El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre.
- Luego de analizar los alcances del Acuerdo, hoy en reunión de trabajo, el Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.
Cabe señalar que el INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
El Instituto reitera su compromiso para garantizar el derecho de acceso a la información de la sociedad, sin restricción alguna, y evitar que el principio de máxima publicidad sea vulnerado.
AMLO pone fin de la transparencia
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente.
- Expertos advirtieron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.
A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
«Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional», se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.
Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que «con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional».
- Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica, en su artículo 4, que la información de asuntos gubernamentales solo puede ser reservada «temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional».
- En entrevista con La Silla Rota, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, acusó que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representa un acto de ilegalidad.
«Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de la obra pública, es evidente que es inconstitucional pero va a haber un problema. Están invadiendo las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Senadores y son de Morena. ¿Van a presentarla? Por supuesto que no».
INAI analizará el acuerdo
Debido a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que analiza el acuerdo del gobierno de México, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.
En el artículo primero, el documento señala expresamente que «se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional».
- Al ser la «seguridad nacional» una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
En ese sentido, las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
Fuentes del Instituto dijeron que al ser un ordenamiento inferior a la Ley de Transparencia no es tan fácil recurrir a la controversia, por lo que en principio van a seguir abriendo todo lo que se quiera sustentar en ese acuerdo.
Fin de los datos abiertos
La decisión de considerar obras de infraestructura como un tema de seguridad nacional tiene una repercusión directa en materia de transparencia gubernamental, pues ahora las dependencias podrán reservarse la información sobre obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y la construcción del Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles».
«Cuando una actividad del gobierno se identifica como de seguridad nacional, se puede reservar y no se da información sobre ello. En esta administración se ha dado mucho que las dependencias clasifican la información como si fuera de seguridad nacional y no dan la información», explicó a La Silla Rota Gustavo López Montiel, especialista en temas de transparencia del Tecnológico de Monterrey.
- Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que declarar como un asunto de seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno decreta el fin de la transparencia y datos abiertos de estas construcciones.
- El excomisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México Alejandro Torres apuntó que la Ley de Seguridad Nacional define a ésta como «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven [entre otras puntualizaciones] preservar la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
«Este último inciso podría ser el que el Ejecutivo pudiera invocar ante una impugnación en caso de negar acceso a la información de esas obras y proyectos», detalló.
Además, aseguró que para combatir legalmente el decreto presidencial «será necesario demostrar que no se cumple ninguna de las amenazas a la Seguridad Nacional establecidas en la ley, si se hace pública la información de las obras de infraestructura a cargo del gobierno federal»./Agencias-PUNTOporPUNTO
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