Luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador enviara una misiva al presidente de la SCJN para que investigue al juez que otorgó una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por su gobierno, dicho acto es considerado por juristas como una presión excesiva contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo cual también se podría traducir en que se resiste a respetar la autonomía de todos los poderes de la Unión.
- Diego Valadés, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que tras el envío de dicha carta, está claro que el mandatario no incurre en ningún acto ilegal. Sin embargo, consideró que desde un punto de vista político, “sí está ejerciendo una presión excesiva”.
Luego de destacar la respuesta del presidente de la Corte quien, dijo, reafirmó los valores principales del poder Judicial que son su independencia y autonomía, el ministro en retiro destacó que en todo caso el resultado sobre una investigación contra el juez no dependerá de la presión que el mandatario ejerza “sino de la capacidad que tengan las instituciones que son objeto de presión para doblegarse o para reafirmar la autoridad y su competencia”.
El doctor en derecho e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, añadió que tal acto presidencial no tiene precedentes.
- A la vez, el jurista reconoció que en efecto se han dado decisiones por parte de los juzgadores que no corresponden a las expectativas, sobre todo en cuanto a la acción jurisdiccional para castigar a los presuntos delincuentes, pero argumentó que esto no depende de la voluntad de los jueces, ya que muchas veces depende de factores como la mala integración de los expedientes de los fiscales, y también de una legislación extremadamente protectora de los interés de los justiciables.
“Lo que estamos viendo en este momento obliga a que revisemos con mucho detenimiento tanto las disposición constitucionales como las legales en materia de justicia porque están generando una fricción excesiva entre los órganos del poder, particularmente del presidente y la Judicatura mexica”, dijo.
Misiva inusual
Por su parte, César Astudillo, también investigador del IIJ de la UNAM, definió como inusual la carta enviada por el Ejecutivo, ello debido a que “detrás de la solicitud del presidente, hay un indicio de que esta suspensión se otorgó de manera irregular y por eso se pide que se investigue, lo cierto es que los tramites ordinarios cuando hay un indicio con pruebas que determinen la probable comisión de un ilícito por parte de juez, se presentan al Consejo de la Judicatura.
“Imaginemos lo que significaría que por cada suspensión que no nos gusta mandáramos a investigar a los jueces, eso no sería imposible”, resaltó.
Además, explicó que dicha suspensión es provisional y se tienen que esperar a un amparo definitivo para tener mayores elementos de acusación, lo cual, añadió, podría tardar meses.
“Me parece totalmente inadecuado y manda un mensaje de poco respeto”, al tiempo que subrayó que el presidente, muy a su estilo, utiliza las mañaneras para señalar todo aquello que no le gusta y los obstáculos para que se concrete su proyecto, lo cual se podría traducir en que existe una resistencia por parte del gobierno encabezado por López Obrador sobre los otros poderes.
Entender el presente de la reforma de la industria eléctrica
El director general de GMEC, explica que la ley que se aprobó con las reformas de López Obrador a la industria eléctrica, no surgió de la nada, sino que es el conjunto de una serie de acciones que poco a poco el Gobierno federal buscó implementar desde el inicio de la administración, y que una a una fueron cuestionadas, peleadas a través de juicios de inconstitucionalidad y amparos, y eventualmente declaradas violatorias de lo que marca la Carta Magna.
“A finales de 2019 se realizaron cambios muy polémicos para el otorgamiento de los certificados de energías limpias (CEL´s).
“En abril del 2020 se lleva a cabo el acuerdo del Cenace, donde se pretendía cambiar el despacho eléctrico, es decir, la forma en que se determina a quién se le compra la energía primero hasta satisfacer la demanda del país.
“Al mes siguiente, nace lo que se conoce como la política de confiabilidad, o la famosa ‘política Nahle’, cuya intención era privilegiar a CFE, relegando a varios participantes en el mercado”.
- Sin embargo, a pesar de lo que se determinó en materia judicial, el presidente decidió recoger estos mismos principios y presentarlos como una iniciativa preferente, la cual llegó al Congreso de la Unión con la orden de ser aprobada sin cambiarle una coma, situación que nos llevó a la polarización energética que hoy enfrentamos, dice Monroy.
- Lo que el presidente busca de fondo con estos cambios es modificar el orden en el que el gobierno compra energía a las empresas para dar prioridad a las de la CFE
“La suspensión del juez Gómez Fierro es solo una de entre muchas otras que han frenado los cambios en materia energética que busca el presidente, porque él no dio el amparo a Greenpeace, por ejemplo, y la controversia constitucional que gana la Cofece la hace la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto no es solamente un juez el que está involucrado”.
Los últimos serán los primeros
La implementación de la contrareforma energética de la actual administración, provocaría daños irreparables a todo el sistema de competencia, no solo a las empresas, y también a la salud de los mexicanos, asegura Gonzalo Monroy.
- El experto en materia energética, comenta que lo que el presidente busca de fondo con estos cambios es modificar la parte del despacho de electricidad.
- Hoy con el formato que utiliza el gobierno, lo que se hace es que la energía que necesita el país se compra de manera escalonada a distintos proveedores hasta satisfacer la demanda, más lo que se requiera para las reservas.
“Con este criterio, las primeras plantas en ser despachadas son las renovables, primero va la eólica, luego la solar, las hidroeléctricas, las geotérmicas, entra la planta de Laguna Verde y después el corazón de todo el ciclo combinado, prácticamente todos privados que venden la electricidad a la CFE.
“En los últimos tres años, estos proveedores han sido suficientes para satisfacer la demanda del país, por lo que las empresas que se encuentran al final de la cola para poder vender la electricidad que producen, son aquellas que utilizan combustóleo, carbón y las de emergencia, que son las de diesel, las cuales son las de CFE y se queden sin vender, por lo que no tienen ingresos pero sí costos que pagar”.
- La implementación de la contrarreforma energética provocaría daños irreparables a todo el sistema de competencia, no solo a las empresas, y también a la salud de los mexicanos
- Para solucionar esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar el orden, así la CFE puede garantizar la venta de su producto sin importar cómo se produce, si es la empresa más eficiente o si provoca un mayor daño al ambiente.
De acuerdo con el director general de GMEC, actualmente producir electricidad con combustóleo es cuatro veces más caro que con una planta eólica, y es a lo que se le daría prioridad de no declarase inconstitucional la ley promovida por el Ejecutivo en materia eléctrica./Agencias-PUNTOporPUNTO
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