RITA MAGAÑA TORRES
La senadora del PRI, Ana Lilia Herrera, impulsa una reforma constitucional para quienes se desempeñen como procurador General de la República o fiscal General y deseen integrarse al Consejo de la Judicatura, lo hagan transcurridos tres años de su último encargo, a fin de evitar conflictos de interés.
Además, dijo, se busca no vulnerar el debido proceso judicial y prevalezca la imparcialidad, ya que el Estado fortalece las garantías y los derechos humanos para el cumplimiento del debido proceso y de la ética judicial.
Añadió que la propuesta fortalece las normas fundamentales y las condiciones de independencia e imparcialidad, que debe tener todo juzgador sobre las resoluciones que emitan los integrantes de los tribunales.
Expresó que en la reforma, que armoniza el precepto constitucional en la materia para los temas de competencia y de telecomunicaciones, se establece como requisito no haber ocupado un cargo público tres años antes de su nombramiento.
De esta manera, añadió, se evita el conflicto de intereses en la resolución de casos que pudieran tener a su cargo en el desempeño de sus funciones como procurador y después como consejero.
No obstante que la Constitución ya establece una prohibición de tiempo para ocupar el cargo de consejero de la Judicatura, es necesario aumentar esta temporalidad para evitar el conflicto de intereses en la resolución de casos.
Especialmente, agregó, cuando en la promoción profesional una persona es responsable directa o indirecta de vigilar un mismo caso en diferentes etapas procesales.
Se trata, dijo, de garantizar el debido proceso en congruencia con la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar invalidez de todo el proceso.
Además, dijo, de sus resultados, lo cual, imposibilitaría al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona.
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