La atracción de inversión extranjera directa (IED), la generación de divisas y empleos en la industria minera en México y hasta el bienestar social de las localidades donde se desarrolla, están “en riesgo” en caso de que la Secretaría de Economía (SE) no implemente una estrategia para mejorar los procesos de administración y promoción del sector, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- La SE carece de registros para comprobar que los concesionarios de 25 mil 18 títulos mineros vigentes en 2017 pagaron los derechos correspondientes, como lo establece la Ley Federal de Derechos y la Ley Minera. Hay títulos con más de 100 años de vigencia, indicó, “lo cual denota la falta de confiabilidad en los sistemas de información de la SE”.
- La dependencia tampoco cuenta con un registro adecuado de la totalidad de las asignaciones mineras, tiene deficiencias para evaluar y promover nuevos proyectos mineros entre inversionistas y no posee parámetros para conocer el monto de inversión de las empresas que participan en el sector, detalló la ASF en la fiscalización que realizó a la SE sobre sus objetivos del año pasado de administrar y promover la actividad minera en la atracción de inversiones y en mejorar su competitividad.
- En 2017, la minería aportó 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, por lo que representó la sexta fuente de ingresos. La ASF precisó que casi el 70 por ciento de la superficie del territorio nacional, es decir un millón 375 mil 63 kilómetros cuadrados, contiene minerales económicamente explotables que pueden ser aprovechados para potenciar el desarrollo del sector, pero objetó que “existe deficiente administración y promoción de la actividad minera para la atracción de inversión que incida en el crecimiento del sector”.
- A la SE se le asignaron 185 millones 483.4 mil pesos del presupuesto federal de 2017 para regular, modernizar y promover la actividad minera, pero el informe de la ASF sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a ese año, indica que ni siquiera los manuales de operación y procedimientos de sus direcciones generales de Minas y de Desarrollo Minero están armonizados con las 58 normas jurídicas que rigen el sector, ni contemplan normas sobre la recepción, trámite y entrega del título de concesión ni las atribuciones que tienen para atraer IED y contribuir a la competitividad del sector.
- El año pasado la SE sólo inscribió 28.6 por ciento de las 968 solicitudes de actualización de contratos mineros y está desactualizada la información cartográfica publicada por el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), lo que limitó su uso para planear, registrar y monitorear los títulos de concesión.
El informe también indica que aunque la secretaría realizó 418 visitas a los concesionarios, en lugar de las 410 que tenía programadas, para verificar que operan conforme a la normatividad vigente “se revisaron sujetos (empresas) diferentes a los planeados” y no contó con personal suficiente para dictaminar los informes de las inspecciones, por lo que careció de información para poder imponer sanciones a los concesionarios que infringieron las normas.
Senado revisará minuciosamente Iniciativa Minera
Con la asistencia de representantes de los diferentes sectores, el Senado anunció el inició de la revisión de la iniciativa para sancionar con el retiro de concesiones a las empresas que no cumplan con medidas que frenen el impacto social, aun cuando el día anterior tanto el coordinador de Morena como el próximo secretario de Hacienda, Ricardo Monreal y Carlos Urzúa, dijeron que no es prioritaria.
- En el encuentro convocado por la petista y presidenta de la Comisión de Minería, Geovanna Bañuelos, los empresarios mineros advirtieron que dicha iniciativa causa incertidumbre y quieren saber si hay condiciones para seguir con las inversiones; mientras que el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, replicó que la caída de acciones en la bolsa son chantajes.
- El presidente de la Cámara Minera, Fernando Alanís Ortega, manifestó que en el sector existe preocupación e inquietud por la iniciativa presentada, al señalar que agrupan al 93% de la industria minera mexicana con un 63% de inversión mexicana y el otro 40% es inversión mexicana con capital extranjero.
- Recordó que han pagado 14 mil 446 millones de pesos por derecho minero desde que se estableció en 2014 y una parte llega a las comunidades para mejorar infraestructura e impulsar el bienestar, así como 35 mil millones de pesos en impuestos.
“Se los menciono para dimensionar el impacto económico. La minería para seguir creciendo lo que requiere es certidumbre; son inversiones a muy largo plazo desde que inicia un proceso de exploración hasta que se concreta una operación estamos hablando de 10 años de maduración, entonces se necesita certidumbre jurídica para seguir generando inversiones y empleo”, expuso ante los senadores.
Dijo que entonces hay inquietud por las nuevas causales que provocarían perder las concesiones, pues hoy solamente existe la de no pagar los derechos y si el Congreso mete nuevas “sí nos causa a nosotros incertidumbre y está en todos nuestros agremiados la preocupación de qué va a pasar con las concesiones mineras y si van a seguir habiendo condiciones para seguir invirtiendo”.
Subrayó que México ha perdido hoy mucho su atracción para invertir, al recordar que en 2012 se colocaba en una escala de 11, pero en el estudio más reciente de febrero de este bajó al lugar número 44.
“Por ello pedimos un estudio a profundidad de esa iniciativa y poder participar en el análisis de las consecuencias que podría tener esa iniciativa”, planteó, al ofrecer colaboración para encontrar mecanismo de apoyo al desarrollo sustentable.
Napo se engalla
El senador Gómez Urrutia respondió que responsabilizar a esta iniciativa presentada por la morenista Angélica García de la caída de la bolsa es un chantaje, porque hay otros factores que afectan la buena marcha de la economía y no es esta legislación.
- “Es muy fácil acusar a una iniciativa, pero no se ha dicho que casi la tercera parte de territorio nacional está concesionado, que hay un acaparamiento brutal del suelo mexicano en manos de las grandes mineras del país y muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros”, aseveró el legislador.
Al puntualizar que la ley se ha flexibilizado y se dan concesiones de 50 años casi sin requisitos y si demandan certidumbre, el Congreso tiene la responsabilidad de regular esta actividad sin abusos y con desarrollo regional. La senadora Bañuelos dijo que aun cuando Monreal Ávila planteó que no es prioridad de la agenda legislativa, se tendrá que dictaminar en su momento./ ./LA JORNADA- MILENIO- PUNTOporPUNTO
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