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Por: Anaiz Zamora Márquez
El Estado mexicano ignora cómo actúa la epidemia de VIH y Sida en las mujeres, pues no ha creado una base de datos con cifras desagregadas por situación geográfica, económica o características poblacionales, que permitan desarrollar políticas públicas específicas; lo que también le impide responder al llamado internacional de reducir la brecha entre quienes viven con el virus y quienes acceden al tratamiento.
Este año, en el Día Mundial de Lucha contra el Sida –que se conmemora hoy–, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lanzó la campaña “Cerremos la brecha”, que busca acortar la distancia entre quienes reciben los servicios de salud contra la enfermedad y quienes quedan rezagados.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque el número de personas que acceden al tratamiento antirretroviral aumentó considerablemente en los últimos 10 años, existe un rezago considerable que debe ser atendido.
El informe “Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en América Latina y el Caribe 2014”, publicado por la OPS, da cuenta de que mientras en 2003 se estimaba que 210 mil personas de todas quienes vivían con VIH recibían el medicamento, en 2013 el estimado ascendió a 795 mil, es decir el 56 por ciento del total de quienes necesitan tratamiento, y el 44 por ciento de todas las personas con VIH.
El panorama en México, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), es que el 54 por ciento de las personas que viven con el virus y necesitan el tratamiento no están en contacto con los servicios de salud. Se desconoce el porcentaje de mujeres en esta situación.
Especialistas señalan que para las mexicanas con VIH existen más brechas que cerrar, además del acceso al tratamiento, pues aún estamos en la etapa de conocer la epidemia y cómo responder a ella en el caso de las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, Eugenia López Uribe, directora de la organización civil Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, recordó que el acceso universal a la atención en VIH va más allá del tratamiento antirretroviral, pues la estrategia debe iniciar con la prevención adecuada, la detección oportuna, y el acceso a la atención sin discriminación y estigmatización.
Para responder al llamado de cerrar las brechas –señaló López Uribe–, “primero tendríamos que conocer nuestra cascada de atención y saber cuáles son las brechas verdaderas, saber dónde nos estamos atorando, si es en el diagnóstico, en el tratamiento o en la prevención y por qué, para tener políticas que se vayan enfocando a eso. En la población femenina todavía estamos en la etapa de conocer la epidemia y cómo atenderla.
De acuerdo con la experta, se desconocen los principales factores de riesgo para las mujeres: “Sabemos que el 90 por ciento de los contagios ocurren vía sexual, pero no sabemos si son indígenas, migrantes, esposas de migrantes; no sabemos en qué zona geográfica de los estados se están concentrando (los casos)”.
Explicó que esta falta de información se debe a que aún no se considera a las mujeres como una población en riesgo de contraer el virus, aunque los datos reflejen que la epidemia “ya cambió”, y cada vez afecta a más mexicanas.
De acuerdo con Censida, de 1983 a septiembre de 2014 se tenía un registro de 172 mil 254 casos en el país de VIH, de los cuales 141 mil 306 son hombres y 30 mil 948 mujeres.
De 1984 a septiembre de 2014 hay registradas 51 mil 741 personas con Sida, es decir, 38 mil 294 hombres y 13 mil 447 mujeres, quienes representan el 26 por ciento del total de quienes ya desarrollaron la enfermedad.
Los datos que arroja Censida se basan en los casos que son reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud, por lo que no reflejan la realidad total, ya que no se sabe el número de personas que viven con VIH, quienes desconocen su diagnóstico, y los casos que –aunque se sepan– no son reportados al Sistema.
DIAGNÓSTICO
Gabriela García Patiño, coordinadora del Programa Respuesta Nacional al VIH con Equidad de Género, de Balance, señaló –en entrevista con esta agencia– que una de las principales brechas para que las mujeres accedan a antirretrovirales se encuentra en el diagnóstico oportuno.
Se estima que a nivel regional, tres de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben y 35 por ciento de los nuevos casos llegan tarde al diagnóstico.
García Patiño destacó que la única estrategia que hay de detección oportuna en la que “se incluye” a mujeres en edad reproductiva es la prevención de contagio perinatal, que en realidad no está enfocada directamente a las mexicanas, “pues lo que se busca es proteger al producto y no a las madres”.
Destacó que incluso en la meta de detección en mujeres embarazadas no se ha logrado el 100 por ciento de cobertura, pues apenas el 57 por ciento de ellas accede a la prueba de detección.
Por lo que para la especialista es evidente que la brecha de diagnóstico oportuno es aún más grande en las mujeres que no presentan un embarazo, pero que tienen una vida sexual activa y especialmente en las adolescentes, a quienes se les niega el acceso a la prueba de VIH, o la entrega de resultados se condiciona a la presencia de los padres o tutores.
En una conferencia de prensa ofrecida la semana pasada, Patricia Uribe Zúñiga, directora de Censida, alertó que “la epidemia (de VIH) se centra en mujeres jóvenes y de baja escolaridad (37 por ciento del total de los casos), ya que son de dos a cuatro veces más propensas a contraer dicho padecimiento que el hombre”.
También informó que el 90 por ciento de las mujeres contrajeron el virus por la vía sexual, y el 70 por ciento lo obtuvieron a través de sus “parejas estables” (esposo, concubino o novio).
ESTIGMAS
Ambas expertas coincidieron en que si bien el mayor porcentaje de presupuesto para la atención a VIH se destina a la compra de antirretrovirales, no se están atendiendo las barreras que deben enfrentar las mujeres para acceder al tratamiento adecuado.
Principalmente –dijeron– ellas enfrentan estigmatización y discriminación en los servicios de salud, pues muchas no acuden a ellos debido al temor que les genera ser señaladas como personas con el virus, y hasta acusadas por sus parejas como “responsables” de la transmisión del virus aunque no lo sean.
Eugenia López Uribe destacó que si bien los medicamentos están asegurados como insumos de urgencia mediante el Fondo de Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), su distribución depende del abasto.
A lo que se suma que el Seguro Popular sólo cubre el tratamiento antirretroviral, pero no la atención de otras enfermedades que aprovechan el bajo nivel de defensas, como el cáncer cérvico uterino que se desarrolla con frecuencia en mujeres con VIH.
Ambas especialistas urgieron a atender la epidemia en mujeres de manera específica y recomendaron que se etiqueten los recursos necesarios, para responder a los compromisos internacionales relacionados con el VIH.
Para 2015 se destinaron 255.54 millones de pesos para acciones focalizadas en prevención y atención de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
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