Un tribunal federal otorgó a Greenpeace la suspensión definitiva derivada de un juicio de amparo para que el Gobierno de la autoproclamada cuarta transformación mantenga sus compromisos internacionales de la Agenda 2030 respecto a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
- De acuerdo con la resolución del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificada como RA INC 81/2021 y con fecha del 2 de septiembre pasado, la organización defensora del medio ambiente obtuvo la suspensión definitiva para que sigan los criterios de la Agenda 2030 sobre el combate del cambio climático, adoptados por México en 2015.
- Por lo que se dejaron sin efectos las actualizaciones sobre los compromisos de reducción de Gases de Efecto Invernadero, aprobadas en 2020 por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque flexibilizan la emisión de contaminantes que contribuyen al calentamiento global.
- De modo que la suspensión otorgada significa que el Estado mexicano observe el compromiso internacional en los términos asumidos en la Convención de París en 2015.
Lo anterior, debido a que aunque las metas generales de 2015 se mantienen, el Gobierno había ajustado a la baja sus compromisos en la disminución de las emisiones contaminantes en transporte y generación de electricidad, entre otros rubros.
Al respecto, Greenpeace explicó en su cuenta de Twitter, el 2 de octubre pasado que “la decisión del tribunal de suspender la parte regresiva, constituye un precedente trascendental, ya que envía el mensaje de que ningún país signatario de los acuerdos de París, puede dar marcha atrás en el cumplimiento de sus compromisos climáticos”.
Sin embargo, la administración federal todavía puede apelar el fallo y llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
LOS INCUMPLIMIENTOS
De acuerdo con la justificación para otorgar el amparo, México mantiene sus compromisos sobre el combate al cambio climático, pero no aplicó el principio de progresividad, por lo que Greenpeace ganó el amparo para que se aplique el documento adoptado por el país en 2015.
- La Contribución Determinada a Nivel Nacional es el compromiso que los países tienen para reducir los efectos del calentamiento global. En el caso de México, según el análisis de Greenpeace, con la actualización de 2020 se redujeron varias metas.
Se eliminó el pico de emisiones de Gases Efecto Invernadero para 2026, “que reflejaba el momento a partir del que las emisiones anuales netas deberían comenzar a reducirse para alcanzar la meta en 2030”.
A su vez, “se eliminó la meta para 2050 de reducción de 50% de emisiones de GEI del volumen con respecto a las registradas en el año 2000”.
- Por lo que la suspensión definitiva otorgada a la organización internacional señala que el Gobierno federal “debe continuar con las correspondientes actuaciones en términos de lo previsto en los Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030, emitidos por el Estado mexicano en 2015”.
De acuerdo con el tercer informe de Gobierno, el documento anulado por el juzgado federal buscaba el “respeto a los derechos humanos, que integra el enfoque de igualdad de género, da prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables y fomenta el reconocimiento y aplicación de los conocimientos científicos en conjunto con los saberes de los pueblos originarios indígenas”.
CONTRARREFORMA ELÉCTRICA DE LA 4T TRAERÁ IMPLICACIONES
A decir de la organización ambientalista Greenpeace México, la iniciativa presidencial para modificar tres artículos constitucionales y devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, y cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria y puede también afectar la colocación de techos solares para autoconsumo de los hogares.
- Esta modificación puede tener implicaciones también en la generación distribuida (que es la que se realiza a pequeña escala principalmente mediante techos fotovoltaicos) ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo, expuso Greenpeace México.
Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”, aseveró la organización.
Además, el despacho queda sujeto a las decisiones de la CFE en orden de méritos de costo de producción, con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad y al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, Greenpeace considera que existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho, pero lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables (en el texto “intermitentes”) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos.
Lo anterior abre la puerta también a que tecnologías que no estaban siendo despachadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria.
“Poder quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación que es uno de los pilares de la política energética”, consideraron, “el uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará el precio de la luz. El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos”.
- Además, manifestó su preocupación ante la desaparición de los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se integraría a la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía, que se incorpora a la CFE, lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector porque el hecho de que la CFE pueda funcionar como juez y parte en el sistema eléctrico nacional, deja mucho margen a tomas de decisiones que no necesariamente sean las mejores.
“Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo”, demandó Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.
- En ese sentido, Greenpeace México exigió que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es el que más aporta en el país y que genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más del 30 por ciento de hogares mexicanos.
- Finalmente, explicó que luego de revisar cuidadosamente la propuesta de Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada ante el Congreso de la Unión, Greenpeace México considera que se trata de un documento con elementos positivos, pero también con retos.
Al respecto, señaló que “en cuanto a los aspectos positivos, destaca el hecho de que devuelve a la Nación la potestad de los recursos naturales (en este caso se centra sobre todo en el litio), lo cual se había modificado con la reforma del 2013”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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