RITA MAGAÑA TORRES
La presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tiene que ser vista como un botín político o económico, ni ser una institución activista.
Tampoco, agregó, debe entregarse a ninguna persona que pertenezca a un partido político, porque esto sería como ser juez y parte ante cualquier conflicto, expresó ante los integrantes de as comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, que presiden Angélica de la Peña y Roberto Gil, respectivamente.
Angélica de la Peña recordó que de 39 aspirantes, 21 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en el proceso de elección o, en su caso, reelección del titular de la CNDH, por lo que pasaron a la siguiente etapa.
Miranda de Wallace consideró que su carácter de institución del Estado le da al titular de la CNDH una fuerza que requiere ser utilizada con mayor prudencia en el contexto en el que nos encontramos.
Por ello, consideró que no puede utilizarse como ariete para la destrucción del Estado, sino como promotor de la cultura de los derechos humanos en la sociedad y el gobierno federal.
Una Institución de Estado debe ser capaz de prever el conflicto, anticiparse a él, agregó, incluso antes de que se violen derechos.
Durante una reunión con representantes de organizaciones civiles para revisar los retos que debe enfrentar la CNDH y las características del perfil de quien la presida, Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, reprocho que el organismo sea parte del problema y no de la solución.
Lamentó que el organismo defensor de los derechos humanos de los mexicanos no cuenta con legitimidad social, es ineficiente y no está a la altura de la crisis que en la materia se vive en el país.
Señaló que quien esté al frente de la Comisión debe tener un compromiso probado en defensa de derechos humanos, conocimiento de los estándares internacionales en la materia, autoridad moral, actuar de manera independiente del partido en el gobierno y sin vínculos partidistas, pues “no queremos a un gestor o administrador de los problemas, sino un contrapeso al poder”.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, recordó que la elección del actual presidente de la CNDH no contó con el respaldo de la sociedad civil, lo que propicio un mayor alejamiento ciudadano y el actual descredito de la institución.
Por ello, agregó, el Senado debe tomar en cuenta el costo que se paga por elegir a una persona que no cuenta con la legitimidad de la sociedad y que en cambio puede tener múltiples nexos con grupos de poder.
Manifestó que es necesario que la actuación del próximo titular de la CNDH esté inspirada y comprometida con la reforma constitucional de derechos humanos, tener el conocimiento y valor para señalar “con todas sus letras” una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada o la devastación del territorio de un pueblo indígena y actuar en consecuencia.
Jorge Serrano, de la organización Tendiendo Puentes, aseguró que en las últimas administraciones la CNDH “no ha protegido ni ha guardado una verdadera observancia de la promoción de los derechos humanos”.
Se pronunció porque no se debata solamente en un acuerdo copular, de partidos y de comisiones el nuevo titular de la CNDH, “porque después, cuando esté en su actuar, se verán reflejados los hechos y nuevamente la sociedad se verá vulnerada”.
Tania Espinosa Sánchez, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, coincidió en elegir de manera transparente a una persona que sea independiente al poder político vigente y que más allá de intereses políticos lo que la guíe sea la promoción y la defensa de los derechos humanos.
Del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni propuso reinventar a la Comisión debido a la pérdida de su fuerza para sancionar a las autoridades y pasar a ser una defensoría pública que atienda los casos en los ámbitos penal y de derechos humanos.
Propuso modificaciones en el organismo que permitan proteger a las víctimas, pues actualmente los mecanismos de protección “son obsoletos” y muestra de ello son las cifras del 2009 a 2013, donde se presentaron ocho mil 700 quejas por violaciones a los derechos humanos, de éstas sólo el uno por ciento causó recomendación.
“Vivimos un momento excepcional en el país, necesitamos saber qué es la justicia y no la fuerza”, afirmó.
México Unido Contra la Delincuencia, en voz de su consejero Carlos Mendoza, acotó que la CNDH debe dejar de ser una oficina burocrática que reacciona tarde, en razón de cálculos políticos o intereses personales y, en ocasiones facciosamente en detrimento de los derechos fundamentales.
El Senado, dijo, requiere hacer un minucioso análisis, pues el próximo presidente de la Comisión tendrá que ser un líder nacional y social, capaz de privilegiar el diálogo con los organismos homólogos en los estados, organizaciones civiles y autoridades de los tres niveles de gobierno.
En representación de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García mencionó que el desafío más grande de la CNDH es el vínculo con la sociedad civil, por lo que tiene que asumir un valor muy importante como contrapeso del Estado, “ya que no es útil una entidad que no lleve con dignidad su autonomía”.
Tenemos un país que duele por todas sus calles, especialmente por sus niños, lo que decida el Senado va a tener una implicación que afectará para bien o para mal, a 40 millones de niños, niñas y adolescentes, puntualizó.
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