JUECES ordenan SUSPENDER la discución y aprobación por tiempo indefinido la REFORMA JUDICIAL

Magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han enviado cartas a representantes permanentes de la OEA en las que solicitan su intervención para que el secretario general de la OEA “valore la viabilidad y conveniencia de realizar una convocatoria inmediata al Consejo Permanente” y se realicen gestiones diplomáticas que frenen la reforma.

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El juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, otorgó una suspensión de plano que impide que la Cámara de Diputados discuta y apruebe, por tiempo indefinido la reforma al Poder Judicial.

  • El órgano jurisdiccional determinó conceder la suspensión para el efecto de que “no surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución federal, en particular los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122, discutido y aprobado el 26 de agosto de 2024, por la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”.
  • En el acuerdo emitido ayer se señala que la suspensión es procedente pues “en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que quedó en resguardo, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, la legalidad de las modificaciones propuestas al no haberse materializado. En efecto, en el caso, no es factible considerar que la afectación a los quejosos se dará cuando culmine el procedimiento de reforma, pues precisamente una vez que el proyecto es discutido, votado y aprobado por el Poder Constituyente y a su vez refrendado por el Poder Reformador para ser sancionado y publicado, es claro que el juicio de control constitucional no sería procedente y dejaría en completo estado de indefensión a los quejosos a quienes se propone destituir de sus cargos sin derecho de audiencia y sin que se establezcan las condiciones de una eventual indemnización”.
  • Agrega que, “en suma, si uno de los argumentos de inconformidad se generan sobre la base de que la anterior legislatura no puede aprobar una iniciativa de reforma Constitucional para que una nueva composición de la legislatura la apruebe, es claro que la suspensión resulta procedente, en estos momentos, donde el nuevo Poder Constituyente aun no recibe la iniciativa materia de la controversia. …, si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable”.
  • En suma, señala el acuerdo jurisdiccional, “si uno de los argumentos de inconformidad se generan sobre la base de que la anterior legislatura no puede aprobar una iniciativa de reforma Constitucional para que una nueva composición de la legislatura la apruebe, es claro que la suspensión resulta procedente, en estos momentos, donde el nuevo Poder Constituyente aun no recibe la iniciativa materia de la controversia. …, si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable.

“Lo anterior, debido a que de negarse la suspensión, al momento de materializarse la reforma constitucional y cumplidos los plazos de la misma, los peticionarios quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargos, además de que sería imposible restituirlos en el goce de sus derechos. Sobre esas bases, los efectos de la suspensión de oficio concedida”.

Mayoría legislativa «no se someterá»: Monreal

Más tarde el sábado, el líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, dijo que la resolución de los jueces era una «injerencia indebida y grosera».

«Esta mayoría legislativa, categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción de los juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia», dijo en un video publicado en su cuenta de X.

«No se puede suspender el análisis y discusión, y en su caso aprobación, del dictamen relativo a la reforma constitucional en material judicial (…) a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas», agregó.

  • López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque «no está al servicio del pueblo» y «responde a intereses de la delincuencia organizada». Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia de México el 1 de octubre, ha respaldado la propuesta asegurando que combatirá los elevados niveles de impunidad.
  • El gremio judicial -que se encuentra en un paro de labores- sostiene que los cambios propuestos atentan contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial y abren la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.

La propuesta también ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que se debilitaría a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina.

‘No se puede suspender el análisis’, advierte

El coordinador de los diputados de Morena insistió en que el análisis del dictamen de reforma constitucional en materia judicial está a cargo del “máximo órgano político y jurídico sobre el cual se erige nuestro sistema de gobierno, que es el poder revisor de la Constitución, cuya actuación tiene como cimiento su artículo 35″.

  • Planteó que en dicho apartado establece que, “para que las adiciones o reformas lleguen a hacer parte del sistema jurídico mexicano, se requiere que el Congreso de la Unión las apruebe por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, así como de la mayoría de legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”.

Dijo que es “inaudito” que quienes promueven los amparos son los propios titulares de los juzgados de distrito y advirtió que la mayoría legislativa no se someterá a “la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen”, apuntó el diputado.

Magistrados del PJF piden a la OEA intervenir sobre reforma judicial

Magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han enviado cartas a representantes permanentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que solicitan su intervención para que el secretario general de la OEA “valore la viabilidad y conveniencia de realizar una convocatoria inmediata al Consejo Permanente” y se realicen gestiones diplomáticas que frenen la reforma al Poder Judicial.

  • Entre los representantes a los cuales ya se les enviaron estas cartas se encuentran los representantes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y República Dominicana.

La referencia que hacen para que sus peticiones sean atendidas señala un alejamiento “sobre la existencia de un proceso en curso de ruptura del orden democrático en México, mediante el cese masivo de la totalidad de personas juzgadoras federales. Se solicita valorar la posibilidad de activar los diversos mecanismos de garantía colectiva de la Democracia que ofrece la Carta Democrática Interamericana”.

  • La misiva fue firmada por los magistrados Juan José Olvera López (primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), José Manuel Torres Ángel (noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), José Rogelio Alanís García (cuatro tribunal colegiado en materia penal del primer circuito) y Michele Franco González (noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), y señalan que forman parte de un grupo de más de mil cien impartidores de justicia que están en contra de las reformas al Poder Judicial.

En su carta señalan que “los poderes Ejecutivo y Legislativo federales preparan una destitución masiva de las personas juzgadoras que actualmente nos desempeñamos como protectoras del orden constitucional y como garantes constitucionales y convencionales de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan por nuestro país”.

Asimismo, exponen que “el grupo en el poder (…) mediante un abuso del modelo de reparto de curules han logrado asegurarse una mayoría legislativa en la Cámara baja que les permite modificar la constitución sin ningún tipo de contrapeso”.

A consideración de los magistrados, “este grupo en el poder, como parte de la estrategia de derrocamiento de la Constitución vigente se encuentra desarrollando una agenda antidemocrática mediante la militarización formal [materialmente ya se realizó (sic)] del país, la eliminación de todos los organismos internos de control, inclusive el organismo garante de la transparencia, la ampliación de figuras jurídicas violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa, entre otras”./Agencias-PUNTOporPUNTO

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