El hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya permitió documentar la continuidad en el abordaje del caso Ayotzinapa por parte de esa dependencia durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
- Una revisión de algunos de los millones de documentos filtrados por los activistas de Guacamaya alerta sobre la existencia de una política institucional de la Sedena de ocultamiento de información, de protección a personal militar, el desdén a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), así como el recelo hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las organizaciones de la sociedad civil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.
El pasado 3 de octubre, los medios dieron a conocer documentos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y obtenidos por la filtración de Guacamaya, que revelaban cartas enviadas a López Obrador.
- En una de las misivas, fechada el 18 de enero de 2021, Sandoval evidencia su intención de influir en el proceso penal que se sigue contra el capitán José Martínez Crespo, exculpándolo de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y su papel en la desaparición de los estudiantes.
- Otra carta, del 31 de marzo del mismo año, cuestiona la decisión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de reabrir la recomendación 15VG/2018, relacionada con el caso Ayotzinapa, focalizándola en la participación del Ejército.
El 16 de abril de 2021 Sandoval González reportaba a López Obrador que, ante cuestionamientos de las expertas Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz sobre el Centro Regional de Fusión e Inteligencia de Iguala, les respondió que “dicho centro dependía del entonces Centro de Investigación y Seguridad”.
- El 29 de septiembre de 2022, en su último informe el GIEI señaló que el secretario alegó que los datos que solicitaban, entre ellos el uso del programa espía Pegasus, “no se encuentran o no existen, aspecto que no responde a la verdad”.
- Semanas antes de la presentación de ese informe, la agenda del titular de la Sedena revelaba que el 18 de septiembre –cuando presentó su reporte Alejandro Encinas, presidente de la Covaj– se reunió con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra.
En su calidad de comisario de la Gendarmería en Guerrero, de la entonces Policía Federal, García Harfuch fue uno de los funcionarios federales que después de la desaparición de los normalistas se reunieron en Iguala con Tomás Zerón, en ese momento encargado de la investigación y ahora prófugo, como uno de los responsables de construir la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto.
El GIEI, “izquierda radical”
Documentos obtenidos gracias al hackeo de Guacamaya resaltan la preocupación en la Sedena por el caso Ayotzinapa desde el inicio de la administración de López Obrador.
El 19 de diciembre de 2018 se envió desde el correo del jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, al correo del secretario Sandoval González el documento “Propuesta para fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas”, en el que se recomienda reforzar la propaganda castrense ante el desafío que representaría “la creación de la Guardia Nacional”, que implicaría que “la seguridad del país estará, más que nunca, bajo la responsabilidad del Ejército”.
General impidió excavaciones en cuartel
El ex jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de división D.E.M. retirado Humberto A. Guillermo Aguilar, instó al Secretario de la Defensa Nacional a desaparecer las salas de arresto de sus cuarteles, ante la visita de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, así como a impedir remociones de piso y excavaciones en el terreno.
- Lo anterior se desprende de un correo electrónico remitido a finales de enero del 2015 al correo de la Unidad de Asesores del Alto Mando, y dirigido al titular de la Sedena (en ese entonces Salvador Cienfuegos), que forma parte de los documentos internos del Ejército difundidos a partir del hackeo del colectivo Guacamaya.
“Es posible que aún existan salas de arrestados con reja, de ser así, es necesario ordenar que se quiten y se saquen de los cuarteles”, señala Guillermo Aguilar en sus recomendaciones.
“No aceptar la remoción de losas de concreto o excavaciones del terreno, argumentando que existen desde años anteriores y que las tierras no presentan indicios de haber sido removidas recientemente”.
- En la comunicación advierte además de una estrategia por parte de los asesores de los padres de los normalistas para buscar hacer caer en contradicciones a los mandos de instalaciones militares, por lo que recomienda que el comandante de dicho batallón se ajuste a las declaraciones iniciales.
“Que el Comandante del 27/o B.I. se ajuste a las declaraciones oficiales o versión oficial y evite caer en contradicciones, en el concepto que por ningún motivo deberá aceptar que a los cuarteles se concentran civiles detenidos”, refiere.
“A pregunta expresa contestar que los civiles detenidos son llevados de sus lugares de detención a las A.M.P. correspondientes para su consignación”.
El 27 Batallón de Infantería era encabezado por el entonces coronel José Rodríguez Pérez, a quien el pasado mes de septiembre se le dictó formal prisión por su presunta participación en el caso de Ayotzinapa, donde se le señala de haber ordenado asesinar y desaparecer a seis normalistas.
“Los padres de los normalistas desaparecidos saben que en los cuarteles no van a encontrar a sus hijos”, opinó el asesor, “por lo que se estima que su visita tendrá por objeto presionar a los mandos para hacerlos caer en contradicciones que les permitan hacer acusaciones más concretas”.
Además altos mandos castrenses han orquestado una operación para limpiar la imagen del Ejército del caso de Ayotzinapa y deslindar a militares de la desaparición de los normalistas.
- Como parte de estas maniobras, se ventilaron una serie de correos de Guillermo Aguilar con recomendaciones a Cienfuegos, donde sugería criminalizar a los estudiantes y desacreditar a sus padres, defender la “verdad histórica” y la salida del grupo de expertos del GIEI.
- Guillermo Aguilar fue jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y director general de Industria Militar, y se le señaló como parte de un esquema de compra-venta ilegal de armas de una empresa alemana por parte de Sedena, según una publicación de Proceso de mayo del 2018.
De los distintos documentos sobre la agenda privada del actual Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se desprende también que en 2020 sostuvo una reunión con el General Brigadier retirado José Rodríguez Pérez, implicado y actualmente preso por el caso Ayotzinapa.
En múltiples correos electrónicos enviados a la dirección del propio Sandoval, entre el 26 y el 30 de octubre, con eventos y reuniones privadas de la agenda del titular de Sedena, aparece el encuentro programado el 8 de octubre de ese año con quien estuvo al frente del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cuando sucedieron los hechos.
“1200: Audiencia al Gral. Brig. Ret. José Rodríguez Pérez”, dice el documento con la leyenda de confidencial.
- El pasado mes de septiembre Rodríguez Pérez fue detenido y se le dictó, junto con otros dos militares, formal prisión por su participación en el caso de los 45 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Se le señala de haber ordenado asesinar y desaparecer a seis normalistas.
- De acuerdo con información difundida por el propio Alejandro Encinas -subsecretario de Derechos Humanos de Segob y quien encabeza la Comisión de la Verdad sobre el caso- el general Rodríguez Pérez está acusado del delito de delincuencia organizada.
En noviembre del 2015, poco más de un año después de los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, había sido ascendido de coronel de infantería a general brigadier, según consta también en oficios enviados entonces para la ratificación de su ascenso.
Se ‘tocará a quien sea’, incluso al Ejército: nuevo fiscal
Las pesquisas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continuará “a pesar de quien sea”, dijo este lunes Roseando Gómez Piedra, nuevo fiscal especial para el caso.
“(El compromiso) es seguir trabajando las mismas líneas de investigación, con responsabilidad, honestidad, lealtad e imparcialidad, con todos los principios que marca la ley”, aseguró a medios de comunicación tras el encuentro que las madres y padres de los normalistas tuvieron en Palacio Nacional.
- Gómez fue cuestionado sobre si se actuaría contra el Ejército, dado que derivaron cinco órdenes de aprehensión contra militares con base en el segundo informe de la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa.
“A pesar de quien sea, cero impunidad, se los dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y lo rectificamos nosotros”, respondió el funcionario.
Se le insistió si la Sedena no será un obstáculo para la impartición de justicia, lo cual negó, pues “de ninguna manera porque hay una apertura total”.
Al ser la primera reunión que tiene con los padres, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, el nuevo funcionario aceptó que fue recibido con escepticismo.
“Al principio muy escépticos, pero ahorita más receptivos, pero vamos a reunirnos con ellos para que vayan con nosotros platicando, quizá en 15 días”, explicó.
- El fiscal también descartó que el estado de salud de Jesús Murillo Karam, exprocurador federal de la República, quien fue intervenido quirúrgicamente, pueda afectar la investigación.
- Además, no descartó que se den más órdenes de aprehensión conforme sigan avanzando las investigaciones.
Respecto del proceso para extraditar a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y quien es acusado de tortura para obtener declaraciones que sustentaran la ‘Verdad Histórica’, indicó que se sigue la integración del expediente solicitado por el gobierno israelí.
Es un asunto sujeto a “pláticas diplomáticas”, por lo que no está en sus manos, aclaró el fiscal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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