El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), organismo creado en la actual administración para vender y subastar bienes confiscados con el fin de destinar los fondos recaudados a programas sociales, opera con una serie de deficiencias e irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control, auditores externos y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La subasta de bienes deteriorados por estar almacenados más de una década, pagos de servicios que no corresponden a lo señalado en licitaciones, inconsistencias en erogaciones y reportes de resultados de subastas son algunas de las irregularidades detectadas en auditorías publicadas este año en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La auditoría 14/2022 hecha a la Dirección Ejecutiva de Comercialización, publicada por el Órgano Interno de Control el pasado 9 de septiembre, señala que el Indep cuenta con inconsistencias entre pagos registrados y efectuados en distintos contratos de servicios efectuados en lo que va del año.
Asimismo, detectó 273 incidencias pendientes de atender respecto a procedimientos en el portal CompraNet, la mayoría relacionadas con la contratación de servicios profesionales para gestiones judiciales y extrajudiciales en donde los montos no se corresponden con el señalado para el procedimiento total.
Otra auditoría, la 07/2022, realizada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y publicada el 30 de septiembre, advierte que el organismo público carece de una normativa interna para regular la planeación, ejecución y control de Subastas con Sentido Social, además de que no cuenta con un criterio unificado para integrar expedientes con los resultado de las subastas presenciales.
De igual modo, señala que el Indep contraviene la normativa vigente en materia de comercialización al subastar bienes con más de 10 años almacenados, lo que no garantiza que estén en las mejores condiciones.
En esa misma fecha, el Órgano Interno de Control publicó la auditoría 08/2022 a la Dirección Ejecutiva de Administración de Activos donde señala deficiencias en el Sistema Integral de Administración y Recuperación de Activos Financieros (SIARAF), como la falta de integridad y homogeneidad en la base de datos, así como retrasos en su actualización y la falta de políticas sobre plazos para la actualización de la información.
“Se evidencia la falta de supervisión a lo largo de todo el proceso, lo que ha originado errores en los plazos, en la documentación y en la información incorporada al sistema”, dice el documento.
Además de los señalamientos del Órgano Interno de Control, una serie de auditorías hechas por el despacho Guzmán Tello de Meneses S.C. advirtió diversos montos por aclarar por conceptos como viáticos y servicios personales.
Por ejemplo, al 31 de agosto del año pasado, el análisis a la cuenta contable 11231 correspondiente a ministraciones para gastos y viáticos tenía saldos por comprobar de 145.2 millones de pesos.
El mismo reporte señala que en ese lapso el Área de Remuneraciones no proporcionó evidencia de documentación de los Servicios Personales con un monto de más de 462 millones de pesos.
En ese sentido, el despacho hizo recomendaciones como contar la debida integración de gastos a comprobar y llevar seguimiento puntual de los mismos, así como solicitar periódicamente el registro contable en los libros del Indep para realizar la conciliación de saldos pendientes.
El Portal de Transparencia también publicó los avances en observaciones hechas por la ASF en años anteriores, en los que se muestran rezagos en cumplimientos.
El documento indica que de una observación hecha en 2020 sobre el pago en exceso por cerca de 2.5 millones de pesos para la adquisición de licencias de software y servicios profesionales, el Indep lleva un avance de apenas 30 por ciento para solventarla.
Ese mismo año, la autoridad señaló que el Indep no entregó evidencia para justificar la adjudicación directa de dos contratos por 981 millones de pesos para la administración de bienes. La resolución de esta observación llevaba un avance de apenas 20 por ciento.
Sobre la contratación de un servicio médico que tuvo errores en su procedimiento al cambiarse las cantidades de farmacias, hospitales y médicos solicitadas, elevando el precio, el llamado Instituto Robin Hood solo tiene avances en la aclaración de 10 por ciento.
El mismo porcentaje de avance se registró en la observación de errores en la evaluación de los procedimientos correspondientes a las Subastas Regionales y de Sentido Social, la principal tarea del organismo federal.
Gasta más de lo que devuelve
Llamarle a una dependencia federal Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) fue una decisión que disfrutó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando lo platicaba con su equipo cercano. Sonreía, sus palabras y referencias hacían notoria su enorme satisfacción: sería el sello de su gestión, según aseguraba.
- Pero luego de tres años de la entrada de la administración lopezobradorista, y con dos años de operaciones, la gestión del INDEP ha fracasado.
Por ello es difícil visualizar a esta dependencia como un Robin Hood –legendario arquetipo del héroe medieval que robaba a los más ricos y poderosos para darle a los más necesitados– pues el instituto se acerca más a un obeso e inoperante elefante blanco de la actual administración.
Para ello, un botón de muestra: sus oficinas gastan 100 veces más de lo que devuelve al pueblo, mientras que para sostener a su pesada burocracia son necesarios, al menos, mil millones de pesos.
Y eso no es todo, pues en cuanto a resultados, sólo en 2020 entregó 48 millones de pesos a las arcas gubernamentales. Al año siguiente la situación empeoró.
Una de las primeras decisiones tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cambiar el nombre de lo que era el Instituto de Administración de Bienes y Activos –antes administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) a fin de resarcir los daños que ha dejado a la sociedad la corrupción y el crimen organizado.
Pero esta función resulta más costosa que los resultados obtenidos. Por ejemplo, los bienes que entran a subasta en su mayoría son autos, botes, predios o ropa en condiciones casi inservibles o que se encuentran en lugares de difícil acceso, factores poco efectivos para la misión de este instituto que pretende vender y regresar parte del saqueo a la nación.
El INDEP –rodeado desde su creación por cuestionamientos en su operación y señalamientos de corrupción– fue analizado por ejecentral en sus finanzas, gastos de operación y número de personal y los resultados muestran que el presidente López Obrador creó su propio y costoso elefante blanco en la administración pública.
- En 2020, año en que cambió el nombre de la dependencia, se le asignaron recursos por
casi mil 400 millones de pesos, y aunque lograron ahorros por 26.4% en su gasto
programable, el monto se estacionó en mil 007.9 millones de pesos, pero sólo trajo 48
millones de pesos a las arcas, es decir, ni siquiera 5% de lo que costó mantenerla en
operación ese año fue lo que pudo recaudar en ingresos por ventas de bienes y
prestación de servicios
La nómina del INDEP podría considerarse una de las más caras de la actual administración, si se toman en cuenta los casi nulos resultados que genera.
Para muestra, en 2020 la nómina de la dependencia representó 553 millones 33 mil
pesos –sólo el pago de salarios y servicios personales– y para 2022 registró un aumento
de 566 millones 295 mil pesos, es decir que se incrementó su presupuesto en nómina en
2.4 por ciento.
Aunque no fue un alza de gran magnitud, la mitad de los recursos asignados al INDEP han creado un boquete aplicado a recursos que pueden inyectarse en programas sociales, obra pública, salud o bien, seguridad. Esto se observa en el presupuesto anual.
Para este año se le asignaron mil 597 millones de pesos, un incremento de 23.4%, es decir, de 302.8 millones adicionales a lo que fue asignado para 2021.
De ese monto, mil 040.3 millones son para la nómina, otros gastos personales y los gastos de operación, lo que significa que dos terceras partes son para su funcionamiento, y no será noticia que haya un subejercicio de varios millones de pesos que podrían haberse reasignado a otros gastos del gobierno.
- Según datos manejados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la dependencia está integrada por 584 personas en nómina, al primer trimestre de 2022.
- El sueldo bruto más alto representa 163 mil 551 pesos, y corresponde al ingreso de Ernesto Prieto Ortega, el actual director general del INDEP. Esta remuneración está cerca de lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- De acuerdo con el INAI, el mandatario mexicano percibe un sueldo bruto de 167 mil 617 pesos mensuales, por lo que gana sólo cuatro mil 066 pesos menos que el Presidente.
Asimismo, la directora Corporativa del INDEP, Maricruz Gamez León, percibe apenas 11 mil 620 pesos menos que el mandatario federal.
Las comparaciones no dejan duda. El sueldo del director del instituto resalta al ser medido contra el que reciben los encargados de dependencias consideradas clave dentro del gobierno actual.
Un ejemplo se puede ver en el sueldo que percibía la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pues la supera en tres mil 030 pesos; otro ejemplo lo observamos con el sueldo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al menos cuatro mil 810 pesos por encima de lo que percibe.
Incluso hasta cinco mil 281 pesos supera a los ingresos de Octavio Romero Oropeza, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al respecto, el catedrático del área de posgrados de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Alejandro Solís Villela, en entrevista con ejecentral, explicó que esta situación a «cualquier contador en la iniciativa privada ya le hubiera prendido las alarmas, porque sería insostenible», no obstante mencionó que un análisis de las finanzas de ese organismo de gobierno resultan poco serías o sin sentido.
«Cualquier intento de análisis en situaciones ‘kafkianas’ y aberrantes como son este asunto para regresar al pueblo lo robado, no merecen, no justifican un análisis (…) porque son asuntos sin sentido», dijo el catedrático de IPN. «Todos los caminos económicos en este país llevan al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (…) con este punto se colapsa toda posibilidad de análisis serio», subrayó Solís.
- En 2021, el gobierno federal gastó 28 mil 930 millones de pesos en programas de Bienestar; lo que aportó el INDEP por las ventas de mercancía en subastas «para devolver al pueblo lo robado», representó 0.2%; es decir, apenas dos milésimas partes de lo que se destina en becas, ayudas, pensiones, entre otros beneficios gubernamentales.
En 2020, el INDEP consiguió recaudar por vía de las subastas un acumulado de 48 millones 503 mil 301 pesos.
Pero en agosto del año pasado, ante los infructuosos resultados generados por las subastas, el presidente López Obrador anunció la creación de los Tianguis del Bienestar, a fin de entregar las mercancías decomisadas a los pueblos más marginados del país.
- La medida, aparte de ayudar a las comunidades en extrema pobreza, al erario le dio ahorros por almacenamiento de 25 millones de pesos anuales, pero aún con estas acciones, el costo del INDEP sobrepasa su labor social.
- Para 2021, el organismo tuvo un mal año, pues aunque pudo vender bienes por un monto de 64 millones 724 mil 296 pesos, su presupuesto aumentó a casi mil 300 millones, después de haber obtenido los ahorros de un año anterior.
Hacia 2020, el instituto economizó 364 millones de pesos. Pero en 2021, el presupuesto en lugar de bajar incluso registró un aumento en 187 millones de pesos, una contradicción si se toma en cuenta la idea de la “austeridad franciscana” propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hallan faltante de 43 mdp
En un presunto caso de corrupción, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) contrató servicios médicos privados en procesos de licitación con irregularidades y mediante adjudicaciones directas, y hasta la fecha no se sabe dónde quedaron 43 millones de pesos.
- El Indep tiene observados 43 millones 329 mil pesos por pagos realizados a servicios médicos privados y que no han sido aclarados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública correspondiente al 2020.
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún organismo del Gobierno federal debería contar con seguros privados, el Indep, a través de un fideicomiso, uno de los pocos que se salvó durante el recorte que llevó a cabo la Federación en el 2020, contrató a las empresas Distribuidora Médica Daport, Proyosmi de la Salud, Atlantis Operadora Servicios de Salud, Servicios de Salud Familiar y Challenge Consulting, a quienes entregó seis contratos por 300 millones 311 mil pesos.
- Mediante licitaciones públicas, el Indep contrató los servicios médicos para personal en la Ciudad de México; Guadalajara, Mazatlán, Nayarit, Querétaro y Torreón.
- El 9 de diciembre del 2019 se emitió la convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-006HIU002-E17-2019, para la contratación del servicio Integral de Atención Médico-Quirúrgica, Apoyo Diagnóstico y Hospitalario para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban).
El 14 de enero del 2020 se formalizaron los seis contratos referidos para la prestación de los servicios médicos integrales. Sin embargo, se licitó sin tener dinero para hacerlo. A pesar de que la licitación se lanzó en diciembre del 2019, hasta el 4 de febrero del 2020 el Consejo Técnico tuvo conocimiento de estos contratos, cuando la apoderada del Fopesiban pidió una ampliación presupuestaria para cubrirlos.
Además, modificó la forma en que se contrataban estos servicios y ahora lo hizo a través de empresas integradoras; es decir, que reúnen a otras compañías en una sola firma, pero esto resultó más caro y presentó deficiencias en la prestación de los servicios.
- Durante el 2020, el Fopesiban cambió en tres ocasiones de apoderado legal, figura responsable de cumplir con los fines del fideicomiso y entregar los informes correspondientes al Comité Técnico del Indep y de Nacional Financiera (Nafin).
- De acuerdo con la auditoría practicada, el “Consejo Técnico (CT) no autorizó ni puntualizó los términos y condiciones de contratación de los servicios de atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ni resolvió las quejas presentadas por los derechohabientes”.
Además, “el Fopesiban pagó servicios por 219 mil 453.4 pesos, sin documentación justificativa, así como partidas no licitadas por 132 mil 121.1 pesos, cuyos precios carecieron de control y autorización”, dice la auditoría.
Otro aspecto relevante es que ni el Indep, ni Nacional Financiera, coinciden en el presupuesto que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los servicios médicos; mientras el Indep reportó que cuenta con ocho mil 348 millones 682 mil pesos, Nacional Financiera dijo que esa cifra en realidad es de cinco mil 636 millones 713 mil pesos.
- El Fopesiban fue creado el 30 de junio del 2003, con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones del entonces Sistema Banrural con extrabajadores, en materia de pago de pensiones y jubilaciones, proporcionar atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a los derechohabientes, y el pago que les corresponda a sus beneficiarios.
- En el fideicomiso participan el Sistema Banrural, como fideicomitente; los pensionados y jubilados, como fideicomisarios, y Nacional Financiera, en calidad de fiduciaria, institución que cuenta con la atribución de efectuar los actos de administración y disposición del patrimonio fideicomitido.
Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, interpuso ante la FGR una denuncia penal por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades contra quienes puedan resultar responsables “por irregularidades” en los procesos de licitación pública y adjudicaciones directas a empresas “que no cumplen con los requisitos”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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