de acuerdo con información pública contenida en el Sistema Público de Consulta de Auditorías.
Entre el ciclo de fiscalización, la Auditoría señala las irregularidades cometidas por instituciones, organismos y gobiernos estatales, que gastaron recursos públicos federales pero sin presentar comprobantes, o lo aplicaron de manera distinta a lo que estaba etiquetado; o por pagos a sobreprecio, multas a contratistas, o que simplemente estaba desaparecido.
¿Cómo recupera la Auditoría dinero de irregularidades en las dependencias del Gobierno?
La Auditoría da seguimiento a esas irregularidades y después de exhibir pruebas suficientes, las instituciones deben regresar el dinero a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Esto es lo que se conoce como “recuperaciones”.
- De acuerdo a la estadística, justamente en 2018, el primer año de Colmenares como Auditor Federal, comenzó la tendencia a la baja en la recuperación de recursos; su gestión también coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
- En 2017, el último año de gestión de Juan Manuel Portal, la Auditoría recuperó 9 mil 900 mdp. Pero en 2018, con Colmenares sólo hubo 2 mil 376 mdp. Esto es, 82% menos sólo de un año a otro. Lo que significó un comportamiento atípico con respecto a la tendencia en los montos recuperados.
Por ejemplo, el 2012 fue el año con el máximo monto de dinero recuperado: 23 mil mdp, a precios reales de este año. Un año antes fue por 14 mil mdp. Mientras que los años 2009 y 2010, la recuperación fue por 13 mil y 12 mil mdp respectivamente.
En 2019, la recuperación ascendió a 1 mil 958 mdp. En los siguientes años aumentó un poco, con 2 mil 697 mdp en 2020; y 3 mil 526 mdp y 3 mil 442 mdp en los dos años siguientes, respectivamente.
Ninguno de estos montos se compara con la tendencia de dinero recuperado en los últimos 14 años. En ese tiempo sólo hubo un año ‘atípico’, en 2015, con 2 mil 252 mdp.
- Pero esta no es la única baja en los indicadores de combate de irregularidades. Como publicó Animal Político, la Auditoría también disminuyó en 97% las denuncias por presuntos desvíos cometidos por la actual administración. Mientras que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Auditoría hizo más de 610 y 681 denuncias, respectivamente, contra el gobierno de López Obrador apenas suman 22.
Además, desde su llegada, Colmenares desmanteló la Auditoría, despidiendo a los profesionales que habían conseguido esas recuperaciones o las denuncias penales después de las exhaustivas auditorías aplicadas y que hallaban la posible comisión de un delito.
La primera fue Muna Dora Buchain, quien encabezaba la Auditoría Forense. Al poco tiempo de su salida, el resto de su equipo también fue despedido.
El área de Muna Dora Buchain se encargaba de revisar aquellos casos en los que había la sospecha de la comisión de un delito. Uno de los ejemplos más claros fueron las irregularidades encontradas en dependencias y universidades que fueron retomadas para la investigación periodística La Estafa Maestra.
Buchain ha denunciado en innumerables ocasiones la poca profundidad en las auditorías realizadas al actual gobierno y las irregularidades que han ocurrido en la Auditoría Superior de la Federación durante la dirección de Colmenares.
Entre las decisiones irregulares estuvo el perdón a los presuntos desvíos millonarios cometidos durante la gestión de Manuel Velasco en Chiapas y que habían sido detectados durante la gestión de Juan Manuel Portal. Sin embargo, en el primer año de gestión de Colmenares, la Auditoría resolvió solo en dos días las irregularidades por 685 millones de pesos, como reveló Animal Político.
- El cambio más reciente fue el cese del Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, quien había ocupado el puesto durante seis años. Entre su labor estuvo la revisión al costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que calculó en 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos como había asegurado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A su salida de la institución, Caso Raphael acusó el uso político de la institución por parte de Colmenares, y “autocensura” a la hora de elegir qué áreas del gobierno auditar.
En una carta dirigida a personal de la Auditoría, Caso Raphael lo explicó así: “Si una simple evaluación incomoda a un funcionario ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional.
Esto es lo que ha atravesado la SFP en la lucha anticorrupción
Fundada en 1983 –en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)–como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y transformada en Función Pública en 2003 –durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006)–, la dependencia enfrenta su futuro como instancia clave para combatir la corrupción.
- En 2013 encaró la posibilidad de desaparecer. Una reforma a la Ley de Administración Pública planteó su sustitución por otra institución que se llamaría Comisión Nacional Anticorrupción. La enmienda fue aprobada por el Senado de la República pero se estancó en la Cámara de Diputados. Después de dos años acéfala y sin órganos de control interno, en la dependencia fue nombrado un titular. En tanto, la Comisión fue aprobada en el Congreso pero como Fiscalía. Así, la dependencia se mantuvo en la administración pública federal.
Hasta ahora, las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República han dejado fuera de sus discursos a la secretaría y si estiman que debe quedarse en el epicentro de sus estrategias para enfrentar las prácticas ilegales en la burocracia. Apenas mencionada, la corrupción aún no se convierte en el tema central de las campañas.
- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la incluyó cuando se inscribió ante el Instituto Nacional Electoral en sus “principios generales del gobierno”. En esa ocasión, la aspirante presidencial de los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena puso en primer término “Un gobierno honesto y sin influyentismo ni corrupción” como el primero de una serie de planteamientos.
- Xóchitl Gálvez Ruiz aludió el combate a la corrupción en un encuentro con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el 30 aniversario de la agrupación, el 14 de marzo. Frente a mujeres y hombres de negocios de ese ramo, la aspirante a ser la primera mandataria de México ofreció regresar las obras de infraestructura a la iniciativa privada y a los militares (ahora a cargo) a sus funciones originales en los cuarteles. Ahí se comprometió a poner fin a los “moches” en el otorgamiento de contratos públicos.
Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, también se refirió al tema en el evento de aniversario de la CMIC. Expuso que se abocará en modificar “la histórica cultura” en la que política y construcción han sido cómplices de corrupción. Ofreció enfocarse en la vivienda social y la sustentabilidad sin prácticas anómalas.
Mientras, al ganador de las elecciones del próximo 2 de junio le espera la obligación de ponerle frente a deudas históricas que se acumularon en el archivo de la SFP. La gama de sectores de proveedores que en los últimos veinte años incurrieron en violaciones a las leyes de las compras públicas es tan variada que incluye al de la construcción, los alimentos, el médico, la seguridad o la limpieza.
Empresas inhabilitadas: ¿Cuáles y por qué fueron inhabilitadas con el plazo más extenso?
De un total de 2 mil 248 empresas sancionadas con multas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actos de corrupción, el 77 por ciento recibió la inhabilitación para trabajar con las entidades públicas. Para algunas, el periodo de esta sanción ya venció, pero sigue vigente porque la multa continúa sin pagarse, según está asentado en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la dependencia.
Siete años es el plazo más largo de inhabilitación que en las últimas dos décadas han recibido las empresas amonestadas por incurrir en actos de corrupción. Los otros son periodos que van de un mes hasta cinco años.
- Esos siete años recayeron en siete empresas que fallaron en sus contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2022. De acuerdo con un comunicado de la SFP las conductas de esas entidades provocaron afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del Instituto.
- En 2022, fueron nueve empresas las sancionadas, pero dos interpusieron medios de defensa y ya no están incluidas en la lista de proveedores inhabilitados. Permanecen con esa medida DAI Servicios S.A de C.V, Impromed S.A de C.V, Int-Per S.A de C.V, Proyectos en procesos de Recursos Humanos S.A de C.V, Selecciones Médicas S.A de C.V, Servad Promo Asistencial S.A de C.V y Servicios de Mínima Invasión S.A de C.V.
La suma de las multas impuestas a esas empresas es de 701 millones 701 mil pesos que hasta ahora, no ha sido cobrada. La cantidad es casi la cuarta parte del total que el Gobierno federal aún no ha logrado obtener en multas entre 2001 y 2023, de acuerdo con los datos de la SFP.
El segundo plazo más largo de inhabilitación –entre cinco y seis años– lo tienen 25 empresas cuyas multas suman 46 millones 517 mil 569 pesos. En este grupo hay, incluso, tres personas físicas. Con esa amonestación vigente se encuentran Obras y Proyectos de Infraestructura S.A de C.V y Horus Grupo Empresarial S.A de C.V.
El tercer plazo es de cuatro años y meses. Según el directorio de la SFP, 19 empresas que recibieron ese plazo de inhabilitación han dejado de pagar en conjunto 21 millones 881 mil 657 pesos.
Piden transparentar los actos de fiscalización de segalmex
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelar los actos de fiscalización que determinaron el presunto desvío de recursos en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
- La solicitud de acceso a la información pública se originó a partir de declaraciones del titular de la SFP, Roberto Salcedo, quien mencionó observaciones por montos considerablemente menores a los que circulaban en la opinión pública.
- Sin embargo, tras una revisión del Inai, se determinó que la búsqueda de información por parte de la SFP no fue exhaustiva y existen inconsistencias entre la inexistencia declarada de los montos y la clasificación de los documentos relacionados con dichas observaciones.
Según lo indicado por el comisionado presidente del organismo garante, Adrián Alcalá Méndez, esta información, relacionada con actos de corrupción, no puede ser clasificada como reservada, según lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Resoluciones, como la que hoy les presento, ayudan a colocar en el escrutinio público la amplia evidencia de irregularidades dentro de Segalmex y documentar la existencia de esta presunta red de corrupción (…) De ahí la importancia que tiene esta institución autónoma, pública e independiente, porque este Instituto protege, garantiza y promueve revelaciones concernientes a actos de corrupción”, indicó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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