RITA MAGAÑA TORRES
La Primera Comisión de la Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Hacienda, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a investigar sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen alemán a territorio mexicano.
Con ello, consideraron senadores y diputados de este órgano de la Comisión Permanente, se busca determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades.
En el punto de acuerdo avalado, se mencionó que muchos de los hechos violentos ocurridos en los estados de Jalisco, Guerrero y Chiapas están relacionados con el tráfico ilegal de armas.
“Según datos de la agencia aduanera en Alemania, entre 2003 y 2011, la empresa alemana Heckler y Koch envió supuestamente 4.767 fusiles de asalto HK G36, sin autorización oficial a los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco”, se agregó.
Por ello, es necesario que se realicen las investigaciones necesarias a efecto de eliminar la impunidad y determinar la responsabilidad administrativa civil o penal, de los particulares, servidores públicos o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de estás armas de origen alemán, se agrega en el documento.
También avaló un resolutivo para que a la brevedad se proceda a la captura de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz, presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la Caja Cerro Azul, y una vez que sean detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial se informe de estas acciones.
La propuesta fue impulsada por el senador Fernando Yunes Márquez, quien refirió en el punto de acuerdo que Bautista García y Hernández Cruz constituyeron una sociedad de inversión y una caja de ahorro denominada “Caja de Ahorro del Municipio de Cerro Azul”.
Durante los primeros diez años, tanto la sociedad como la caja pagaban a sus inversionistas un interés mensual entre el 3 por ciento y 4 por ciento, logrando rápidamente que miles de veracruzanos se interesaran en invertir en dichas sociedades.
No obstante, a partir de julio de 2010, con el argumento de un supuesto secuestro y falta de liquidez por parte de los hoy denunciados, dejaron de cubrir los intereses pactados, así como el capital inicial, causando un daño patrimonial por un monto total de 358 millones 972 mil 635 pesos.
Con ello se afectó a alrededor de mil 486 personas, que de buena fe confiaron sus ahorros obtenidos con el producto de años de trabajo, para destinarlos a esas sociedades de inversión, cuyos propietarios actualmente se encuentran prófugos de la justicia.
La Primera Comisión dio su visto bueno a un punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes, de la Federación y de las entidades federativas, a establecer líneas de acción y a que apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar en el territorio nacional.
En otro dictamen, que se aprobó este martes, se solicita a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre las acciones implementadas para esclarecer los hechos del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, y para apoyar a las víctimas de la tragedia.
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