La inseguridad tiene un impacto en la economía mexicana de 4.57 billones de pesos (191 mil 857 millones de dólares), lo que equivale al 21 % de su PIB, según el Índice de Paz México 2020, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés).
- Este monto implica un costo per cápita de 36 mil pesos (mil 511 dólares) y el equivalente a ocho veces el presupuesto destinado a salud pública, explicó Carlos Juárez, director en México del IEP, al presentar el informe que analiza las cifras oficiales de 2019.
- Pese a que el impacto económico de la violencia bajó 0.3 % con respecto al año anterior, la primera caída en cinco años, el estudio lo atribuyó a una disminución de 14% en el gasto público en seguridad interna y de 8.6 % en el sistema de justicia.
En cambio, el gasto militar en 2019, el primer año completo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, subió 12.8 % hasta los 126 mil millones de pesos (5 mil 287 millones de dólares), lo que equivale al 0.5 % del PIB, precisó el informe.
Aunque el gasto gubernamental directo de 552 mil millones de pesos (23 mil 163 millones de dólares) representó 12% del impacto económico total de la violencia en 2019, Juárez apuntó que México apenas invierte 0.7 % en seguridad interna y justicia, por debajo del 1.5 % promedio de Latinoamérica.
«Necesitamos poner los presupuestos donde están los discursos. Un discurso que promueve la paz no va a obtener resultados, si no se ponen los presupuestos donde están las instituciones», advirtió el especialista.
Inseguridad presionan el precio de los alimentos
Detrás del alza de los precios de alimentos que siguen presionando a la inflación este año, está el traslado de los costos de combustible, los cambios de rutas carreteras de los distribuidores por la inseguridad, la especulación y el efecto de la menor capacidad de compra del consumidor final, advirtió el Presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.
- La variación al alza en los precios de las mercancías alimenticias es generalizada, reconoció. Pero se ha vuelto una constante desde el 2019 en 38 productos muy específicos que para usar términos matemáticos simples, son como el mínimo común denominador en el consumo de los mexicanos de todos los estratos. Se refiere a precios de frutas, verduras, pan de caja, granos como el frijol o el arroz; huevo, cárnicos, algunos condimentos, papel higiénico y pasta dental.
Consignó que desde el 2019 se ha mantenido esta presión en el subgrupo de precios de mercancías alimenticias.
Subrayó que pese a la fuerza bajista de un consumidor que ha perdido el empleo en la pandemia continúa la tensión en el precio de estos productos, exacerbada ahora por la clara reasignación del gasto en los hogares.
“Cuando uno pierde el empleo puede prescindir de pagar algún servicio como el Internet, pero no deja de consumir alimentos. Por eso el precio sigue resistiéndose a bajar”, argumentó.
El costo de carreteras inseguras
El entrevistado detalla que pese a la baja de los precios de la gasolina y el diésel que sí se presentó al iniciar el distanciamiento social, habían pasado ya años con el combustible caro. Así que la bajada del precio en unos meses no fue suficiente para compensar el acumulado que siguieron facturando los productores y distribuidores de alimentos.
- Luego está el tema de la inseguridad y la búsqueda de rutas y horarios para evitar robos de trailers con mercancía. O el pago que tienen que hacer los distribuidores al crimen organizado para que les permitan pasar por ciertos territorios, o el pago del “derecho de piso” para sus ingenios, empacadoras y tierras.
También refiere que hay tres o cuatro grupos grandes de productores que especulan con alimentos de consumo básico, como el huevo o el azúcar, lo que también encarece el precio final.
Por último, menciona la mayor demanda de alimentos de consumo básico precisamente por la situación sanitaria. Un cocktail perfecto para alimentar la escalada de precios.
43.4% de las pymes consideran que la inseguridad es su principal obstáculo
La inseguridad pública es el principal problema al que se enfrentan las pequeñas, medianas y grandes empresas, según reportó el Censo Económico 2019 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Adicionalmente dichas entidades económicas manifestaron que los altos impuestos, los costos elevados de los servicios (luz, agua, telefonía), el exceso de trámites gubernamentales para operar, los altos gastos de materias primas, insumos o mercancías comercializadas, así como la competencia desleal también son factores que afectan su funcionamiento, de acuerdo con lo informado por 6,373,169 establecimientos participantes.
- En detalle, 43.4% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dijo que su principal obstáculo al operar es la inseguridad pública, porcentaje que se ubicó muy por arriba de otros problemas indicados. Las dificultades por los altos gastos en servicios son un impedimento para el 28.9% y las que responden a los altos impuestos para el 28.3 por ciento.
- Por otra parte, las grandes empresas indicaron que la inseguridad es un problema para 40.4%; los impuestos se perciben como el segundo obstáculo más importante con 34.3% y los costos de servicios afectan a 29.7 por ciento.
Aumenta 7% robo a unidades transporte de carga
Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), dio a conocer que la pandemia provocada por el virus del Sars-CoV2 (COVID-19) ya afecta significativamente al transporte carretero de mercancías, principalmente al relacionado con víveres y alimentos no perecederos con empaque.
- Estado de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato, son las entidades con el mayor porcentaje de robos, pues hasta abril se registraron a nivel nacional un total de 324 robos a camiones pesados y 192 a vehículos de menor tonelaje utilizados comúnmente para reparto y distribución local, el remanente fueron particulares y otras modalidades de transporte.
- El incremento general a nivel nacional fue del 7% medido por bimestre.
- Según reportes de los 44 miembros de la ANERPV, la crisis sanitaria por el Sars-CoV2 o COVID-19 es aprovechado por el crimen organizado para atracar camiones pesados de carga, especialmente los que trasladan productos de consumo alimenticio, seguido de los automotores empleados en la distribución secundaria (camionetas para reparto local de 1.5 a 3.5 toneladas) para el nicho de abarrotes y formatos de conveniencia (venta al detalle). Los horarios más recurrentes son a partir de las 4:00 de la mañana que es cuando comienzan a salir las unidades cargadas.
En cuanto a los Modus Operandi, comentó que las los asaltantes, portando batas blancas, cubre bocas y equipo sanitizante han empleado la técnica del retén sanitario falso para detener camiones bajo el argumento de “desinfectar” la unidad y/o checar la temperatura del operador.
El miedo y la incertidumbre de los operadores ante el brote del Covid-19, es aprovechado por los delincuentes para efectuar los asaltos con armas, despojándoles de vehículos, mercancías e inclusive sus pertenencias personales.
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el flujo de vehículos particulares en la red de caminos federales y autopistas del país ha disminuido entre 60 y 70%.
El sector autotransporte no ha detenido sus servicios de carga y pasaje, pues son consideradas actividades económicas esenciales, en consecuencia, los transportistas son más proclives a caer en estos falsos retenes, refirió Presichi./Agencias-PUNTOporPUNTO
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