AGENCIAS
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace casi cuatro meses lograron algo histórico: que los cuarteles del Ejército se abran para que puedan buscarlos, un hecho que según los expertos marcará un antes y un después en la política de seguridad del país.
«Es algo no solamente histórico sino fuera de la realidad que hemos vivido durante muchos años», dijo a Efe René Jiménez, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tras una reunión de varias horas, el Gobierno mexicano concedió ayer a los familiares de los jóvenes el derecho a acceder a los cuarteles para poder buscar a los estudiantes.
Y es que desde que la noche del 26 de septiembre desaparecieran 43 jóvenes supuestamente a manos de autoridades corruptas del municipio de Iguala y miembros del cártel de Guerreros Unidos, el Ejército ha sido señalado por los familiares como cómplice, aunque no se ha abierto ninguna línea de investigación en este sentido.
Los estudiantes denuncian que aquella noche, en la que fallecieron seis personas por disparos de policías a sueldo de los narcotraficantes, algunos jóvenes tuvieron contacto con militares del destacamento de Iguala, quienes en lugar de ayudarlos les increparon.
Por el caso hay 97 personas detenidas, entre ellas el exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; junto con el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, quien sigue prófugo de la justicia.
El pasado lunes, centenares de personas se manifestaron frente a cuarteles militares de varias ciudades del país para exigir que se investigue al Ejército. En el cuartel de Iguala, hubo incluso un enfrentamiento que causó varios heridos.
«Realmente el Gobierno federal llegó a tal punto de descrédito, en donde empezó un proceso también de desgaste hacia las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, y en este sentido ya no podían parar», explicó el experto.
Jiménez recordó la otra gran matanza de estudiantes, la producida en 1968. «Los que estuvimos en ‘el 68’ nos acordamos de compañeros que fueron remitidos al campo militar número 1 y allí no podías entrar, muchos desaparecieron».
Según las explicaciones ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes fueron quemados en un basurero y sus cenizas esparcidas en un río, pero esta versión está cada vez más cuestionada por científicos que «han dicho que es prácticamente imposible».
Incluso algunos, añadió Jiménez, piden que se analicen los hornos crematorios de los cuarteles porque, gracias a «el 68», se sabe que «hay estos lugares donde pueden incinerar» cuerpos.
Para los padres de familia, esta decisión es también importante porque siguen confiando en que los jóvenes estén vivos, ya que solo uno de ellos fue identificado entre las cenizas analizadas.
«Hay una posibilidad de que los tengan en algún cuartel, sí. Definitivamente mientras no nos demuestren lo contrario de manera científica, nosotros vamos a seguir buscando donde sea necesario, vamos a buscar en todos los lugares», dijo a Efe Felipe de la Cruz, portavoz de los padres.
Él participó ayer en la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procurador, Jesús Murillo; y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, entre otros funcionarios.
«Sabemos que los militares participaron y nadie quiere hablar de ellos, parece que los quieren proteger. Ayer le decíamos a los funcionarios en la mesa que les exigimos una línea de investigación porque sabemos que participaron y los protegen», insistió.
De la Cruz explicó que a partir de hoy van a realizar un plan para revisar los cuarteles.
«Vamos a organizarnos y a diseñar o planear en qué cuarteles podemos buscar. Tenemos que diseñar bien la actividad para no cometer errores», apuntó.
Una vez que definan los cuarteles, agregó, se lo comunicarán a la fiscalía, que será la encargada de buscar los permisos para que los familiares puedan acceder y buscar cualquier indicio sobre la presencia de sus hijos.
En opinión de Jiménez, esta decisión marcará un antes y un después en la política de seguridad de México, ya que es una muestra de que «la protesta está llegando a todos los sectores sociales» y «la gente está viendo que si se organizan y manifiestan», se consiguen «cosas que antes no se lograban».
Además, el Ejército, una de las instituciones más cuestionadas en los últimos años por violaciones a los derechos humanos cometidas en la lucha contra el narcotráfico, tendrá que «actuar con mucha mayor prudencia» y respeto a las garantías individuales.
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