RITA MAGAÑA TORRES
La Comisión de Gobernación del Senado declaró improcedente la propuesta del PAN y PRD para realizar una consulta popular sobre reducir en 50 por ciento las remuneraciones y prestaciones que actualmente perciben el Presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación.
En el dictamen, que se presentará este jueves al pleno senatorial, se exhorta a la Cámara de Diputados para que discuta la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, enviada por el Senado el 8 de noviembre de 2011 y está pendiente su aprobación.
En el dictamen aprobado se explica que los integrantes de la Comisión concluyeron que las remuneraciones de los servidores públicos son esencialmente parte del presupuesto de egresos de la Federación, de tal manera que al estar contenidas en él son parte de los gastos que el Estado realiza.
Precisaron que tanto la Constitución como la Ley Federal de Consulta Popular establecen que no podrán ser objeto de consulta los ingresos y gastos del Estado.
Aunado a ello, aclararon, resulta improcedente someter a consulta popular la materia de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, pues este tema es obligación del Congreso de la Unión que tiene el mandato de regularlo.
Sin embargo, los senadores consideraron que ante la improcedencia de la consulta es necesario hacer un llamado a la colegisladora para que a la brevedad someta a discusión la minuta que le fue enviada por el Senado en 2011, que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El objetivo es cumplir con la obligación constitucional y atender esta demanda ciudadana, así como establecer claramente las reglas para la determinación de este tipo de remuneraciones de acuerdo con los límites, principios y bases establecidas en la Carta Magna.
Al respecto, la priista Cristina Díaz, presidenta da la Comisión, advirtió que avalar una propuesta en la que se acepta convocar a consulta un tema de gastos o ingresos puede sentar un precedente “muy delicado”.
Dijo que la mejor decisión que se pude tomar en este tema es solicitar a la colegisladora un trabajo en conferencia para “descongelar” la minuta que se le envió desde 2011 “y acabar con ello una discusión bizantina”.
En contra del dictamen, el panista Javier Corral manifestó que con esta decisión la Comisión se adelanta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su función exclusiva de indicar la constitucionalidad o no de las consultas populares.
Hace un juicio anticipado de constitucionalidad en términos de ingreso y gasto, lo que “es lamentable” porque el gobierno federal y su partido precisamente bajo esa lógica quiere nulificar cualquier posibilidad de consulta en materia energética tanto a nivel constitucional como legal.
Por el PRD, Armando Ríos Piter apoyó el dictamen en sus términos, ya que la Carta Magna restringe poner a consideración el tema de gasto público y de ingresos, por lo que no existen las condiciones para realizar la consulta popular que fue propuesta.
No contamos con los elementos suficientes para incitar algo que en esencia es positivo, agregó, pero apegado a la ley y a los argumentos se tiene una limitación para poder impulsar la consulta, de ahí que es necesario “sacar de la congeladora” la minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados.
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
