La probabilidad de que un delito se denuncie y sea esclarecido en México se redujo de 1.32% a 1.04%, de 2019 a 2020, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, elaborado por la organización Impunidad Cero.
«Para 2020, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca disminuyó a 1.04%. A pesar de que de 2017 a 2019 la probabilidad de denuncia y esclarecimiento de un delito presentó una tendencia al alza (pasó de 0.9% a 1.32%)», se lee en el estudio difundido este martes.
Mostró que del total de delitos denunciados (2 millones 782,409) y que sí iniciaron una investigación durante 2020, en 47% de los casos nada sucedió a raíz de la denuncia, en 27% la investigación se encontraba en trámite, 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso, 5.9% recuperó sus bienes y sólo 4.6% llegó a un juez.
El Índice coincidió con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, pues refirió que en 2020, la cifra negra de los delitos (que no se denunciaron y en los que no se inició una carpeta de investigación) fue de 93.3%, la más alta desde 2017.
Mostró que las fiscalías del país están rebasadas, con poco gasto en procuración de justicia, poco personal y elevadas cargas de trabajo.
“Estas condiciones llevan a una baja efectividad en la resolución de los casos que atienden, lo que en consecuencia genera y perpetúa la impunidad. Esto se agrava si consideramos que el porcentaje de delitos que ocurren, que no se denuncian y en los que no se inicia una carpeta de investigación es superior a 90%; es decir, del total de delitos que suceden sólo una pequeña proporción llega al conocimiento de las autoridades y en consecuencia, la probabilidad de esclarecimiento de los delitos en México es de apenas 1%”, refirió.
El estudio refirió que la denuncia es la puerta de entrada al sistema de justicia, por lo que, si los delitos que suceden no se denuncian, no se iniciarán investigaciones y no habrá delitos que perseguir, excepto en aquellos que se inicien de oficio como el homicidio doloso. Apuntó que esta baja proporción de casos denunciados responde a que muchas veces la denuncia implica enfrentarse a un proceso largo y difícil para las víctimas, con pocas probabilidades de éxito.
- Detalló que la tasa de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes a nivel nacional aumentó 23% de 2016 a 2020, pasando de 8.4 fiscales o agentes del MP a 10.4. En 2021, 10.9% de personas declararon que confían mucho en el MP estatal y en los últimos seis años la confianza en estas instituciones ha aumentado 12.4 por ciento.
- La procuración de justicia en México ha avanzado en diversos aspectos, pero sigue estancada en una efectividad que sigue sin poder dar respuesta a la demanda de la población de reducir los altos niveles de impunidad. Es fundamental que los gobiernos estatales y las fiscalías y procuradurías emprendan una verdadera lucha contra la impunidad que vaya más allá de la retórica y que dé respuestas reales para mejorar el acceso a la justicia de las personas”, afirmó el estudio.
Durante la presentación del índice, Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, resaltó que para este estudio fue difícil contar con información transparente y lo más actualizada por parte de las Fiscalías. Dijo que esto es indispensable para poder evaluar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en el país.
- Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, dijo que a pesar de las tendencias positivas, este tipo de estudios resalta la dura realidad de tener un país lleno de impunidad en el que es necesario eliminar malas prácticas de estas instituciones e incluir a las víctimas como las mejores aliadas en la investigación de los delitos.
Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, dijo que se incorporó el Índice de transformación digital por la necesidad de crear nuevos mecanismos de denuncia para las personas y de que estas instituciones cuenten con sistemas informáticos eficientes que permitan un seguimiento a los casos internamente.
Autonomía en procesos de selección
El estudio planteó que en 2021 cambiaron los fiscales y procuradores de Campeche, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, y a la fecha están en proceso de selección los estados de Guerrero y Sinaloa.
- Mostró que en 10 estados del país el proceso de selección de fiscal o procurador general involucró una terna propuesta directamente por el Poder Ejecutivo de la que el Poder Legislativo selecciona a la persona titular.
- En cinco estados del país el proceso de selección involucra solamente una ratificación por parte del Poder Legislativo al nombramiento hecho por el Poder Ejecutivo.
Solo en cuatro estados del país, el proceso de selección de fiscal o procurador general involucra a alguna otra institución, como consejos ciudadanos, o depende exclusivamente del Poder Legislativo.
En México reinan la impunidad en el combate a las desapariciones forzadas
En México impera la impunidad, la deficiente investigación, rezago en los casos, falta de preparación profesional y una descoordinación entre autoridades para combatir las desapariciones forzadas, concluye un informe preliminar de la ONU y la Secretaría de Gobernación.
- Al concluir la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU –efectuada del 15 al 26 de noviembre a 13 entidades del país: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz– señalan que, en materia de justicia, “continúa la impunidad en la procuración e impartición de justicia frente al delito de desaparición”.
Presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, el documento agrega también que “la desaparición prevalece como una práctica predominantemente asociada a la delincuencia organizada”, y que “el modelo de investigación para la procuración de justicia debe ser replanteado”.
Entre las razones, indican que “los Ministerios Públicos tienen cargas excesivas de trabajo, se debe profesionalizar la investigación y se necesita de un análisis de contexto e investigación de macrocasos”.
- Subraya que hay una “falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas; las fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda y procuración de justicia por una errónea concepción de su autonomía, y hay limitaciones de las víctimas para acceder a la justicia”.
- Los integrantes del comité participaron en 79 reuniones con 80 autoridades de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, y con familiares y colectivos de las víctimas, entre ellos la jefa de Gobierno, nueve gobernadores y con 33 colectivos de víctimas de 31 entidades.
- De parte del Ejecutivo federal, con las secretarías de Seguridad, de la Defensa Nacional, de Marina, Relaciones Exteriores, con la Guardia Nacional, con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, las comisiones de Ayotzinapa y de la Guerra Sucia.
De parte de los órganos autónomos, participaron la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE y el Inai./Agencias-PUNTOporPUNTO
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