La Jornada
El Estado mexicano “simula” el cumplimiento de diversas recomendaciones que desde hace más de un año emitió el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, asegura una decena de organizaciones civiles y centros de derechos humanos que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas.
Además, expresan su enorme preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas “continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad”.
En el “informe alternativo” entregado al Comité, las organizaciones presentan los hechos y argumentos por los cuales afirman que ninguna de las tres recomendaciones prioritarias planteadas desde febrero de 2015 se ha cumplido.
Las recomendaciones abordan la necesidad de que el Estado mexicano establezca un Registro Único de Personas Desaparecidas, un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia, y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos.
En febrero de este año el Estado presentó su respuesta sobre el cumplimiento sobre dichas recomendaciones, las cuales son rebatidas por las organizaciones civiles, quienes acusan de una “simulación”.
Asimismo, advierten de otras preocupaciones, como la “excesiva burocracia” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), criticas que se suman a las expresadas ya por otras organizaciones y centros de derechos humanos, quienes han señalado que los funcionarios de estas dos instancias se han convertido en “burócratas de los derechos humanos”.
El Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano que lo integran diez expertos independientes encargados de vigilar el cumplimiento por los Estados miembros de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
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