Para evitar que haya conflicto de interés en las compras y contrataciones gubernamentales, el gobierno de la 4T inició una reingeniería del Registro Único de Proveedores y Contratistas.
La Secretaría de la Función Pública proyecta una primera etapa de pruebas con el sector de medicamentos. Posteriormente siguen la minería y la construcción, dos negocios vinculados por el Jefe del Ejecutivo con presuntos actos de corrupción en anteriores administraciones.
- En el nuevo esquema, los funcionarios van a visualizar entre 180 y 200 reactivos que tienen que presentar las firmas y empresas con actividad empresarial que busquen contratar con el gobierno y obtener recursos públicos.
- Dentro de estos reactivos a observar, se encuentra una georreferencia de las empresas, fotografía de las instalaciones, además de una acta constitutiva de la firma para observar a los dueños y que así se eviten conflictos de interés con funcionarios, dijo Carlos Villalobos, director general de vinculación con el sector empresarial de la Secretaría de la Función Pública.
- Además del número de contratos asignados, porcentaje de incumplimiento de contratos, estatus con el SAT sobre declaración de impuestos, aportaciones al IMSS y al Infonavit.
- Actualmente, las firmas y empresas con actividad empresarial que contratan muestra solo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) dirección física y una página de internet.
- Existirá un distintivo de integridad empresarial que tendrá vigencia de dos años, el cual facilitará los procesos de participación a las empresas que lo tengan.
- Además de eso, como medida para combatir la corrupción, también se implementará un sistema de alertas con la dependencia que no se tenía antes.
- De acuerdo con una presentación de Villalobos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), solamente 4.6 por ciento de las personas que son víctimas de la corrupción presentaban una denuncia.
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC, comentó que estos avances tienen lugar por el programa de trabajo que se pactó con la SFP desde el año pasado en el período de transición.
- “Nosotros desgraciadamente por inercia de malos manejos en otros periodos de gobierno no teníamos un mecanismo que privilegiara este tipo de denuncias.
- “Los empresarios por miedo o por terror a qué tuvieran alguna represalias no se animaban a seguir todo el proceso legal a través de todos los ministerios públicos”./EL HERALDO DE MÉXICO-PUNTOporPUNTO
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