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La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) puso en marcha la campaña #PeriodistasSinMordazas, para denunciar las limitaciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, al trabajo de las y los comunicadores.
La FeSP animó al gremio a seguir informando con rigor y veracidad, porque –remarcó– continuar ejerciendo el periodismo “es la mejor manera de luchar contra la censura”.
Esa ley restringe derechos constitucionales como los de reunión, manifestación e información, y convierte el ejercicio del periodismo en un acto heroico con escasa protección legal más que en lo que debe ser: un servicio público para que se cumpla el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural.
Con esta ley, que entró en vigor el pasado miércoles 1 de julio, y con el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados, “se pretende reprimir las manifestaciones y protestas en las calles y en algunos medios de comunicación contra los recortes que ha aprobado el gobierno”.
La FeSP dijo que espera que el Tribunal Constitucional anule lo antes posible los artículos de estas leyes que vulneran la Constitución y los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito España.
La “Ley Mordaza” ya fue impugnada por casi toda la oposición y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también lo será, si es aprobada tal y como ha salido del Congreso por la mayoría absoluta del oficialista Partido Popular (PP).
La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana afectará a todas las personas periodistas y comunicadoras, pero castigará de manera especial a las y los profesionales de los medios más modestos y a activistas que, desde medios sin ánimo de lucro de la sociedad civil, informan a la ciudadanía al margen de los grandes grupos mediáticos.
La FeSP y los demás sindicatos integrados en el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), la patronal Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede) y los ocho colegios de periodistas que existen en España, firmaron una declaración conjunta en la que piden al Senado que rechace una enmienda al proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que si es aprobada impedirá fotografiar o filmar a una persona cuando es detenida o trasladada por la policía, aunque se trate de una noticia de interés general.
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