AGENCIAS
Un informe de la Cámara de Diputados de México para dar seguimiento al caso Tlatlaya, en el que hubo ejecuciones extrajudiciales tras un choque armada entre militares y delincuentes saldado con 22 muertos el 30 de junio de 2014, señaló hoy imprecisiones en la investigación oficial.
El documento, elaborado por una comisión especial de la Cámara, dice que hay consenso en que hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los militares.
Además, apunta que las acciones de los uniformados se pueden definir como ejecuciones extrajudiciales, en el ámbito de los derechos humanos, y homicidio calificado, en el ámbito penal.
«La aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno del Estado de México significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen», detalló el grupo de parlamentarios.
El informe sostiene que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el sargento responsable directo del operativo, y advierte también que no hay coincidencia en otros datos que se conocen del caso sobre los que no ahonda.
También indica que no hay elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho soldados, como el que terminó en la matanza, cuando lo reglamentario y común es que lo integren al menos 12.
El grupo declaró que «la falta de una conclusión definitiva es consecuencia directa de la alteración de elementos» en la escena de los hechos y «del desplazamiento de los cadáveres, fuera de su posición original».
El informe denuncia que entre el 12 de noviembre y el 16 de diciembre los diputados se reunieron con mandos de la Sedena, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, a quienes les plantearon solicitudes formales de información y de los cuales hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta documental.
El trabajo parlamentario se centró en la revisión de datos proporcionados de manera verbal por diversas autoridades, así como por la recomendación 51/2014 de la CNDH, relativa al caso, según la cual efectivos militares incurrieron en una acción arbitraria, desproporcionada, innecesaria y desapegada al sistema de derechos humanos para privar de la vida a los civiles.
El mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y, presumiblemente, de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, adyacente a la capital, agregan los legisladores.
Consideraron que los 22 asesinados y tres 3 sobrevivientes del enfrentamiento son consideradas víctimas directas de diversos delitos y violaciones a derechos humanos, por lo que sus familiares pueden legal y legítimamente reclamar una reparación.
Según la investigación de la CNDH, siete de los 22 fallecidos murieron en el choque armada con los militares y los 15 restantes fueron asesinados a sangre fría por los soldados a pesar de que ya se habían rendido.
Por este caso, siete militares están sujetos a proceso penal y 20 funcionarios del Estado de México están bajo investigación.
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