En los 10 estados de la República en que hubo cambio de gobierno entre 2017 y 2018, los gobernadores salientes quedaron a deber en materia de rendición de cuentas presupuestal. Y a pesar de ejercer el erario estatal de manera discrecional e ineficiente, al margen de la ley y bajo el velo de la opacidad, en nueve casos no hubo consecuencias legales para los ex mandatarios.
- En la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán –así como en el resto de los 32 estados que componen la Federación mexicana– los problemas presupuestales, hasta el cierre del año pasado, estuvieron relacionados con el crecimiento injustificado de partidas de gasto administrativo, diferencias significativas entre los montos aprobados y devengados, sobreejercicios sistemáticos en el gasto burocrático y falta de contrapesos en el ejercicio de los recursos públicos estatales, refieren datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- A pesar de que en el último año las administraciones de estos 10 estados no cumplieron (a cabalidad) con algunos de los estatutos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Poder Legislativo no exigió, en todo caso, la comparecencia de los ahora ex mandatarios. Los congresos locales, por su parte, también fallaron como contrapeso al hacer “poco uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de finanzas locales les remiten”, refiere el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018 del IMCO.
Sólo en el caso del estado de Nayarit, por ejemplo, el ex Gobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) fue sancionado. En agosto de este año, la Comisión Especial de Gran Jurado del Congreso local aprobó la inhabilitación de Sandoval, por casi 13 años, para desempeñarse en cualquier cargo público. La determinación derivó de una investigación en su contra por el presunto desvío de 2.7 mil millones de pesos del erario público a favor de algunos integrantes de su partido (el PRI).
Después de Nayarit, en el resto no hubo sanciones
- Mientras que los ex gobernadores Mario López Valdez (Sinaloa), Graco Ramírez Garrido (Morelos), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato) y Rolando Rodrigo Zapata (Yucatán) libraron los problemas de rendición de cuentas no aclarados de sus respectivas administraciones, otros –como en los casos de Miguel Ángel Mancera Espinosa (CdMx), Eruviel Ávila Villegas (Edomex), Rafael Moreno Valle (Puebla), Rubén Moreira Valdés (Coahuila) y Mariano González Zarur (Tlaxcala)– ahora se desempeñan en el Congreso de la Unión sin responsabilidad imputable por las posibles violaciones legales.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto mejoraron la transparencia y el acceso a la información pública. No obstante, dijo a SinEmbargo Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO, “el proceso de rendición de cuentas todavía no ha llegado a México”.
Ello se debe a que, a pesar de que hay más y mejor información pública, aún no existe una justificación adecuada de las acciones que realizan las autoridades o los gobiernos (como las modificaciones y variaciones presupuestarias). Tampoco existe un debido proceso de seguimiento o fiscalización, que aleja la posibilidad de que haya sanciones a quienes incurran en violaciones legales y administrativas.
- Para Liliana Ruiz, investigadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, la administración peñanietista dejará pendientes los asuntos relacionados con las variables de ingresos (máxime de aquellos “por aprovechamientos” de los que se desconoce el detalle de su origen; y también de aquellos “excedentes” anuales en que no hay claridad en cuanto a su origen y destino), de gastos (sobre todo en materia de aprobación y adecuaciones presupuestarias, que es opaca y que sólo se justifican si coadyuvan al adecuado desempeño de los programas gubernamentales) y de deudas (cuyo justificación y destino no son claros).
- La falta de contrapesos a los poderes ejecutivos estatales, de castigos adecuados ante el incumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental, de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, así como la carencia de rigor en las evaluaciones oficiales, han creado –según el IMCO– amplios márgenes para la “creatividad contable” de las administraciones estatales de México.
- Esta situación implica que la aprobación de los presupuestos de egresos sea “una mera formalidad” que, en lugar de imponer un tope al gasto público, constituye un “cheque en blanco” para los poderes ejecutivos de los estados.
- Ejemplo de ello son algunos de los gastos desproporcionados que el IMCO registró en Coahuila, Morelos y Yucatán en 2017. De acuerdo con el IIEG, el primero gastó 1 mil 429 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cantidad equivale al gasto total en materia de seguridad pública de la entidad (1 mil 449 millones de pesos) en donde el 55 por ciento de la población considera a la inseguridad como el principal problema.
- Morelos, por su parte, destinó 154.7 millones al rubro de comunicación social. De este modo invirtió 63.2 millones más que lo que erogó para impulsar programas relacionados con los servicios de salud estatal (91.6 mdp). Y en el caso de Yucatán, el Poder Ejecutivo local gastó 378.4 millones para realizar ceremonias oficiales, cantidad que equivale al 97 por ciento de su gasto en inversión pública (390 mdp).
Los excesos en los gastos de los estados reflejan “una mala planeación” presupuestaria que deriva en más contratación de deuda pública y en gastos “innecesarios” en partidas “no prioritarias” (como suministro de materiales, gasolina, sueldos y honorarios, ceremonias oficiales, viáticos y publicidad oficial) que terminan siendo inconsistentes con ciertas prioridades gubernamentales, como lo es la austeridad presupuestaria.
En 2017, por ejemplo, las entidades federativas tuvieron 18 por ciento más ingresos que lo presupuestado (17 mil millones de pesos equivalentes a casi el doble del gasto federal en turismo) y gastaron 17 por ciento más de lo estimado. Asimismo, su deuda pública conjunta fue 246 por ciento mayor.
Con su actuar, al menos en el último año, las administraciones estatales no sólo violaron las disposiciones del Artículo 134 constitucional que establecen que, los recursos de que dispongan los diferentes entes públicos de México, deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
También, incurrieron en el “incumplimiento generalizado” de los presupuestos de egresos y violaciones a la Ley de Disciplina Financiera que establece candados para el destino de los ingresos excedentes (aunque sólo es aplicable en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas).
De acuerdo con el IMCO, las variaciones ingentes en los diferentes presupuestos de ingresos y egresos de los 32 estados de la República, que carecen de justificación real, hacen que las promesas de buen manejo del erario público y los presupuestos sean “de juguete”. No está claro en dónde quedó el dinero para la reconstrucción, alertan Transparencia y Fundar/SIN EMBARGO- PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
