RITA MAGAÑA TORRES
El Senado de la República amplió el plazo hasta el próximo 30 de octubre para que la Comisión de Gobernación resuelva si procede o no la petición de senadores del PAN de declarar la desaparición de poderes en Guerrero, como lo estipula la fracción V del artículo 76 de la Constitución.
Y es que en un principio el acuerdo de la Comisión de Gobernación se perfilaba para declarar improcedente la petición de los panistas, pero se reconsideró ante la nueva solicitud blanquiazul de investigar qué ocurre en Guerrero y contar con mayores elementos para una decisión definitiva.
Por la bancada del PRI, Arturo Zamora llamó a PAN y PRD para deplorar la actuación del gobernador, Angel Aguirre, y quien invitó a que en un acto de responsabilidad política, considere presentar su renuncia al cargo, para contribuir al restablecimiento de la paz social en la entidad.
Sin embargo, el senador del PRD, Alejandro Encinas, salió en defensa del mandatario estatal, al aclarar que el gobernador no presenta renuncia, porque los cargos de representación popular nacional son irrenunciables, en cambio tiene que presentar una licencia al Congreso del estado.
El pleno senatorial también aprobó el acuerdo de la Comisión de Gobernación de ampliar las facultades del grupo plural, que da seguimiento a los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, para que realice las actuaciones pertinentes tanto en el Distrito Federal como en el estado.
Asimismo, para cotejar la información documental enviada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial locales y verificar el ejercicio y funcionamiento de los poderes públicos en el estado.
Al presentar el acuerdo, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, explicó que se convino entre todos los grupos parlamentarios dar un mayor tiempo al grupo plural, con el propósito de continuar el análisis de la situación que se vive en la entidad.
Indicó que este órgano de trabajo se ha hecho llegar de documentos públicos, a través de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del estado, a fin de determinar si se encuentran totalmente integrados y en ejercicio de sus funciones constitucionales.
No obstante, precisó, la Comisión consideró que ante la realidad política y social que se vive en Guerrero es necesario hacer una revisión in situ para constatar los datos con los que cuentan y que derivan del análisis doctrinal y que fue enviada.
En tanto, Arturo Zamora manifestó que el fallecimiento de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, es producto de la falta de garantías del gobierno local para proteger los derechos de asociación, expresión de ideas, libre tránsito, integridad personal y derecho fundamental a la vida.
Opinó que las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de autoridades locales, han ocasionado un estado de ingobernabilidad que hizo necesaria la intervención contundente de las fuerzas federales en ese territorio.
Enfatizó que existen claros motivos para determinar que el Gobernador ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales y ocasionado un vacío de poder en la entidad, por lo que “no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras permanezca en el cargo”.
El senador del PAN, Héctor Larios Córdova, manifestó que la desaparición de poderes es una manera de darle cauce institucional a este problema y resolver el conflicto social, “porque hay un enorme encono en la sociedad que estas acciones han generado”.
Dijo que este tema no es una cosa menor, sino un asunto de enorme trascendencia en el país, “pues no puede resolverse sobre las rodillas la desaparición o no de los poderes”.
Es necesario conocer con detalle lo que sucedió, quiénes lo ordenaron y ejecutaron, porque no es un tema sencillo encontrar que las policías municipales entreguen aparentemente a organismos de la delincuencia organizada a los estudiantes, afirmó.
En el PAN esperamos que el gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo, “que ostenta, pero no ejerce, y que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero”, puntualizó.
Alejandro Encinas expresó que se tiene que asumir que este acto de barbarie y terror es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia del país.
Indicó, que pone en evidencia la debilidad de la autoridad municipal, de Guerrero y del Estado mexicano, así como el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública.
Destacó que esta crisis es algo que no se puede seguir escondiendo o tratar de delegar sólo a la responsabilidad de los estados, cuando en gran medida el problema que detona es la operación de la delincuencia organizada, vinculada con actividades de narcotráfico.
“He sido muy crítico en mi partido y he insistido en que las investigaciones vayan a conocer el alcance y la penetración del alcalde de Iguala y de este grupo delictivo en la estructura orgánica del PRD y si hubo financiamiento a alguna corriente, dirigente o campaña”, subrayó.
Tenemos una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a resolver, queremos una investigación a fondo para que caiga quien caiga, puntualizó.
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