El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Gustavo Salas Chávez, informó que al menos 34 personas, entre ex funcionarios y personas al exterior, participaron en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En entrevista radiofónica, señaló que sólo a 29 de los implicados, que fueron consignadas ante un juez, ya les fue dictado el auto de formal prisión, por lo que se inició el juicio en su contra. Mientras que las otras cinco personas que restan “algunos están arraigados y otros más están siendo buscados”.
Hay ex servidores públicos que participaron al interior del centro penitenciario y al exterior el grupo que se presentó, hay algunos que no han sido detenidos, pero sabemos sobre su participación”, declaró.
Asimismo, en entrevista con Adela Micha, para Grupo Imagen Multimedia, manifestó se trató de una omisión por dolo por parte de los funcionarios que se encuentran involucrados, ya que si alguno de ellos hubiera realizado la parte que le corresponde para activar el Código Rojo, se hubiera evitado la evasión del interno.
No es una suma de casualidades ni de una circunstancia aislada que permitieran movimientos no autorizados de “El Chapo” por negligencia, sino que esas omisiones favorecieran intencionalmente al señor. Fue una omisión dolosa. La alerta roja de inmediato activa a las fuerzas del orden público (…) Con uno de ellos que hubiera activado la alerta o hubiera avisado para que personal autorizado la activara, se hubiera evitado la fuga”, afirmó
El funcionario explicó que de acuerdo con los testimonios, los ruidos fueron del conocimiento de la ex coordinadora general de Penales Federales, Celina Oseguera, y el ex director del Altiplano, Valentín Cárdenas, quienes lejos de investigar de dónde provenían, permitieron que se realizará la impermeabilización del techo en el área donde se encontraba Guzmán Loera, para disfrazar el martilleo proveniente del subterráneo.
La omisión admite dos formas la culposa y la dolosa, en este caso es una omisión consciente a sabiendas del efecto que esto iba a generar, ellos teniendo conocimiento del hecho, de las vulnerabilidades que tenían los sistemas de seguridad aceptaron dichas vulnerabilidades e incrementaron el riesgo cuando autorizaron y permitieron la realización de obras cosméticas para disfrazar los ruidos provenientes del subterráneo del penal donde se estaba construyendo el túnel”, aseguró.
Afirmó que se trató de un plan deseado, que “no se refiera a una conducta negligente, fue dolosa y consiente dirigida a favorecer la evasión del señor Guzmán”.
Por su parte, Alberto de la Cruz, el abogado de los 11 policías federales detenidos por este caso, aseguró que sus clientes reportaron con anterioridad las irregularidades, pero sus superiores no hicieron nada, por lo que no son responsables de la fuga.
«Es su obligación, pero ahorita ya se ve que ya está llegando a las conclusiones que los mismos policías le dieron, a la información que se le dio. Tenemos evidencia escrita de que se informó todas las irregularidades, fueron informadas con prontitud no días antes, un año antes comenzaron con esas fallas y todas fueron informadas por el centro de monitoreo, son situaciones que vamos a acreditar ante su señoría», aseveró.
Informó que sostuvieron una reunión con el comisionado Enrique Galindo, en la que «ellos se comprometieron a aportar todos los elementos que tuvieran y quedamos en buenos términos, vamos a trabajar».
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