Impunidad en México debe ser combatida con urgencia

Redacción

En su visita a México, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó a las autoridades del país -entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto- que debe haber un “enorme sentido de urgencia” para combatir la impunidad en el país.

En entrevista para Aristegui CNN, señaló que “cuando tienes 98 por ciento de casos criminales que no han sido resueltos, esto demuestra la falta de protección que la mayoría de los ciudadanos mexicanos sienten”. 

Para el Alto Comisionado no hay ninguna duda, México enfrenta un “reto considerable”: la impunidad.

Mientras revisaba las acciones y las iniciativas que ha emprendido el gobierno, al igual que las iniciativas del parlamento, “también hemos puesto mucha atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a la sociedad civil”.

“Nosotros reconocemos la urgencia que se requiere actualmente de parte del gobierno y esto debe ser enfatizado”, sostuvo. “El pueblo de México necesita protección legal y la necesita rápido y pronto”, agregó.

Situación de urgencia

“Es claro, si se ve el hecho de que la mayoría de los hechos criminales no son resueltos, desde la más pequeña violación de los derechos humanos, una violación de la ley, hasta las más serias violaciones en este sentido, si lo tenemos sin atención judicial, entonces no tenemos ninguna fe en el sistema mismo”, señaló.

“Aunque el parlamento esté elaborando legislaciones y el gobierno esté llevando a cabo iniciativas que nosotros les damos… si no ven el efecto en la población y no sienten que hay un cambio rápido entonces se pierde la esperanza y pueden ser aún más escépticos y México ya no puede afrontar esto”, sostuvo.

Además, el país “tiene suficientes retos que atender con relación a la delincuencia organizada presente en muchos de los estados, dificultades de tener una fuerza policiaca que en muchos casos consideramos que se ha visto corrompida por las interacciones con el crimen organizado, así que debe ser tratado como una emergencia”.

Tras su reunión con el presidente Peña, Hussein dijo que en el gobierno hay intolerancia a la crítica, por lo que llamó a “no matar al mensajero” sino atender el mensaje. Recordó que “hubo un ataque muy hostil contra Juan Méndez (relator de la ONU) y su personal”, pero aplaudió que hubo un intercambio “muy maduro” de cartas, entre Méndez y el gobierno mexicano, en el que el relator se defendió, el gobierno mexicano presentó su punto de vista, y se logró un acuerdo de que continuaría esta interacción.

Las críticas contra Méndez se hicieron luego de que señalara que en México la tortura es una práctica generalizada, lo que el gobierno dijo no compartir.

El Alto Comisionado aceptó que los promotores de Derechos Humanos en el mundo a menudo producen “temor” a los gobiernos o sensación de urgencia de responder ante cualquier crítica que venga del exterior.

Pero estableció: “No criticamos a un individuo en particular, o a una autoridad en especial, criticamos las políticas que consideramos mal dirigidas y lo hacemos de una forma abierta”.

Sobrecogedora cantidad de retos en DH

Hussein dijo que esta semana sostuvo diálogos ”honestos, abiertos”, con una discusión directa -por ejemplo con la Segob y PGR-, por lo que confió que haya logrado infundir el sentido de “urgencia que necesitamos ver cuando se refiere a esta sobrecogedora cantidad de retos en derechos humanos que ahora enfrenta México”.

No obstante que reconoce que en todos los países el tiempo entre que una ley es aprobada y en que esta tiene sus efectos puede llevar meses o años, comentó que “es frustraste para los ciudadanos mexicanos escuchar iniciativas pero no sentir que pueden ir a la estación de policía local o sentir que si se acercan a la oficina del procurador general, en el 98 por ciento de los casos si existe un delito que ha sido cometido, no hay ninguna atención, entonces obviamente serán escépticos, dirán bueno escuchamos todas estas cosas de nuestros líderes pero vemos muy poco en el otro extremo”. 

Sin embargo, dijo que él no es quién para evaluar si el gobierno mexicano se ha hecho lo suficiente, sino que deben ser la sociedad y las víctimas quienes digan si el trabajo que se ha hecho es el correcto.

“Yo no puedo ir y decir: yo siento que he hecho lo suficiente, sólo las personas ante quienes somos responsables”, mencionó.

Sobre el encuentro con EPN el miércoles en Los Pinos, dijo que no fue defensivo sino constructivo; “el presidente reconoce con toda claridad las dimensiones del problema”, consideró.

“Él escuchó con todo cuidado lo que yo le mencioné, creo que entendió el punto, el Ejecutivo tiene que actuar urgentemente ahora para asegurar que todas estas políticas se vean implementadas rápidamente”, subrayó. 

“Llegamos a acordar que seguiremos trabajando en conjunto”, contó.

“Ninguna de las interacciones que tuvimos fueron superficiales o cosméticas, fueron discusiones profundas, sentí que hay determinación, lo que encuentro que falta es esesentido de urgencia, y por eso traté de comentar esto con el presidente“, refirió.

El gobierno debe elevar el tema de derechos humanos a altos niveles, aunque “entiendo que tiene muchas prioridades, pero esta tiene que ser la máxima prioridad en los temas que debe enfrentar”, pues “el futuro estará mucho más seguro… un futuro que dignifique los derechos humanos de todos los habitantes del país”.

Enfatizó que “no podemos ver un país tan importante como México vivir en esta dicotomía: por un lado con un papel importante como jugador internacional, personas destacadas, un sector privado que está muy vivo e impetuoso y también casos donde las personas simplemente no cuentan con la protección que se merecen”.

“Lo que también se ha hecho a través de grupos armados, bandas criminales, delincuencia organizada, es simplemente despreciable y debe de ser condenado sin ninguna reserva”, añadi.

Pero el pueblo de México debe sentir lo que el gobierno está haciendo, pues si no lo ven en sus vidas cotidianas, “se ven atrapados entre la policía, las autoridades de la policía, las fuerzas policiacas a nivel estatal, municipal y algunas federales, y también los grupos armados y los relacionados con las drogas”.

-¿Cómo un Estado puede responder ante asuntos tan grave en un corto tiempo?-, le preguntó Carmen Aristegui tras referir casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán…

“El mero hecho de que el gobierno ha aceptado los mecanismos de seguimiento ofrecidos por la CIDH para enviar este grupo interdisciplinario para dar seguimiento a la investigación es una buena señal y he invitado al gobierno a continuar implementando las recomendaciones del grupo (de expertos)”, indicó en cuanto al caso Ayotzinapa.

“Consideramos que es de vital importancia que exista acceso a la brigada del batallón vigésimo séptimo (de Iguala), y también que haya una profundización de la investigación”, pidió.

Intranquilos, hasta que sepamos qué sucedió

“No considero que el pueblo de México estará tranquilo, no creo que el gobierno estará tranquilo y tampoco será el caso de la comunidad de derechos humanos internacionales, a menos que sepamos qué sucedió con estos chicos (los 43 normalistes), y una vez que lo sepamos quizá esto pueda abrir a encontrar la realidad de todos estos casos donde no sabemos exactamente qué sucedió, tenemos alguna idea, pero el saber lo que ha sucedido y que la justicia sea brindada a las víctimas es un punto fundamental”, mencionó el Alto Comisionado.

“Tengo esperanza en que este caso con tanta atención internacional se pueda descubrir qué le sucedió a estos chicos y luego otros casos, porque hay tantas familias que están sufriendo en México, el sufrimiento que han tenido que pasar es insoportable, es algo que pesa siempre en nuestras mentes completamente, así que México tiene que dar vuelta a esta página”, urgió.

Para el enviado de la ONU muchas de las políticas que se han adoptado están en la dirección correcta, “lo aplaudimos”, pero éstas tienen que sentirse al nivel de los ciudadanos. Puso de ejemplo el caso de un reportero que fue golpeado, “me dice que aprecia las medidas tomadas por el gobierno pero aún tiene temor por su vida”.

Y precisó que un país democrático debe haber  una prensa vibrante, independiente, y un entorno donde las personas puedan expresar sus opiniones sin temor a que sean atacados o que haya un acto de censura.

Aunque haya críticas, porque “algunas veces criticamos duramente a los Estados y escuchamos todo tipo de reacciones”, esto “nunca evitará que digamos lo que tenemos que decir, nuestro mandato es independiente, nuestro principal cliente son las víctimas, trabajamos a nombre de ellos, las leyes de derechos humanos no fueron creadas para proteger a los fuertes, la aplicación de la ley tiene mayor sentido cuando atiende a quienes más lo necesitan, los pobres, los desprotegidos, los explotados, los abusados, los que están en desventaja”.