EL UNIVERSAL
Una menor de 14 años de edad, hablante de la lengua tzotzil, permanece hospitalizada en Guadalajara, Jalisco, luego de haber sido agredida físicamente en un albergue del DIF, de esa ciudad, denunció el Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa».
En un comunicado, el organismo dio a conocer que el pasado 19 de enero, acudieron a las oficinas del organismo, los padres de la menor, Gloria Gómez Díaz y Fernando Gómez Pérez, para denunciar que su hija había sufrido «diversas lesiones que requirieron su internamiento en la clínica Macías, ubicada en la colonia Analco» de Guadalajara.
Miembros del Centro, acompañados de los padres de la menor, se trasladaron hasta esa ciudad, para acudir a la Procuraduría Municipal de la Infancia y la Familia, donde fueron atendidos por César Ballinas Guzmán, auxiliar de esa dependencia, quien dijo que «no podía tomar su comparecencia», hasta que fuera autorizado por su jefe María Teresa Trujillo Ramos, por lo que pidió que regresaran el día 20 a las 09:30 horas.
El 20 de enero los padres y los miembros del centro, se presentaron puntualmente en las oficinas, pero después de esperar dos horas, les dijeron que serían atendidos por los auxiliares, pero minutos después la Subprocuradora de la Infancia y la Familia, Catalina «N», dio a conocer que «serían atendidos directamente por la Procuradora hasta el día de mañana (21) a las 11:00 horas, ya que tenían una importante carga de trabajo».
Por esto, los miembros del Centro Digna Ochoa y los padres pidieron la intervención de la delegada regional del DIF, Valeria Santiago Barrientos, que a través de la vía telefónica se comprometió a realizar «las gestiones necesarias» para que el caso fuera atendido, «ya que el fin de esa institución es salvaguardar los derechos de la infancia».
La delegada regional «nos informó que el personal del DIF Municipal se negó a brindar la atención requerida canalizando el caso a la Procuraduría Regional».
Por todo esto, el Centro considera que «fueron vulnerado los derechos humanos de la infancia consagrados en los artículos 1, 2 apartado A y 4 de la Constitución», así como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.
Explica que el Centro «tiene casos documentados en donde el actuar de los funcionarios o funcionarias integrantes de estas Procuradurías ha sido negligente y omiso, situación que ha sido puesto en conocimiento de sus superiores, sin que hasta la fecha se haya emitido alguna sanción para quienes han incurrido en tales faltas».
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