La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó al gobierno mexicano porque durante 2020 no tomó las medidas necesarias para proteger las garantías de las mujeres, los niños y adolescentes, los pueblos indígenas, los migrantes, las personas privadas de la libertad, los defensores de derechos humanos y periodistas y de la comunidad LGBTTTI.
- En su Informe Anual 2020, la CIDH también acusó que México no cumplió totalmente con muchas de las recomendaciones que le había hecho para acabar con las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, así como mejorar las condiciones de seguridad y el acceso a la justicia.
En las conclusiones de su informe, el organismo internacional señaló que si bien las autoridades mexicanas reconocen los derechos humanos y hay un marco normativo para protegerlos, en la realidad las vulneraciones siguen ocurriendo.
“En 2020 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación
histórica.
“El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos, con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva, y de modo concomitante redoblar sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos”, señaló la CIDH.
Explicó que los abusos han incrementado desde 2006, cuando el gobierno federal concentró su estrategia de seguridad en el combate al narco con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Luego de eso, consideró la comisión interamericana, se han implementado “políticas de seguridad que a lo largo de los años han evidenciado resultar ineficaces”, además de que la
impunidad se ha convertido en un estímulo para que sigan ocurriendo las vulneraciones.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos”, lamentó.
- En un documento de 117 páginas, la CIDH expuso que, en materia de seguridad, México ha incumplido con la recomendación que le había hecho sobre elaborar un plan para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y fortalecer las policías civiles.
- El gobierno tampoco ha cumplido con la elaboración de un registro de víctimas de tortura ni con la utilización de cámaras de video durante los interrogatorios y en las patrullas.
Sobre las desapariciones cometidas por elementos de seguridad, la CIDH cuestionó que no hay un protocolo para que estos hechos sean investigados por peritos independientes, y tampoco hay un registro nacional sobre fosas clandestinas y restos no identificados. La comisión dedicó buena parte de su informe a las vulneraciones que sufren los grupos históricamente discriminados.
- Para el caso de las mujeres, destacó que no hay una estrategia para prevenir los delitos sexuales en su contra por parte de las fuerzas de seguridad, y que se carece de políticas públicas para reestructurar los estereotipos de género, además, no hay mecanismos para sancionar la discriminación contra las indígenas.
Sobre la población indígena, cuestionó que el gobierno no ha promovido consultas libres, previas e informadas sobre la construcción de megaproyectos como el Tren Maya, el Nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec.
México sin capacitar a sus militares en materia de derechos humanos
Tras una década de la sentencia que interpuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado Mexicano, por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas torturadas y violadas por militares, no se vislumbran muchas mejoras.
- Y es que las Fuerzas Armadas de México no están asumiendo con la obligación de capacitar a su personal en materia de derechos humanos y género con la seriedad que amerita, tal como lo ordenó en su resolución la Corte IDH.
- Así lo reveló este jueves el informe “Falsas salvaguardas: Las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019)”, elaborado por las organizaciones civiles Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta.
Dichas organizaciones realizaron un monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades internacionales establecidas, a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país.
El resultado fue que ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Marina (Semar) ni la Guardia Nacional (GN) “cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”.
Ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple con cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal
Señalan que en el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información solo les permitieron conocer el número de personas capacitadas, “pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal”.
Las dependencias tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el éxito de las capacitaciones.
- Por ejemplo, la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre 2013 y 2019. Sin embargo, no proporcionó información sobre los temarios o contenidos y las personas que las impartieron.
- En el caso de la Marina, inicialmente su respuesta fue que no estaba obligada a implementar las resoluciones de la Corte IDH relacionadas con los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú.
Además, aunque afirmó contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, tampoco proporcionó información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asistieron, la duración o el temario de las mismas.
Por su parte, la Guardia Nacional (GN), una corporación de reciente creación, presentó resultados similares a las anteriores instituciones.
- En el mejor de los casos, sólo siete de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos
En este contexto, las organizaciones civiles concluyeron que las actividades de capacitación que se imparten a militares no obedecen a estándares internacionales, pues sus acciones se limitan a conferencias de dos horas, obras de teatro, presentaciones artísticas, cursos, talleres y diplomados.
Es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar./Agencias-PUNTOporPUTO
Documento íntegro:
infor-anual-2020-CIDHespanol
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