AGENCIAS
La Presidencia de México deberá dar a conocer el documento sobre la cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro y su fundamento legal, estableció Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
La comisionada del IFAI María Patricia Kurczyn Villalobos consideró que debido a que «el asunto es de gran interés», tanto por los recursos que implica su desarrollo como por el impacto que generará en materia de infraestructura y comunicaciones «es importante que el proceso se conduzca de manera transparente».
El Gobierno mexicano anunció el pasado viernes la suspensión del proyecto para construir el tren de alta velocidad por un recorte de gasto público, atribuido a la dificultad de obtener financiación en un entorno de caída del precio del petróleo y altas tasas de interés.
El 14 de enero pasado, el Gobierno mexicano divulgó las bases preliminares de la nueva licitación del tren de alta velocidad tras la revocación de la adjudicación del proyecto a una firma china en un concurso muy cuestionado.
La publicación de las bases definitivas estaba prevista para el 29 de enero, pero un día antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que la divulgación de las mismas quedaba pospuesta para poder analizar todas las propuestas de las partes interesadas en participar.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, revocó en noviembre la primera licitación tras recibir numerosas críticas porque el proceso contó con un solo participante, el consorcio China Railway Construction Company (CRCC).
La revocación fue anunciada un día antes de la publicación de una investigación periodística que reveló que la esposa de Peña, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al Grupo Higa, un contratista del Gobierno con participación en la firma Teya, socia local de CRCC.
El tren era una de las principales obras de infraestructura del Gobierno de Peña Nieto y tendría un costo de inversión de 37.569 millones de pesos (poco más de 2.526 millones de dólares).