Ante el aumento de personas desaparecidas, feminicidios, asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos desde hace más de una década, la impunidad es el elemento idóneo para que siga ocurriendo. Es suelo fértil, indicaron expertas en derechos humanos durante la mesa de opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota.
- Aunque en México existen fiscalías especializadas en desaparición forzada, comisiones estatales de búsqueda y leyes específicas para casos de violencia, continúan incumpliendo con los protocolos y estándares internacionales.
A raíz de esto en el país, la militarización ha ido en aumento, siendo elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional quienes tienen cada vez más tareas de seguridad pública y a pesar de su presencia no contribuyen a disminuir las cifras de inseguridad, al contrario, indican un problema de derechos humanos.
«La crisis de derechos humanos del país ha tenido diferentes picos. Desde el sexenio de Felipe Calderón se ha puesto el sello de la problemática de derechos humanos que atraviesa México […] este elemento es característico de los últimos 20 años, pero el proceso de institucionalización en manos de las fuerzas armadas es sello de la actual administración», dijo Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
- El número de militares desplegados aumentó de 52 mil en 2019, a 99 mil 946 en 2021 y además se publicó la iniciativa para oficializar la adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Por su parte, Silvia Chica, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia aseguró que existe un retroceso en la materia debido a que hay ausencia de voluntad política para asumir la crisis.
«Encontramos a un ejecutivo nacional muy focalizado en casos puntuales, por ejemplo el caso Ayotzinapa, donde funcionarios obstaculizaron, mintieron y dificultaron el acceso a la verdad y justicia; sin embargo, Ayotzinapa no es la realidad de todo el país».
Desde su perspectiva, es en dimensión real que se deben combatir las situaciones e idear políticas públicas.
Impunidad, fertilizante de violaciones a derechos humanos
Con ese panorama, Graciela Rodríguez directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos atribuyó a la impunidad que se sigan cometiendo casos de violación a los derechos humanos.
«En el momento en el que no se garantiza el acceso a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de violaciones es una invitación a que se sigan cometiendo», apuntó.
- Lo que es respaldado con el número de investigaciones que llegan a buen puerto a partir de los miles de casos en existencia y que a pesar de tener evidencia de participación de altos mandos, efectivos militares, personal de fiscalías y demás, no existen sanciones
¿Por qué contra los periodistas y defensores de derechos humanos?
Al ser quienes están en constante difusión de violación de derechos humanos o de denuncias tras infracciones a la ley, así como acompañamiento a las víctimas, son vulnerables por ser personas incómodas, dijo Graciela.
- Y bajo ese contexto, en el que a tres meses del año han sido asesinados ocho periodistas, ha cerrado un medio de comunicación tras amedrentaciones que se concretaron y han desaparecido tres activistas defensores de derechos humanos, la narrativa del presidente, discursiva y legislativa, contribuye a incrementar el riesgo.
Hay amagues de recortes presupuestarios a las organizaciones civiles en la defensa de los derechos y en caso de su desaparición, es probable que más casos de víctimas queden impunes.
«Muchas veces suplimos las responsabilidades del Estado. Si las víctimas no buscan a sus propios desaparecidos, si no son las que buscan a las organizaciones, no pasa nada y esta tendencia política de demonizar a las organizaciones civiles no tiene otro objetivo más que el de obstaculizar nuestras actividades, por ser críticas y disidentes», aseguró Graciela.
Para que la tendencia de impunidad y violaciones a los derechos de los mexicanos al alza cambie, Silvia Chica y Christian Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos «José Revueltas» señalaron algunos puntos que son necesarios.
- Consejos ciudadanos estatales en los que se les dé oportunidad a las víctimas de exponer sus casos y de pronunciar sus exigencias ante las autoridades correspondientes.
- Tomar como referencia las experiencias internacionales de países cuyas sociedades han pasado de dictadura a sociedades de violencia o divididas, a caminar a la paz y reconciliación.
Ambos coinciden que el cambio de panorama tiene que ser una tarea que le compete tanto a los ciudadanos, como al Estado.
Impunidad por desapariciones
Con apenas 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada y ante una crisis de más de 52 mil cuerpos no identificados y más de 7 mil desapariciones en 2021, la organización Amnistía Internacional (AI) advirtió altos niveles de impunidad en esta y otras violaciones a los derechos humanos.
- En su informe internacional 2021/2022, Amnistía destacó que solo el año pasado las autoridades registraron al menos 7 mil 698 casos (69% hombres y 31%, mujeres), los cuales elevaron más de 97 mil el número total de denuncias desde 1964.
“La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Según cifras oficiales, seguía habiendo más de 52.000 cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se hallaban en fosas comunes”, sostiene el documento.
Apenas el pasado 17 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
Esto, luego de que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos sostuvo que hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país.
- El informe de Amnistía Internacional también señala los ataques desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra académicas y mujeres que han protestado contra la violencia de género.
“Las autoridades siguieron estigmatizando y reprimiendo las protestas feministas y haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir de su participación a las personas”, expuso el informe sobre las declaraciones del presidente y funcionarios que calificaron de violentas las marchas por el Día Internacional de la Mujer.
Sobre la violencia contra mujeres y niñas, Amnistía insistió en que las investigaciones penales en feminicidios presentan deficiencias graves.
“Las autoridades no custodiaban adecuadamente las pruebas recopiladas ni examinaban todas las líneas de investigación aplicando correctamente una perspectiva de género. Así, los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, lo que aumentaba la probabilidad de que los delitos quedaran impunes. Además, estas familias siguieron siendo objeto de amenazas y maltrato por parte de las autoridades”, menciona.
El informe también critica que las personas defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo elevados niveles de violencia, y la mayoría de los ataques contra ellas quedaban impunes.
- “El gobierno realizó declaraciones en las que cuestionaba el trabajo de las organizaciones y comunidades que se oponían a los megaproyectos promovidos por la administración presidencial”, expuso.
- Además, reiteró que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continúan siendo sometidas al uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y devoluciones ilegales por parte de las autoridades, así como a secuestros y homicidios a manos del crimen organizado.
En cuanto a crímenes de odio, Amnistía también destacó a México como el segundo país de la región en registrar el mayor número de agresiones contra personas LGBTI, con al menos 72 homicidios y desapariciones durante el año./Agencias-PUNTOporPUNTO
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