El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) calificó como “preocupante” el acuerdo firmado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cual declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores y aquellos que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
- En un comunicado, el organismo presidido por Ángel García-Lascurain Valero señaló que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes.
- “No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social”, agregó.
Para el IMEF, el desarrollo de proyectos de infraestructura que estén diseñados para promover la actividad económica y el desarrollo regional o nacional, requiere de evaluaciones de impacto ambiental, de demanda de uso, de estudios de ingeniería de proyectos, de análisis y evaluación de riesgos y de viabilidad financiera y económica, además de otros aspectos que garanticen su efectividad y sostenibilidad.
Por ello, consideró, se debe tomar el tiempo necesario para su correcta realización antes de iniciar las obras, para evitar sobre costos y sobre plazos.
- De acuerdo con el IMEF, el acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo.
- “Ello podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, abundó.
Adicionalmente, señaló el instituto, la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas.
“Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país”, advirtió.
AMLO cree estar por “encima de la ley”, acusa HRW
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseveró que con el acuerdo que declara las megaobras del gobierno federal como temas de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador “cree estar por encima de la ley”.
- Vivanco manifestó su desacuerdo con el blindaje dispuesto por el presidente López Obrador para los proyectos y obras de infraestructura de su administración en un mensaje difundido en sus redes sociales, en que el expresó: “Cada día es más evidente que AMLO cree estar por ‘encima de la ley’”.
La publicación del funcionario de HRW continúa: “Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados ‘de seguridad nacional’ —exentos de la ley de transparencia”.
Las críticas de Vivanco se suman a las manifestadas hasta ahora por partidos y diversos políticos de oposición, así como por distintas organizaciones gremiales.
Acuerdo “viola las leyes e invade facultades del Poder Legislativo”, dice el CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó este martes su inconformidad con el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara las principales obras de Gobierno como temas de “seguridad nacional“.
- “El acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo“, señaló el organismo en un comunicado difundido.
#Comunicado | En #CCE manifestamos rechazo al Acuerdo Presidencial de proyecto y obras que vulnera el Estado de Derecho. pic.twitter.com/poQMQLF7QZ
— CCE (@cceoficialmx) November 23, 2021
- El CCE señaló que esta decisión “prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la Ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que serían irreversibles y que dejará a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.
- Asimismo, dijo que el acuerdo transgrede los derechos humanos, el medio ambiente la transparencia y acceso a la información pública, la competencia, la división de poderes, el uso eficiente de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
Señaló que el concepto de seguridad nacional se reserva exclusivamente a casos graves que lo justifiquen, así como que la decisión de otorgar este calificativo corresponde al Congreso federal, de acuerdo con lo que indica la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Por ello, resaltó que el acuerdo “pone al Ejecutivo por encima de la ley“.
En este contexto manifestó su rechazo al acuerdo e instó a que se salvaguarde la legalidad y el Estado de derecho a fin de proteger los derechos humanos, el medio ambiente y la seguridad pública.
“Son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”, puntualizó.
- El rechazo del CCE se une a los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que anunció presentará una controversia contra el acuerdo y al de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, quien dijo que el presidente “cree estar por encima de la ley”.
La ilegalidad del acuerdo
Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, indicó que el acuerdo no tiene fundamento legal, pues solo hace referencia al artículo 90 constitucional —en el que se establece que la Administración Pública Federal es la encargada de distribuir los negocios y definir las bases— y se olvida de las leyes que regulan la obra pública y las telecomunicaciones.
- «Si eres servidor público que tienes cumplir este decreto, estás en aprietos, porque tienes una ley que te dice una cosa y un decreto que te dice otra. (El acuerdo) está mal fundado, mal motivado, y se tendrá que invalidar de alguna forma», dijo Bonifaz este martes en entrevista con W Radio .
«Veo un grave error en la Consejería Jurídica, el decreto no tiene fundamento legal y eso es muy delicado», agregó la exfuncionaria del gobierno de la Ciudad de México.
- Por su parte, el abogado internacionalista Jorge Lara coincidió en que el acuerdo presidencial. para considerar como temas de seguridad nacional y estratégicos los proyectos de infraestructura, es inconstitucional y contrario al orden convencional.
- «En primer lugar, (el acuerdo) carece de una debida y suficiente motivación. En ningún apartado se menciona el sustento constitucional del mismo o referencias a la Ley de Seguridad Nacional. Además, vulnera el principio de reserva de ley, ya que pretende suplantar al Congreso en la determinación de ciertas áreas que son exclusivas del Poder Legislativo», indicó en entrevista con Expansión Política.
El también exdiputado federal detalló que el decreto genera contextos contrarios a la vigencia de los derechos fundamentales, como el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la información pública y a la rendición de cuentas. Incluso, señaló que implica un severo golpe a la libertad de concurrencia al generar mecanismos que distorsionan la participación del sector público en detrimento del sector privado.
El acuerdo es un peligroso paso hacia un estado de excepción que favorece la opacidad, la discrecionalidad, la corrupción. Jorge Lara
El alcance del acuerdo
En el acuerdo se declara de «interés público y seguridad nacional» la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociadas a infraestructura de los sectores: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
- Además, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgar, en un plazo máximo de cinco días, la autorización provisional para el inicio de las obras. Si en ese plazo no se emite una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
«Con este decreto, el presidente López Obrador está señalando que todas las obras, no nada más las de telecomunicaciones y transporte, sino todas las obras públicas que impulse la 4T, están catalogadas como ‘seguridad nacional’, y eso limita incluso la oportunidad de presentar un amparo», explicó a este medio José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
- Perdomo consideró que con el acuerdo, tal como está redactado, el gobierno federal dicta líneas que son paralelas a una legislación, pues aunque no es una ley, tiene elementos generalizados de cumplimiento.
- «No es cualquier cosa. Por ejemplo, en caso de que se presente un amparo contra cierta obra, el juzgado de distrito lo va a sobreseer, es decir, no le dará trámite, porque cuando se trata de leyes, decretos o actos de gobierno que sean de seguridad nacional, no procede el amparo», precisó.
En este sentido, señaló que la dimensión del decreto es, sustancialmente, que todas las obras que impulse el actual gobierno, sean buenas o malas, van a ser autorizadas, y como sociedad se pierde la posibilidad de solicitar rendimiento de cuentas.
Fernando Nieto Morales, profesor e investigador de El Colegio de México (Colmex), dijo a Expansión Política que con el acuerdo publicado en el DOF el pasado 22 de noviembre, el presidente le está diciendo a la administración pública federal que «desobedezca la ley», lo cual, advierte, es muy grave, pues otorgar permisos para obra pública puede tener costos irreversibles.
«Hay un montón de leyes administrativas que están por encima de un acuerdo presidencial, el presidente no se puede saltar las leyes generales y federales unilateralmente, es una embestida contra el Estado de derecho», alertó.
Atentado contra la transparencia y al acceso a la información pública
Alejandro Torres Rogelio, excomisionado de InfoCDMX, recordó que las categorías de «interés público» y «seguridad nacional» son precisamente las causales para poder negar el acceso a la información pública, de acuerdo con la Constitución y las leyes de transparencia.
- «La Constitución garantiza el acceso a la información pública, y este derecho es regulado por las leyes de transparencia, que son las mismas que van a establecer las excepciones al derecho. Por lo tanto, esas excepciones no puede estar en un acuerdo, en un lineamiento, en criterios o en algún otro instrumento de menor jerarquía que una ley», dijo a Expansión Política.
- En este sentido, Alejandro Torres expuso que, aunque el acuerdo presidencial no establece requisitos que las leyes de transparencia sí fijan para clasificar información, como la temporalidad de la clasificación de la información, sigue sin cumplir con lo que dictan esas legislaciones.
«Es un acuerdo de clasificación general y las leyes de transparencia claramente prohíben los acuerdos generales de clasificación de la información, además se prohíben clasificar la información como ‘reservada ‘ antes de generarla. En síntesis, rompe con algo muy claro que dice la ley: no puedes hacer clasificación general de la información, y además debe ser caso por caso, ya sea que vas a responder una solicitud de información o vas a publicarla en tu portal. Y así, el acuerdo presidencial va acarreando una serie de problemas», agregó el especialista en transparencia y rendición de cuentas.
Con la entrada en vigor de este acuerdo, la autoridad no tendría por qué eximirse de justificar la razón por la cual va a clasificar la información o explicar en qué afecta a la seguridad nacional y cómo perjudica al interés publico. En caso de reserva de información, detalló el especialista, se tiene que hacer una prueba de daño, es decir, demostrar que publicar o dar a conocer información genera un daño mucho mayor al beneficio de dar a conocer esa información, «y en este caso de obras públicas no hay prueba de daño».
- Fernando Nieto coincidió en que este este acuerdo para clasificar como temas de “seguridad nacional” los proyectos de infraestructura abre la puerta a consecuencias negativas en términos de derechos de las personas, comunidades y también a la opacidad.
«Se pone en juego mucho y esos controles existen por una razón y es que queremos preservar el interés colectivo. Al clasificarlo como objetos de seguridad nacional, la información se plantearía como reservada”, advirtió Nieto.
Con el acuerdo, el presidente quiere eludir su responsabilidad de cumplir obligaciones de transparencia que están fijadas por la ley. Alejandro Torres
Estrategia legítima ante el asedio político de la oposición
Para el doctor en economía Óscar Rojas, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el acuerdo emitido en el DOF es legítimo para evitar el asedio que la oposición emprende contra el Gobierno federal por vías legales que tienen intereses políticos
- «Es el reconocimiento de que los proyectos prioritarios han estado bajo asedio de la oposición por medios legales, pero con fines políticos, lo que es una especie de lawfare pero aplicado aquí internamente, entonces yo lo veo como un blindaje en este sentido», declara el también profesor en economía política de la UNAM, en entrevista con Sputnik.
- «Creo que este acuerdo, que es un acuerdo en realidad administrativo, interno, tiene por objetivo atajar esa problemática, pero yo creo que no va a impactar en el asunto de la transparencia», añade.
Los empresarios Claudio X. González Laporte y Claudio X. González Guajardo, padre e hijo, han utilizado estrategias legales para tratar de boicotear las obras del Gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas, Tabasco, aseveró López Obrador, una perspectiva en la que coincide el universitario Rojas.
«Coincido totalmente, no solamente en términos políticos contemporáneos, sino también incluso hasta teóricos, las élites en general siempre solicitan el apoyo de los poderes judiciales para establecer lo que ellos consideran sus derechos de propiedad, entonces creo que sí tiene un sentido», evalúa el académico.
«Además, hasta la misma oposición lo ha venido haciendo y clarificando, es decir, como están totalmente desfondados políticamente pues están recurriendo no a la base popular sino a este tipo de estructuras legales», critica.
Acuerdo sobre obras es para que adversarios no puedan detenerlas: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México tiene el objetivo de impedir que la oposición detenga su construcción.
En La Mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador reiteró que el acuerdo no está relacionado a un tema de transparencia y dijo que sólo busca impedir que la oposición obstaculice las obras.
- «Lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo», afirmó. El Presidente firmó un acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura.
Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México declarados de interés público abarcan los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional./Agencias-PUNTOporPUNTO
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