Al país le urge una Ley de Seguridad Interior, pero no como la que se aprobó y que el jueves pasado fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.
• En entrevista dijo que esta nueva ley debe tener cuidado en los mandatos en los que se habilita a las autoridades que harán posible la seguridad interior y que, pese a la situación de emergencia que se puede tener en el país, no se permita que fuerzas públicas incurran en violaciones a los derechos fundamentales.
• “Sí se requiere (una nueva ley), tiene que haber, ojalá que muy pronto y con los cuidados debidos para evitar que se habilite a las Fuerzas Armadas a invadir campos que no pueden tener conforme a la Constitución misma”, enfatizó.
• Acuña Llamas advirtió que, si la nueva legislación es contraria a la Carta Magna, el INAI nuevamente acudirá ante el máximo tribunal del país para impugnar.
• Detalló que la norma que invalidó la Corte tenía dos artículos (9 y 31) contradictorios al derecho a la privacidad a partir de los datos personales y de la máxima publicidad porque preveía que toda la información relacionada con esta ley sería considerada como reservada.
• “Al ser considerada por la ley como reservada, las autoridades iban a estar naturalmente restringiendo esa información por cumplir con la ley y esto podía en contradicción a la Ley General de Transparencia que apenas logramos que se diera y que ha logrado instalar en el país la máxima publicidad como verdadera premisa.
“Todo es público salvo aquellas cuestiones estrictamente confidenciales por ser de datos personales o estrictamente reservadas por ser de causas que pongan en peligro la vida de las personas o la seguridad pública o la seguridad nacional”, señaló.
Explicó que esta ley daba competencias a todas las autoridades que estuvieran involucradas en el asunto de seguridad interior para requerir a todas las instituciones públicas y a particulares información suficiente de los asuntos que quisieran o estimaran necesarios para hacer su trabajo, lo que ponía en peligro la privacidad.
• “Y también (ponía en peligro) el sometimiento de instituciones incluso autónomas como el INAI respecto del Ministerios Públicos o de policías y jefes inspectores policiacos que pudieran en cualquier momento reclamar información para perseguir delitos”, criticó.
• Dijo que la labor del INAI y de los institutos locales de transparencia es ser un termómetro para regular estos casos, pues en promedio se resuelven 200 asuntos y en muchos de estos es una constante recurrir a la reserva excesiva.
En incertidumbre, 80 mil guardias de seguridad
El personal de seguridad del gobierno federal está integrado por alrededor de 80 mil elementos, cuyo futuro laboral es desconocido hasta ahora por miembros del gabinete de seguridad. Ante el plan en la materia anunciado esta semana por el gobierno electo, los actuales mandos comentaron: “Nos enteramos por la prensa…
No teníamos idea de la creación de una Guardia Nacional; fue un dato muy guardado”. Con ello -agregaron- nko hay claridad en cuanto a las actividades que desarrollarán los 37 mil 331 miembros de la Policía Federal (PF), tamaño de la plantilla según datos oficiales./ EL HERALDO- PUNTOporPUNTO
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