HAZAEL Ruíz, AUTOGOBIERNO de Impunidad y Corrupción en RECLUSORIOS de la CDMX

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega, ha estado a cargo de este organismo de forma ininterrumpida desde 2013, cuando el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo nombró tras la renuncia de Mayela Almonte Solís; en diciembre de 2018, la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, lo ratificó.

• Del 1 de febrero de 2008 al 8 de septiembre del mismo año, el ahora Presidente de México y en ese entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, lo nombró titular de esta institución.
• Sin embargo, Ruíz Ortega tiene más de 20 años trabajado en el Sistema Penitenciario, ha sido director General de Tratamiento para Adolescentes de la CDMX, así como titular de diferentes penales, como Santa Martha Acatitla y el Reclusorio Oriente.

En los últimos años, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, Hazael Ruíz ha visto la disminución de la sobrepoblación carcelaria, pues de una saturación en todos los penales ahora los números de internos son los suficientes en la mayoría.

Sin embargo, el titular del Sistema Penitenciario local ha enfrentado algunos problemas en la institución, como el gran número de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por diferentes violaciones en el ámbito penitenciario.

• Sólo el año pasado, el organismo autónomo informó que de entre enero de 2018 y mayo de 2019 se investigan 4 mil 345 quejas por violaciones a derechos humanos.

También la institución, en el periodo donde ha estado al mando Hazael Ruíz, ha pasado por distintas fugas, como la ocurrida en 2016, cuando huyeron por la zona de juzgados Agustín Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez El Fugas, quienes estaban recluidos en el módulo de alta seguridad, conocida como Diamante, acusados por secuestro.

Además de algunas denuncias sobre autogobierno, venta y consumo de drogas en el interior de algunos reclusorios, por lo que incluso la actual administración ha tenido que rotar a los directores de cada penal para erradicar la corrupción.

La trayectoria de Hazael Ruíz

Desde 1996, sin embargo, ha laborado dentro del sistema penitenciario. Su primer cargo fue como criminólogo del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por tres meses, y un año después ocupó ocho meses la oficina de criminología de ese penal.

El 15 de noviembre de ese año ocupó la jefatura de la unidad departamental del Centro de Observación y Clasificación de ese centro hasta el 16 de julio de 1997, y después fue trasladado, con el mismo cargo, al Reclusorio Norte, donde continuó hasta el 28 de febrero de 1998.

• Un día después fue nombrado subdirector de estudios criminológicos de la Dirección de Ejecución de Sentencias de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, cargo que desempeñó hasta el 15 de enero de 2001, y del 16 de febrero al 17 de julio fue subdirector técnico de la Penitenciaria Varonil de Santa Martha.
• Del 18 de julio al 14 de diciembre de ese año se convirtió en director del Reclusorio Oriente, y el primero de enero de 2002 fue nombrado director técnico de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, donde se mantuvo hasta el 15 de octubre.

El primero de noviembre ocupó la dirección de la Penitenciaría Varonil de Santa Martha Acatitla hasta el 30 de julio de 2004, y el primero de agosto fue nombrado director general de prevención y readaptación social, cargo que mantuvo hasta el 31 de enero de 2008.

• Del primero de febrero al 8 de septiembre ocupó la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y del 10 de septiembre al 15 de octubre de 2009 se convirtió en asesor del secretario general de Gobierno. Posteriormente, ocupó cargos en la Asamblea Legislativa y en la delegación Coyoacán.

Y desde el primero de noviembre de 2013 a la fecha es subsecretario del Sistema Penitenciario.

El penitenciario que acumula 13 fugas bajo su gestión

El último caso ocurrió el pasado 29 de enero: tres internos de alta peligrosidad -uno de ellos pariente del “Chapo” Guzmán»- escaparon de la Zona 1 del Reclusorio Sur. Donde según las autoridades penitenciarias, los tres internos salieron “caminando” después de las ocho de la mañana de ese miércoles.

• Para salir, tuvieron que cruzar al menos cinco rejas del reclusorio, informaron. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobierno, aseguró que hubo una evidente colusión de servidores públicos. Víctor Manuel Félix Beltrán, «el interno identificado como consuegro de Guzmán Loera, iba ser extraditado a Estados Unidos en los próximos días».

• Hazael Ruiz informó en ese entonces que podrían estar involucradas entre seis y 20 personas: las mismas palabras que empleó el 31 de mayo de 2016, cuando dos internos sentenciados a 60 y 100 años por secuestro, escaparon -también caminando- del reclusorio oriente. Las cámaras los captaron vestidos de civiles y con folders llenos de papeles mientras bajaban las escaleras que conducían a la calle.

A raíz de ese caso, asambleístas se congregaron para pedir la destitución de Hazael Ruiz, sin embargo, el funcionario se aferró a su cargo y continuó al frente.

• Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) demostró que en los reclusorios que se hallaban bajo la responsabilidad del subsecretario, el 80% de los familiares pagaba una cuota por llevarle comida a sus familiares, 57% pagaba por entrar al penal, y a 33% les cobraban por visitas conyugales.

Hazael Ruíz asumió el cargo en 2008 e inauguró su gestión con la fuga del narcotraficante Luis Gonzaga Castro Flores, del Reclusorio Oriente, quien trabajaba para Ismael “El Mayo” Zambada. Gonzaga logró salir por la aduana.

• Las siguientes ocurrieron entre octubre y diciembre de 2013, cuando siete presos responsables de robo, homicidio y asociación delictuosa se fugaron de Santa Martha Acatitla usando boletas de libertad originales del Tribunal Superior de Justicia, pero con datos, firmas y sellos falsos.

Diputados cuestionaron a Hazael Ruiz por fuga de reos

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, fue cuestionado durante su comparecencia en el Congreso capitalino sobre su responsabilidad en la fuga de tres integrantes del Cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur, ante lo cual el funcionario aceptó que fue la corrupción del personal de este penal lo que permitió que esto ocurriera.

• “Tomamos las medidas de acuerdo a nuestras posibilidades y las extremamos, si no hubiera corrupción no hubieran podido superarlas. Hubo corrupción y eso es evidente”, dijo el funcionario.

Tras darse a conocer que los reos escaparon en una camioneta de este penal, se pidió su renuncia al director del centro penitenciario, Tonatiuh Zamora Mendoza, como al jefe de seguridad del lugar, Óscar Labastida. Además 11 custodios fueron vinculados a proceso por su posible participación en el escape.

Al respecto, Hazael Ruíz informó a los legisladores de las comisiones de Seguridad Ciudadana y la de Administración Pública que así como Víctor Manuel Félix Beltrán hay actualmente 99 presos –97 hombres y dos mujeres– que son de alta peligrosidad y que se encuentran en los centros de readaptación de la ciudad.

Detalló que mientras en un traslado de un penal se pide la custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con camiones blindados, son solo los custodios quienes llevan a los presos a revisiones o atención médica, como fue el caso del operador financiero del ‘Chapo’.

Hazael Ruíz indicó que Félix Beltrán salía al menos una vez al mes para consulta médica por una lesión en un menisco el Hospital Rubén Leñero y era custodiado, pero el 28 de enero fue otro reo de la población general quien fue trasladado al hospital.

En ese sentido, el diputado panista Federico Döring señaló que tras la fuga del ‘Chapo’ del penal federal del Altiplano se inició proceso penal contra más de 40 personas incluida la responsable del Sistema Penitenciario local, Celina Oseguera Parra.

Sin embargo, señaló que en la capital no se ha sometido a proceso a ningún funcionario público de alto nivel, solo a los guardias del turno. Además cuestionó que se haya pedido la renuncia de Omar Tonatiuh Zamora Mendoza, exdirector del Reclusorio Sur, sin que se le iniciara un proceso administrativo.

• “¿Saben a qué suena la renuncia del director del penal cuando se fuga el operador financiero del Chapo? A que le dieron la oportunidad de ir a gozar la Afore de la mordida que le dieron para que se fugaran en absoluta impunidad”, acusó Döring.

Por su parte Jorge Gaviño, diputado del PRD, cuestionó a Ruíz por afirmar que no reciben información sobre los reos para conocer su grado de peligrosidad por los jueces mientras por otro lado informa sobre el número de reos de alta peligrosidad que tiene en los penales.

• “En este momento se dice que no conocemos la peligrosidad de los internos, tan la conocían que mandaron ustedes al Altiplano estos tres personajes porque ustedes los consideraban de alta peligrosidad”, señaló.

Mientras Ruiz indicó que la falta de personal de seguridad, sobrepoblación y falta de presupuesto son factores que afectan la seguridad de los penales, la diputada María Guadalupe Chavira, de Morena, recalcó que no fue una infraestructura insuficiente lo que causó la fuga, sino la participación de servidores públicos.

Niegan casos de Covid en penales de la capital

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz, aseguró que hasta ahora no se ha registrado ningún caso de covid-19 en los centros penitenciarios de la capital, debido a las medidas de prevención que se implementaron desde mediados de marzo. El Sistema Penitenciario cuenta con áreas de contención específicas para albergar posibles casos de personas privadas de la libertad que contraigan la enfermedad en zonas aisladas de los centros de reclusión.

• “Además se habilitaron carpas en siete reclusorios, que contarán con hasta 150 camas y servicios básicos, para que la población que haya sufrido la enfermedad pueda pasar su proceso de recuperación ahí, antes de reintegrarse a los dormitorios”, garantizó.

En ese sentido, dijo que se garantiza el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad mediante distintas acciones, entre ellas la realización de pruebas para detectar posibles casos de covid-19 en los nuevos ingresos. Esto en el informe que turnó al juez primero de Distrito en Materia Administrativa de esta Ciudad para dar cumplimiento a un juicio de amparo promovido por una asociación civil.

• “Di la instrucciones a los directores de los 13 centros penitenciarios de adultos, los seis especializados en Atención a Adolescentes y el de Sanciones Administrativas y de Integración Social El Torito para asegurar el suministro para la higiene, el aseo personal y la limpieza de espacios, así como el acceso a la alimentación”.

Señaló que se aplica el Protocolo de Atención ante el covid-19, el cual se implementó desde antes que se emitiera la declaratoria de emergencia sanitaria, y considera el uso de equipos de protección personal por parte de los trabajadores: cubrebocas, guantes, careta y gorro.

• “El pasado sábado se concluyó con la sanitización de todos los centros, misma que él supervisó y la cual abarcó dormitorios, edificios de gobierno, auditorios, patios, gimnasios, áreas deportivas, de convivencia y visita, así como las aduanas de personas y vehículos”.

Agregó que se trabaja para garantizar el contacto de las personas privadas de la libertad con el exterior, a través del acceso a tarjetas telefónicas, incrementar el tiempo de las llamadas, así como ampliar las vías de comunicación mediante videollamadas.

• “También se hizo del conocimiento del juez que se proporciona información a la población en general, a la visita y al personal que labora en los centros penitenciarios sobre el nuevo coronavirus, sus formas de transmisión, medidas higiénicas de prevención e identificación de datos de alarma, además se les ha sensibilizado sobre el cuidado de su salud”.

Aseguró que se siguen los protocolos de prevención sanitaria respecto del virus, conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud capitalina dentro de los centros penitenciarios y se implementan medidas generales sanitarias eficaces para proteger a todas y todos.

Cárceles de CDMX con casos de reos con Covid-19

El gobierno de la Ciudad de México informó que actualmente se tiene el registro de 73 reos, entre hombres y mujeres, quienes han dado positivo a la prueba de covid-19 y que están internados entre varios reclusorios de la capital.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, en los 13 centros penitenciarios de la ciudad se tiene una población de 26 mil 431 reos, y del 6 de abril al 12 de julio se han aplicado 4 mil 607 pruebas de covid-19 a las personas de recién ingreso.

¿Cuántos casos positivos de coronavirus hay en cada penal?

• 1 en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes
• 4 en el reclusorio Norte
• 4 en el reclusorio Oriente
• 1 en la penitenciaria
• 5 en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha
• 8 en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla
• 50 en el reclusorio Sur

Tortura sistemática en cárceles de la CDMX

Sobrepoblación, hacinamiento, castigos y corrupción son caldo de cultivo para los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se padecen en las prisiones mexicanas. En la capital, cinco cárceles se encuentran en estado crítico; y la CDHCDMX investiga 4 mil 345 quejas por violaciones a los derechos humanos de los reclusos, cometidas entre 2018 y 2020

• “¡Hijo de tu puta madre, baja la cabeza. Ahora vas a valer madre. No me estés viendo. Ponte chingón!”, fueron las palabras de bienvenida que le dieron los custodios del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México a Bruno Valdez.
• Era la media noche de un sábado de 2013 cuando lo ingresaron por vez primera a una lúgubre y austera celda junto con el resto de los primo delincuentes, conocida como zona de ingreso.

Bruno recuerda que fue despojado de sus pertenencias. Los celadores se quedan con todo aquello a lo que puedan “sacarle algo”: unos tenis “chidos”, por ejemplo, narra el joven a Contralínea. A cambio, los prisioneros reciben “pinches chanclas o lo que tengan”.

• Las personas que más sufren “allá adentro [en la cárcel]” son quienes padecen de alguna discapacidad, señala Bruno. Aquellos pertenecientes a una comunidad originaria o los analfabetas, asegura. “Si no contestas bien, te pegan chingón”.

Los tratos crueles, inhumanos y degradantes se viven desde el ingreso. Ningún reo parece escapar de ellos, pues en la cárcel –considerada de por sí como un espacio torturante– hasta el espacio que habitan resulta ser un acto de tortura: en las pequeñas celdas de 5 por 5 metros cuadrados se hacinan de cuatro a más personas; y en las más grandes, hasta 50 reos.

Ya en libertad, Bruno recuerda aquellos días tras las rejas: “Me tocó estar con 25 personas. Éramos muchos. Vi que unos güeyes se dormían de gargolita: se amarraban en la puerta [con sábanas, suéteres o bufandas], o dormían en las tumbas [espacio que se forma entre el piso y la primera cama de la litera]”. Otros se apropiaban del espacio correspondiente al sanitario y ahí intentaban conciliar el sueño.

• De acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria –elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–, de 1 mil 162 centros de reclusión en el país, 457 están sobrepoblados y 494 presentan autogobierno.
• En la capital, se desprende de ese mismo estudio, cinco cárceles se encuentran en esa situación: los reclusorios varoniles Oriente, Norte y Sur; Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan; y Penitenciaría Santa Martha Acatitla.

Tortura, práctica común

Sentado en las escaleras de un centro social al oriente de la Ciudad, el joven viste con playera negra de manga corta, jeans color azul claro, tenis negros con detalles verdes y una gorra oscura con la visera echada hacia atrás. Desde allí, narra los pesares que pasó en prisión, como ése de “luchar” por un espacio para dormir o de hacer piel gruesa ante los constantes insultos de los custodios.

• Para Osvaldo Chavarría Suárez, especialista en derecho penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el que los reclusos tengan que dormir de manera vertical y amarrados a rejas de las celdas con suéteres, cobijas o bufandas “implica una cuestión de tortura”.
• El académico de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que las formas en las que se agrede a los reclusos son variadas y constantes, algunas de ellas son físicas y muy dolorosas, pero en ocasiones no dejan marca o ésta desaparece en menos de 24 horas.
• Por ejemplo, se les pega con palos en extremidades del cuerpo, se le obliga a hacer limpieza en cuclillas durante tiempos prolongados sin descanso, les meten alfileres o agujas debajo de las uñas.

No sólo son las agresiones físicas que padecen los reclusos. Otro tema que ocurre detrás de los barrotes se refiere a los daños sicológicos y, al respecto, Estefanía Medina Ruvalcaba, especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, refiere que es muy difícil probarlos. “No es lo mismo que el delito tenga poco tiempo a que sea denunciado 2 años después”.

Los centros de reclusión deben proporcionar a sus poblaciones lo más básico, como papel higiénico, toallas sanitarias para las mujeres, agua, vestido, medicamentos y alimento en condiciones favorables con base en las Reglas Nelson Mandela, como se les conoce a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Estado mexicano.

Sin embargo esto no siempre se cumple. En el Reclusorio Oriente, por ejemplo, no se les proporcionan utensilios para consumir sus alimentos en el llamado rancho. Bruno relata que únicamente en la zona de ingreso les proporcionaban platos, cucharas y otros enseres: “ahí hay trastecillos, los lavas y los usas. Y si no hay, usas lo que encuentres”.

• Ante la falta de insumos básicos y la desesperación, incluso, utilizan sus manos para sostener la comida o de la basura rescatan una botella de plástico, la cortan por la mitad con los dientes y ahí se les sirve el alimento, afirma el abogado Chavarría Suárez.

En el Reclusorio Oriente no sólo hay déficit en servicios básicos, sino incluso los presos pagan para que los funcionarios hagan su trabajo: la organización civil Documenta refiere que en 2016 los celadores cobraban 10 pesos por el pase de lista, lo que les representaba una ganancia superior a los 150 millones de pesos.

• Según Bruno, “ingreso es una zona muy cara. Para todo tienes que pagar: si no quieres pasar lista y pasar horas bajo el frío sentado en el patio, si quieres realizar una llamada aunque no contesten, si no quieres hacer fajina [limpieza de las instalaciones]”.
• El joven, quien actualmente estudia la licenciatura en derecho, refiere que ya en el anexo 7, él y otros cinco compañeros de celda compraron cobijas en los meses más fríos del año y las colocaban como cortinas.

Las Reglas Nelson Mandela indican que el lugar de alojamiento, en especial los dormitorios, “deberán cumplir todas las normas en condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción”.

La crueldad en los castigos

Bruno recuerda otra de las penurias frecuentes en la cárcel: los llamados castigos. Para ello se tiene el llamado módulo, adonde mandan a personas castigadas, a los multi-reincidentes o quienes tienen cadenas perpetuas porque los delitos cometidos fueron de alta peligrosidad.

• Ahí, detalla, las condiciones son infrahumanas: la comida no alcanza para todos. “Nunca ves la luz del sol y cuando lo haces [los custodios] son muy cuidados. “Sólo sales una vez a la semana al patio para jugar soccer o algo así y te vuelven a clavar abajo”.

El especialista en derecho Chavarría Suárez considera que recluir a alguien en celdas apartadas como castigo es otra forma de violentar los derechos humanos. En un centro de reclusión y readaptación social, el individuo tiene derecho a caminar por los pasillos, y en los días de visita acudir al área correspondiente para convivir con sus familiares.

No obstante, es común que a algunos internos se les aísle sin derecho a recibir visita ni a interactuar con los vigilantes, porque incluso los alimentos les son proporcionados por debajo de la puerta. Para el abogado Chavarría, tan sólo el hecho de que se les impida ver a sus familiares ya constituye una tortura.

• Otros castigos son más cotidianos y extendidos. Ejemplo de ello es lo que el propio Bruno vivió al momento en que fue trasladado de la zona de ingreso al centro de observación y comunicación (COC): un custodio lo obligó a hacer “fajina” en cuclillas: los llamados “carritos y patitos”.
• El primer “concepto”, explica el joven de 23 años, es que “te ponen en cuclillas con la jerga y los brazos extendidos hacia el piso, para arrastrarla por toda la zona”. El segundo es que, en la misma posición, “vas barriendo con una escobeta; y ahí va toda la fila de chavos persiguiéndose”.

Hacer la fajina quiebra a la persona: Bruno resistió un solo día tanta presión física. Así que desde entonces empezó a pagar a los celadores para no ser obligado a limpiar. Pero no todos tienen los mil o mil 500 pesos que exigen al mes.

Ausencia de ley

Todo ello ocurre a pesar las normas que tienen por objeto prevenir la tortura y respetar la calidad humana de quienes viven privados de la libertad, como la Ley de Ejecución Penal y la Ley General para Investigar, Prevenir y Sancionar la Tortura.

• Toda la normatividad se queda en mecanismos y documentos que son letra muerta, no en la realidad de las prisiones, señalan las cofundadoras de Tojil, Greaves Muñoz y Medina Ruvalcaba.
• “Valdría la pena poner ahí el foco rojo: no quedarnos sólo con el diagnóstico, sino de volver los ojos en quién y cómo lo evaluarán, y qué resultados están teniendo”, puntualiza Estefanía Medina.

El coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) guerrerense, Raymundo Díaz Taboada, asegura que con el nuevo sistema judicial quienes están a cargo de velar por el cumplimiento de los derechos humanos son los jueces de control. Sin embargo, en lugar de hacer cumplir la ley, le otorgan la responsabilidad a las comisiones o a las defensorías estatales.

• Para que una persona sea torturada tiene que estar bajo el control de alguna autoridad, explica. En muchos casos, detalla, los perpetradores intelectuales son los celadores y los materiales son los propios internos, con lo cual se complica la imputación del ilícito.

Otro factor por el que se alienta la impunidad es que no hay libre acceso a las cárceles para los visitadores de la CNDH, las comisiones estatales y las organizaciones internacionales: para que les permitan entrar, tienen que recorrer la burocracia para que les otorguen los permisos, y esto provoca opacidad.

Díaz Taboada observa que mientras no haya voluntad política será difícil que exista un cambio de fondo. “Mientras no se termine la impunidad, mientras no haya perpetradores sentenciados encarcelados, sabrán que son impunes, que nadie los toca, nadie los castiga y cometerán los mismos actos, aunque las leyes sean muy buenas”.

Para el investigador, no hay esa voluntad política ni a nivel estatal ni federal para acabar con el hacinamiento, la sobrepoblación y sobre todo la y corrupción.

• Maiisa Hubert Chackur –investigadora de la organización civil Documenta– advierte que la administración penitenciaria “sigue siendo la misma desde hace dos o tres administraciones: no hemos visto cambios”.

La politóloga por la Universidad Denis Diderot Paris VII observa que en el tema del combate a la corrupción en las cárceles capitalinas es necesario profundizar: ir más allá de los celadores, porque no es el tema de dos o tres funcionarios, “sino de una red muy poderosa que va muy arriba”.

CDMX, una de las entidades más atrasados en Sistema Anticorrupción

No vemos que haya ninguna voluntad absoluta para combatir cualquier tipo de corrupción”, a pesar de que figura en el primer peldaño de corrupción carcelaria, con 310 víctimas por cada 1 mil personas privadas de la libertad.

Para conocer su versión sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las acciones anticorrupción, Contralínea buscó entrevista con Antonio Hazael Ruiz Ortega, titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

• Los problemas de las cárceles capitalinas son similares a los que enfrentan las prisiones federales: corrupción, tortura, impunidad. A nivel federal se percibe en las autoridades una actitud de “arrogancia”, señaló Salva LaCruz, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, durante el seminario virtual México ante el Comité contra la Tortura.
• Las cifras más recientes en torno a delitos de lesa humanidad corresponden a 2017. En ese año, un total de 1 mil 328 situaciones riesgosas fueron registradas en centros de reclusión mexicanos, a partir de 415 visitas de supervisión realizadas por la CNDH en su papel de Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura. El 67 por ciento pudo derivarse en actos tortuosos, crueles e inhumanos.

Entre los factores de tortura que el Mecanismo menciona están la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de higiene en instalaciones, el confinamiento prolongado en celdas, alimentos en mal estado, fugas de agua, humedad en paredes, falta de iluminación y ventilación adecuada e insuficiente personal para reinsertar a los reos a la sociedad. Los problemas han sido heredados de administración en administración y aún perviven./Agencias-PUNTOporPUNTO