Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo.
Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 «reportes de actividades sospechosas» elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Estos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers.
Y 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países, pasaron 16 meses tirando de los hilos que encontraron en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados.
- El resultado de esas investigaciones, que en palabras del ICIJ es «un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos», empezará a ser publicado a partir de este domingo por los socios del consorcio.
- En América Latina estos incluyen a medios como Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en México; Perfil, Infobae y La Nación, en Argentina; Armando Info, en Venezuela; Connectas y El Espectador, en Colombia; Convoca, en Perú y LaBot, en Chile, entre otros.
¿Que hay en los FinCEN Files?
La mayoría de los documentos contenidos en los FinCEN Files son «reportes de actividades sospechosas» (SARs, por sus siglas en inglés) enviados a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017.
- Estos documentos son algunos de los secretos mejor guardados del sistema bancario internacional y son utilizados por los bancos para informar sobre comportamientos sospechosos de sus clientes.
- Los SARs no necesariamente refieren a delitos ni constituyen prueba de delitos.
- Pero cualquier inquietud vinculada a transacciones realizadas en dólares estadounidenses debe notificarse al FinCEN, incluso si tiene lugar fuera de los EE.UU.
- Por eso, las repercusiones de las investigaciones derivadas de los FinCEN Files se harán sentir por todo el mundo.
«A partir de los archivos secretos, los periodistas rastrearon los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, EE.UU., hasta un laboratorio químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este; identificaron a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a las galerías de Nueva York; y siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y hospitales», dice el ICIJ sobre a algunas de las historias investigadas.
El FinCEN, por su parte, dijo que la filtración podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan los informes.
Fergus Shiel del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dijo que los archivos filtrados dan una «idea de lo que los bancos saben sobre el vasto flujo de dinero sucio en todo el mundo».
Y según Shiel, los documentos también ponen en evidencia las cantidades extraordinariamente grandes de dinero involucradas.
- Los documentos en los FinCEN Files cubren alrededor de US$2 billones de transacciones, pero son solo una pequeña proporción de los SARs presentados durante el período.
¿Qué dicen los FinCEN Files de América Latina?
Los hallazgos vinculados a personalidades e instituciones latinoamericanas se irán haciendo públicos en los próximos días.
Pero, por lo pronto, en México la revista Proceso empezó destacando una posible «actividad sospechosa» del asesor político venezolano Juan José Rendón que, según Deutsche Bank, «podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto».
El reporte, que menciona «seis transferencias sospechosas, por un total de US$180.000 entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017» fue incluido en el «Resumen Semanal de la Cleptocracia» -un documento confidencial del FinCEN- de mayo de 2017.
- Según el documento, el dinero podría haber sido utilizado por Rendón para pagarle a un hacker que «realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […] e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012».
- El tema también fue tocado por «Mexicanos contra la corrupción y la impunidad» (MCCI).
- Pero el portal también destacó que entre los documentos filtrados hay varios que remiten a «operaciones sospechosas de lavado de dinero de organizaciones delictivas como el cártel de los Zetas y Rafael Caro Quintero del cártel de Guadalajara».
Y, siempre según MCCI, las filtraciones también tocan «la conexión mexicana en un programa secreto de misiles en Irán; las operaciones financieras en Suiza de un encumbrado funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y también la triangulación de fondos, desde México, a una compañía de casinos en Las Vegas, de un empresario que ha financiado la carrera política de Trump», entre otros temas de próxima publicación.
En Venezuela el portal Armando Info arrancó su serie de publicaciones con un amplio reportaje sobre lo que los FinCEN File revelan de las operaciones del empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno de EE.UU. acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.
- Y Venezuela también es uno de los objetos de atención de The Miami Herald, que utilizó la información contenida en los FinCEN Files para contar como «a medida que Venezuela se hundía cada vez más en un infierno de miseria, ricos expatriados se enriquecían cada vez más».
La primera historia del Herald se centra sobre todo en la figura de Martín Lutsgarten, un empresario venezolano que reside en Miami que se enriqueció «como corredor de divisas de la élite venezolana sospechosa del robo de miles de millones», y su cooperación con la justicia estadounidense.
- En Argentina, por su parte, La Nación y Perfil iniciaron sus entregas identificando a personalidades de ese país que movieron dinero a través de Meestral Assets, «una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014».
Entre estas personalidades destaca el presentador de televisión Marcelo Tinelli, quien acapara los titulares, además de «un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios».
Pero, como explica La Nación, más que la presunción de actividades ilícitas, la alerta estuvo motivada por el uso de una misma cuenta por parte de «personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales».
Y, a través de una vocera Tinelli le dijo a La Nación que los fondos que él había transferidos eran producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas» y se habían «utilizado para el pago de gastos personales». El presentador, sin embargo, reconoció que la cuenta no había sido declarada «oportunamente» al fisco argentino «por discrepancias de interpretación». «Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta», señaló la vocera.
Siempre en Argentina, Perfil también destacó que FinCEN rompió relaciones con las autoridades financieras del país en dos ocasiones, descontenta por la filtración de informas confidenciales.
En la primera oportunidad, en 2009, el reporte en cuestión involucraba a un importante opositor del entonces presidente Néstor Kirchner, y en 2015 a movimientos en una cuenta sospechosa del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Infobae, por su parte, destaca en su cobertura las sospechas generadas por transacciones entre la agroexportadora Vicentín – que estuvo a punto de ser nacionalizada por el gobierno del presidente Alberto Fernández-y la multinacional Glenncore Grain.
Finalmente, en Colombia, la primera entrega de El Espectador se centra en la compra de un cuadro del célebre pintor colombiano Fernando Botero por parte de una empresa empleada por la constructora brasileña Oderbrecht para el pago de sobornos.
«Se debe resaltar que el maestro Fernando Botero no está bajo investigación alguna», destaca sin embargo el diario colombiano.
Los principales bancos involucrados
La filtración generará lecturas incómodas para algunos de los principales bancos del mundo.
Estas son algunas de las revelaciones que estos seguramente preferirían haber mantenido fuera del conocimiento público.
- HSBC permitió a estafadores mover millones de dólares de dinero robado por todo el mundo, incluso después de enterarse por boca de investigadores estadounidenses de que era parte de una estafa.
- JP Morgan permitió que una empresa moviera más de US$1.000 millones a través de una cuenta de Londres sin saber quién era el propietario. Más tarde, el banco descubrió que la compañía podría ser propiedad de un mafioso en la lista de los 10 más buscados del FBI.
- Se encontró evidencia de que uno de los socios más cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, utilizó al Barclays Bank en Londres para evitar sanciones que estaban destinadas a impedir que usara los servicios financieros en Occidente. Parte del efectivo se utilizó para comprar obras de arte.
- El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos no actuó ante las advertencias sobre una empresa local que estaba ayudando a Irán a evadir sanciones.
- Deutsche Bank movió el dinero sucio de los lavadores de dinero para el crimen organizado, terroristas y narcotraficantes.
- Standard Chartered movió efectivo para Arab Bank durante más de una década después de que cuentas de clientes en el banco jordano se utilizaran para financiar actividades terroristas.
¿Qué tiene de diferente esta filtración?
Ha habido numerosas grandes filtraciones de información financiera en los últimos años, que incluyen:
- Paradise Papers (2017): una filtración de documentos del proveedor de servicios legales en el extranjero Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera. Los dos operaron juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los documentos revelaron las operaciones financieras extraterritoriales de políticos, celebridades y líderes empresariales.
- Panamá Papers (2016): documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca que dieron más detalles sobre cómo las personas adineradas se estaban aprovechando de regímenes fiscales extraterritoriales.
- Swiss Leaks (2015): documentos del banco privado suizo de HSBC que mostraron cómo se estaban utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ayudar a los clientes a evadir el pago de impuestos.
- LuxLeaks (2014): contenía documentos de la empresa de contabilidad PricewaterhouseCoopers que mostraban que las grandes empresas estaban utilizando acuerdos fiscales en Luxemburgo para reducir la cantidad de impuestos que tenían que pagar.
Los FinCEN Files, sin embargo, son diferentes porque no son solo documentos de una o dos empresas, sino que proceden de varios bancos.
Destacan una serie de actividades potencialmente sospechosas que involucran a empresas e individuos y también plantean preguntas sobre por qué los bancos que reportaron esas actividades no siempre actuaron ante esas preocupaciones.
En México solo el 2% son castigados
México es una gran lavadora de dinero. Cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento.
En México es posible lavar dinero sin temor a ser procesado por la justicia. Poco importan las transacciones bancarias de grandes montos, los depósitos en efectivo por millones de dólares o empresas fantasma triangulando dinero de paraísos fiscales hacia al país.
De hecho, organismos internacionales han ubicado al país como un lugar donde la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades facilitan que el dinero se mueva de manera ilegal.
Ahora, una investigación de MCCI revela que, en 13 años de gobierno, se abrieron 1,632 averiguaciones y las autoridades mexicanas solamente han logrado sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero.
La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.
A través de solicitudes de acceso a la información realizadas durante un año a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF) se encontró que México ha fracasado en el combate al lavado de dinero.
En los últimos 13 años, 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados por las autoridades del delito de recursos de procedencia ilícita.
MCCI analizó el total de amparos y encontró las razones por las cuales los acusados ganaron ante los tribunales: falta de pruebas y violaciones a los derechos humanos son algunos de los motivos por los cuales se cayeron los casos.
A través del análisis de estos 373 expedientes, se encontraron diversas irregularidades en las que incurrieron policías, autoridades de la UIF, así como el Ministerio Público.
A pesar de que las autoridades presumieron que las detenciones se dieron a través de acciones de inteligencia financiera, MCCI detectó que solo en 8 expedientes se iniciaron investigaciones por lavado de dinero luego de realizar un rastreo en sus cuentas bancarias.
Los casos sucedieron en flagrancia, es decir, cuando policías o elementos del Ejército Mexicano detectaron que los presuntos delincuentes portaban un arma, droga o fajos de billetes. De igual forma, presuntos delincuentes fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando pasaron su maleta por la banda de seguridad. La mayoría de los casos eran mujeres que transportaban montos entre los 80 mil y 500 mil dólares.
Los amparos revelan que existieron al menos tres patrones por los cuales se cayeron los casos en los tribunales: el Ministerio Público no logró acreditar el delito; hubo irregularidades durante la detención; y en otros se cometieron violaciones a sus derechos humanos como lo fue la tortura y la retención ilegal.
Para entender los motivos del fracaso contra el lavado de dinero, MCCI entrevistó el 13 de marzo a Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según el funcionario, la corrupción dentro del Ministerio Público, la colusión de jueces con el crimen organizado, y la inexperiencia en materia penal de las anteriores administraciones de la UIF fueron las razones por las cuales existe este índice de impunidad.
La nueva administración se ha caracterizado por interponer denuncias ante la FGR. Incluso en lo que va del sexenio la UIF ya igualó en cantidad de denuncias (alrededor de 200) a todo el periodo del gobierno de Felipe Calderón, en el que hubo un ataque frontal, al menos en el discurso, contra los grupos del narcotráfico.
La eficacia de dichas denuncias aún no marca una diferencia en la cantidad de personas procesadas por estos delitos, pero Santiago Nieto se deslinda de los pocos resultados y acusa a los ministerios públicos.
De acuerdo con el titular de la UIF, otro de los factores que ha influido en que el delito de lavado de dinero quede impune es la poca experiencia en materia penal de las otras administraciones de dicha unidad de investigación. Es decir, si bien se hacía análisis financiero de las cuentas esto no lo convertían en un proceso judicial.
- Uno de los problemas para perseguir el lavado de dinero, explica Nieto, es que se tiene que acreditar un delito previo: “Es decir, acredita trata y ya el tema del dinero ya no les importa”.
- La UIF tiene dos formas de comenzar una investigación: por órdenes de alguna autoridad y las derivadas de los reportes bancarios. La cantidad de estos últimos es de tal magnitud —tan solo en 2018 hubo más de un millón— que se utiliza un modelo de riesgo del 0 al 10 para calibrar la importancia de los casos.
Por ejemplo, si un joven de 18 años recibe millones de pesos en su cuenta, el banco debe encender la alerta y elaborar un reporte de operación inusual, o bien cuando se hace una operación arriba de los 10 mil dólares se levanta un reporte de operación relevante. Aunado a éstos, la UIF recibe también reportes de compras y movimientos en inmobiliarias, joyerías, incluso casinos.
Sin embargo, en lo que va de la administración tampoco se ha tenido un caso en el que una alerta bancaria derive en una averiguación judicial.
Esto también tiene que ver con la capacidad con la que México procesa los reportes.
En las instalaciones de la UIF se cuenta con la infraestructura tecnológica para recibir y ordenar los reportes bancarios en tiempo real, pero no con el personal suficiente. Por ejemplo, hay tan solo una actuaria que elabora los análisis de riesgos. De hecho, en entrevista Nieto aceptó que los bancos se habían quejado con la UIF debido a que no veían resultados concretos con los reportes que entregaban.
Las filtraciones a las que MCCI tuvo acceso como parte de la investigación mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) son los reportes de actividad sospechosa (SAR) que elaboran los bancos que operan en Estados Unidos.
Ligado a lavado de dinero en HSBC ahora labora para la 4T
La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastreó durante meses las rutas mediante las cuales los narcos mexicanos y colombianos lavaban dinero en el sistema financiero de ese país en la primera década de este siglo.
- Años de trabajo policial y de inteligencia financiera produjeron un resultado al finalizar 2012: el HSBC de México era entre 2006 y 2010 uno de los bancos recomendados por los propios traficantes y lavadores de dinero por sus laxos controles y su proclividad a hacerse de la vista gorda con tal de mantener un flujo constante y elevado de negocios.
- El hallazgo de las múltiples fallas y omisiones del banco para evitar el lavado de dinero ilícito derivó en la multa más cuantiosa que se halla impuesto a una institución financiera tanto en EU como en México: allá la penalización fue de mil 900 millones de dólares; acá, de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares).
Quinto Elemento Lab obtuvo mediante la Ley de Acceso a la Información Pública el vasto expediente elaborado entre 2007 y 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual muestra en más de 20 tomos con 10 mil hojas que la alta dirección de HSBC México incurrió en fallas consideradas graves, entre las cuales están las siguientes:
- Omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas.
- Permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a EU.
- Dilató a propósito la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales.
- Mantuvo hasta el último momento posible relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves.
Los hallazgos de las autoridades mexicanas iban en sintonía con lo que un auténtico escuadrón de fiscales y agentes especializados de EU revelarían seis meses después, el 11 de diciembre de 2012: el Departamento de Justicia informó que HSBC había aceptado su responsabilidad plena en la comisión de delitos que afectaban gravemente el funcionamiento del sistema financiero de Estados Unidos y que el banco aceptaba la mayor multa jamás impuesta en ese país.
Al HSBC y a sus filiales, remarcadamente HSBC México, las acusaron de, entre otros, cinco señalamientos graves:
- Fallar deliberadamente en mantener y ejecutar estrictos controles que evitaran el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
- Mantener “pasmosas y evidentes pifias” de supervisión que permitieron que narcotraficantes de México y Colombia lavaran al menos 881 millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos en el periodo 2006-2010.
- “Hacerse de la vista gorda ante el lavado de dinero” que ocurría en “mero enfrente de sus ojos”.
- Fallar intencionalmente a la hora de poner en marcha un programa eficaz para monitorear operaciones sospechosas realizadas en HSBC México.
Contar con un sistema tan débil de controles anti lavado en HSBC México que los narcos depositaban diariamente cientos de miles de dólares a granel en las cuentas del banco.
El acuerdo de las autoridades de EU con HSBC sólo validaba lo que el Congreso de ese país había documentado por su parte en una exhaustiva investigación realizada durante el primer semestre de ese año.
El reporte elaborado por el equipo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EU, con el título “Vulnerabilidades de EU al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento al terrorismo: la historia del caso HSBC”, sentaba las bases para las conclusiones a las que llegaría el Departamento de Justicia medio año más tarde.
De las 334 páginas de la investigación del Senado de EU, una cuarte parte se dedicó a examinar las múltiples fallas y deficiencias en el desempeño antilavado de HSBC México.
Y en las 77 páginas del segmento dedicado a revisar las prácticas del banco en México, se menciona en 59 ocasiones el nombre de un ejecutivo mexicano cuyo desempeño fue cuestionado severamente.
Ramón García Gibson.
Esa misma persona es hoy un alto funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus tareas son, impensablemente, las de prevenir desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el lavado de dinero.
Tan impensables como que HSBC México sea un banco reincidente: desde que le impusieron la histórica multa, ha recibido 19 sanciones más por lo mismo: sus fallas para prevenir el lavado de dinero.
Día tras día, durante casi seis meses entre 2007 y 2008, un compacto equipo encabezado por Lorena Campia Acevedo se hizo presente en la torre HSBC ubicada sobre Paseo de la Reforma, casi enfrente del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.
El objetivo de ese grupo de auditores era documentar lo que entre las autoridades mexicanas de inteligencia financiera era casi una certeza: el HSBC era el banco favorito de diversos grupos de narcotraficantes por sus débiles medidas para evitar el lavado de dinero y su disposición a mantener relaciones de negocio con personas y empresas sobre las que existían continuas alertas de que utilizaban el sistema financiero nacional para limpiar recursos procedentes de operaciones ilícitas.
Durante cientos de horas se dedicaron a revisar estados de cuentas, expedientes de los clientes, reportes de operaciones inusuales, sistemas de monitoreo de actividades de alto riesgo, entre decenas más de documentos.
El trabajo realizado durante seis meses produjo aproximadamente 20 tomos integrados por unas 10 mil hojas en total, al cual los autores de este texto tuvieron acceso completo gracias a solicitudes de acceso a la información y a recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.
Los auditores de la CNBV hicieron dos visitas de inspección. La primera, de julio a agosto de 2007; la segunda, de julio a octubre de 2008. Acomodados en un espacio destinado especialmente para ellos, con mucha paciencia y minuciosidad, produjeron reportes que dieron pie a la multa de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares).
La abundancia de deficiencias e irregularidades encontradas hizo que las autoridades financieras mexicanas llegaran a la conclusión de que HSBC se constituyó en un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”.
- Francisco Romo Navarrete, titular de la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, sintetizó los hallazgos en un oficio fechado el 29 de agosto de 2011:
- Las ineficiencias detectadas por los auditores en HSBC México “pusieron en riesgo el régimen de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo del sistema financiero nacional, con las consiguientes repercusiones financieras, económicas y políticas”.
- Entre las miles de hojas que constan en el expediente obtenido por este equipo de investigación se encuentran las minutas de las sesiones del Comité de Comunicación y Control (CCC) del HSBC México, el máximo órgano interno de ese banco para atender todos los aspectos vinculados al lavado de dinero, clientes de alto riesgo, personas políticamente expuestas, operaciones inusuales y transacciones sospechosas.
Presidido por el titular de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento, en el comité participan representantes de los diversos segmentos de negocio del banco, del área jurídica, así como de los órganos encargados de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Al CCC le han asignado diversas funciones, pero de entre ellas destaca la primordial: evitar que el banco sea un instrumento para lavar las ganancias derivadas de actividades como el narcotráfico.
La revisión y análisis de 20 minutas de las sesiones mensuales del CCC muestran con detalle la manera en que sus integrantes incurrieron deliberadamente en omisiones e irregularidades entre junio de 2006 y marzo de 2008, periodo en que casas de cambio y negocios de transferencias electrónicas de fondos usaron a HSBC para lavar recursos provenientes del narcotráfico.
El blanqueo de capitales producto del tráfico de drogas se extendió más allá del periodo revisado en las minutas. Según revelaciones del Departamento de Justicia de EU, la cifra llegó a más de 881 millones de dólares entre 2006 y 2010.
- Las copias de las minutas, a las cuales ya no es posible acceder actualmente debido al amparo concedido a HSBC México después de que la CNBV entregara a este equipo de periodistas el expediente completo, permiten apreciar con inusual detalle la resistencia de los integrantes del CCC a cumplir con sus funciones.
Por ejemplo, su negativa a reportar las operaciones sospechosas y a cancelar las cuentas de Unimed, empresa propiedad de Zhenly Ye Gon, ciudadano de origen chino acusado de lavado de dinero; o a clausurar la relación con la Casa de Cambio Puebla y con Sigue Corporation, negocios a los que las autoridades de EU ya les habían congelado decenas de millones de dólares por considerar que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Norte del Valle de Colombia./Agencias-PUNTOporPUNTO
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