Redacción
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México puso en tela de juicio las explicaciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría Relaciones Exteriores (SER), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, sobre la práctica de los derechos humanos en México.
La secretaria ejecutiva de la coordinación, Carola Hausotten, dijo que entre el discurso oficial del diplomático y la información que la Coordinación Alemana recibe a través de sus instituciones y otros organismos internacionales como la ONU y la OEA, sobre la situación de DH en México, existió una notoria serie de contradicciones fundamentales.
La Coordinación enfatizó acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que cometen los cuerpos de seguridad en contra la población y que han sido denunciadas por organizaciones civiles mexicanas y por organismos internacionales, cuando el subsecretario afirmó que en México la población ha pedido la presencia de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia organizada, a la cual responsabilizó de la violencia en el país.
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo tampoco aportó una cifra exacta, ni una clasificación específica de personas que han sufrido desapariciones forzadas, situación que ha generado un constante reclamo de las organizaciones, y argumentó que “algunas veces las personas no quieren ser encontradas”.
Aunque reconoció que sí existen casos de tortura en el país, se deslindó de toda responsabilidad diciendo que probarla es competencia de los jueces y no de su cargo.
Al respecto de la cifra que la Coordinación tiene registrada en cuanto a las violaciones a los derechos humanos que permanecen impunes, que es de 98 por ciento, el funcionario aseguró que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos funciona excelente y que México está “sobrediagnosticado” de crímenes.
Ante las evidentes evasivas del responsable del subsecretario, la Coordinación Alemana manifestó su indignación por la actitud de Ruiz Cabañas Izquierdo por no reconocer la crisis profunda y generalizada de derechos humanos en todo el territorio mexicano.
Además exigió al gobierno mexicano implementar en un tiempo establecido las recomendaciones que los organismos internacionales ha formulado en materia de derechos humanos y que se establezca un espacio eficaz para que las organizaciones civiles y los grupos de víctimas participen en la generación y aplicación de normativas en materia de derechos humanos.
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