El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”.
Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca.
- El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.
Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena.
La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez.
- La ausencia de casos judicializados por torturas contra el Ejército llama la atención si se toma en cuenta que la Secretaría de la Defensa (Sedena) es la institución más señalada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, que tiene 4 mil 655 denuncias entre 2015 y 2019, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Pero una cosa es denunciar y otra que un juez termine por analizar el caso. Según los datos de la CMDPDH, solo el 0.55% de todas las investigaciones llegó al juzgado.
- Esta impunidad es corroborada por los datos solicitados por Animal Político al Poder Judicial de la Federación. Desde 2010, un total de mil 137 militares fueron vinculados a proceso por algún tipo de delito. De ellos, apenas 374 terminaron con algún tipo de condena. Este período abarca los dos últimos años de Felipe Calderón como presidente, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.
La mayor parte de los delitos por los que fueron señalados los militares tienen que ver con la portación de armas, con la colaboración o pertenencia a algún grupo del crimen organizado y por homicidio. Apenas hay señalamientos por otras vulneraciones graves contra los Derechos Humanos que lleguen ante un juez.
Por ejemplo, son solo ocho expedientes abiertos por tortura y otros diez por desaparición forzada.
- No obstante, los datos están incompletos, ya que el Poder Judicial asegura no tener información de cómo acabó el procedimiento en 498 de los casos. Es decir, que no tiene registros de si hubo sentencia o no en casi la mitad de los expedientes contra militares abiertos en la última década.
“No hay incentivos para que los militares dejen de cometer actos violatorios contra los Derechos Humanos”, explica Lucía Chávez Vargas, investigadora de la CMDPDH, que ha acompaña a víctimas de abusos y elabora informes que ponen de manifiesto la impunidad que opera en México.
Chihuahua y Jalisco, los estados con más militares acusados
El Ejército es parte fundamental de la seguridad desde que en 2006 el presidente Calderón declaró la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, entre los delitos que más se imputan a sus integrantes están la pertenencia a grupos del crimen organizado o los delitos contra la salud por tráfico de drogas.
En concreto, según los datos proporcionados por el Poder Judicial, un total de 270 militares fueron juzgados por portación ilegal de armas, 65 por crimen organizado, 37 por delitos contra la salud y 123 por homicidio. En general, los uniformados logran eludir la justicia. Aunque hay ocasiones en las que sus integrantes terminan ante los tribunales e incluso sentenciados.
- Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Jorge Otilio Cantú, de 29 años, asesinado el 18 de abril de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Militares que ejercían labores de orden pública lo acribillaron de 29 balazos. Aseguraron que lo habían confundido con un integrante de un grupo criminal y llegaron a sembrarle un arma.
- Sin embargo, la perseverancia del padre de la víctima, Otilio Cantú González, permitió que cinco uniformados fueran condenados a 22 años y seis meses de prisión por “homicidio calificado”. Se trató de la primera sentencia contra integrantes del ejército por este delito.
Nuevo León, con 51 militares procesados en estos últimos 10 años, no es uno de los estados con mayor número de miembros del ejército sentados ante el juez. La lista la encabezan Chihuahua, con 157; Jalisco, con 125; y el Estado de México con 80. Por detrás se encuentran Baja California, con 61, y Sonora y Tamaulipas, con 56 respectivamente.
- La falta de sentencias judiciales es uno de los mecanismos con los que opera la impunidad, pero no el único. Según reveló Animal Político, la Sedena estableció un mecanismo para pagar compensaciones al margen de la Ley General de Víctimas a 187 afectados por violencia provocada por los propios uniformados.
“Sedena no rinde cuentas ni rendirá. El ejemplo es (el general Salvador) Cienfuegos. Es difícil que estos militares de alto rango rindan cuentas y más en la actual administración con todo el poder que se le ha dado al Ejército”, dice Chávez Vargas. En opinión de la investigadora de la CMDPDH, el incremento de atribuciones durante el sexenio de López Obrador va a incrementar la impunidad.
“Con todo el poder acumulado va a ser más difícil que rindan cuentas. Desde los temas de violaciones a los Derechos Humanos hasta los relacionados con cuestiones económicas, que van a tener más opacidad”, considera.
- Un dato relevante: en la última década no hay un solo militar que haya sido sentado ante un juez por delitos económicos. Habrá que ver si revelaciones como la investigación de El País que probó el desvío por parte de la Sedena de 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019 termina con algún militar vinculado a proceso.
El caso de Cienfuegos es significativo. Porque, al margen de las acusaciones de narcotráfico formuladas por EU (y que el gobierno ha clasificado), existen casos de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante su mandato al frente de la Sedena.
No hay constancia de que la Fiscalía General de la República lo esté investigando por acciones u omisiones en hechos tan relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México.
Chávez Vargas apunta otro dato relevante: en los pocos casos en los que se producen condenas, estas afectan solo a militares de bajo rango, ya que nunca se investiga quién dio las órdenes.
FALLA EN LA PESQUISA CONTRA MILITARES
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en la primera semana de enero la reconstrucción de los hechos del presunto enfrentamiento entre militares y civiles armados del 3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el tiroteo murieron a balazos 12 personas, tres de ellas jóvenes secuestrados, atados de pies y manos.
- Durante esta parte de la pesquisa se cometieron al menos siete imprecisiones y se omitió informar a las familias afectadas que están incluidas en la carpeta de investigación, contra lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
- En la diligencia el pasado 7 de enero, en el que participaron seis pick up militares, tres vehículos SandCat, y tres unidades de peritos, además de la camioneta baleada en al menos 243 ocasiones por el Ejército. La recreación no corresponde a lo que sucede en el video difundido por EL UNIVERSAL el 24 de agosto de 2020.
En ese video, con duración de tres minutos, se observa parte de la persecución la madrugada del 3 de julio, donde se revela que una persona está viva en la caja de una pick up que acaba de recibir centenares de disparos. Esta persona está rodeada de cuerpos y frente a militares apuntándole con armas y linternas, ellos gritan, “está vivo” y ordenan, “mátalo, a la verga”.
Ahí termina la grabación realizada con una cámara que el Ejército usa en operativos en las calles. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, investigar los hechos.
“Se denunció en el periódico EL UNIVERSAL sobre un posible delito cometido por un miembro del Ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un herido —eso es lo que señala el periódico— y que se ordenó que lo remataran”, comentó el Mandatario.
LA TORRETA
En la primera imagen se ve la que se usó en la recreación, donde se observa que es un blindaje cerrado. En la segunda imagen, que es del video, se aprecia cómo la torreta es diferente por las ventanas que están a un lado del arma.
Desde el 11 de julio, la FGR recibió una denuncia por parte de los padres de los tres civiles secuestrados acusando al Ejército de homicidio. Para septiembre, la Fiscalía explicó que estaba haciendo diligencias, pero seis meses después apenas se efectuó la reconstrucción de hechos. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que esta es la única diligencia en meses, no hay más.
LA RECONSTRUCCIÓN
Durante cinco horas y 23 minutos, los peritos de la FGR a cargo del agente del Ministerio Público César Alejandro Dávila Moreno realizaron la diligencia. Desde las 10:03 a las 15:26 horas, sobre bulevar Aeropuerto, en la colonia Los Fresnos, cerraron las vialidades y efectuaron la recreación de los hechos.
Este punto es el último en el presunto enfrentamiento, que termina con un saldo de 12 civiles muertos y ningún militar herido, sólo con algunos impactos de bala en sus vehículos.
- Uniformados en la calle. El Ministerio Público sólo colocó a cuatro militares durante la reconstrucción de la escena, haciendo el recorrido, cuando en la imagen de abajo se ve a todos los elementos que rodeaban la camioneta. Una diferencia de soldados considerable.
- En el video mencionado, que después de ser publicado entró a la carpeta de investigación, se ve cómo en este punto de la calle cinco vehículos militares disparan contra una camioneta color plata. Después de ser impactada por atrás por un vehículo Sand- Cat, la camioneta pierde el control y cruza el camellón para quedar en el otro extremo, pegado a la banqueta, con el frente apuntando en sentido contrario.
Algunas personas intentan salir corriendo por la puerta del conductor, pero son abatidas metros más adelante y quedan sus cuerpos sobre la calle. Mientras esto sucede llegan dos vehículos más, una pick up y otro SandCat. La pick up se queda atrás de la Cheyenne, frente a la caja de la camioneta donde estaban los tres jóvenes secuestrados y la persona que aparece al final del video.
- El SandCat se empareja a la camioneta y les dispara. Después otro SandCat se acerca y a una distancia de un carril vehicular, según se aprecia en el video, sigue disparando, mientras en la radio se pide un cese al fuego, pero esto no sucede.
- Personal militar baja de los vehículos mencionados, en total se cuentan hasta 13 elementos, con armas y linternas.
- En la última escena del video, un grupo de soldados rodea la caja de la pick up, y señala a una persona que se mueve. Un militar grita, “está vivo”, mientras uno más le ordena, “mátalo, a la verga”, y ahí termina el video.
Esta escena es la que fue escogida para la diligencia, sin importar el proceso del enfrentamiento que la autoridad militar definió como una agresión que inició la persecución kilómetros atrás.
Mientras los peritos acomodaban al personal militar y decidían qué vehículos iban en qué zona, los soldados leían unas hojas. A manera de grupo de estudio, sentados todos con las hojas al frente, sin hablarse entre ellos. Interrogados al respecto no precisaron sobre qué trataban esas hojas y dijeron que sólo estaban recibiendo órdenes vía radio. Cada uno de los participantes tenía un número en el pecho, del 1 al 22, según se observó en la zona.
- Cuando esto sucedía, en redes sociales se hablaba de un nuevo enfrentamiento, sin saber que era la recreación de lo que había sucedido seis meses antes. Sólo que esto no se hizo a la hora verdadera de los hechos, entre las dos y tres de la mañana, por seguridad, informaron personas cercanas a la investigación.
- En el lugar hubo miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes participaron como observadores y fueron testigos de que no estaban la defensa ni los familiares de las víctimas, que debieron ser notificados por la autoridad. El abogado defensor, Martín Alvarado, no recibió ninguna notificación ni física ni por medios electrónicos, confirmó a este periódico.
Ángulo. La camioneta fue puesta en el punto donde recibió al menos 243 disparos del Ejército, pero como se aprecia en las fotos, el ángulo es diferente. En la reconstrucción el frente ve hacia la pared, así como los cuerpos también fueron acomodados de manera diferente a la realidad.
IMPRECISIONES
En todo el tiempo de la diligencia se observaron siete inconsistencias. La más importante de ellas es que no estaba la pick up militar que se detiene a pocos metros de la Cheyenne baleada. Los pasajeros, como el piloto y copiloto tuvieron de frente a los civiles que estaban tirados en la caja de esa camioneta, los jóvenes secuestrados, y la persona que se movió al final del video.
La camioneta desde donde se grabó el video tiene una torreta blindada con unas pequeñas ventanas, pero en la escena era de un blindaje cerrado. La grúa colocó la camioneta Cheyenne plata en un ángulo diferente al apreciado en el video. El frente está apuntando a la pared que está atrás de la banqueta, en lugar de apuntar de frente a sentido contrario.
Los cuerpos que terminan fuera de la camioneta están sobre la banqueta, cuando esto no sucedió así. Al menos dos de las personas que bajaron fueron abatidas y rematadas metros adelante del frente del vehículo sobre la calle. Los SandCat, en la escena recreada por la FGR, están a corta distancia de la camioneta. En la realidad, primero llega uno y dispara por unos segundos a corta distancia y luego se sigue, y el segundo está a un carril vehicular de distancia de la camioneta.
- El tiempo de las múltiples reconstrucciones tuvo en promedio un minuto 40 segundos, cuando la escena en el video es de tres minutos. Los militares que estuvieron en la escena eran cuatro en la calle, más uno como tirador de la camioneta, donde se grabó el video. Mientras que en dicho material se ven al menos 13 soldados alrededor de la camioneta cuando una persona se mueve en la caja.
Toda reconstrucción de hechos, si bien por los principios de la criminalística ningún fenómeno se puede repetir dos veces, sí debe de aproximarse lo más que se pueda a lo sucedido.
La escena terminaba con ellos dando un salto hacia atrás como se ve en el video, pero no siguieron la escena sobre lo que pasaría después. A horas de los hechos el 3 de julio pasado, el personal militar involucrado declaró ante la FGR que después del cese al fuego no se encontró a nadie con vida y por eso se presentaron 12 civiles muertos.
Así como también declararon que a pesar de llevar cámaras en sus cascos, estas estaban apagadas o tenían muy poca visibilidad por falta de luz, cosa que tampoco sucedió. Existen al menos dos cámaras que funcionaron ese día, ambos videos circulan en redes.
Está la cámara desde donde se grabó el video que diversos medios como EL UNIVERSAL difundió y además una cámara dentro de otro vehículo militar que fue dañado por los disparos de las otras dos camionetas de civiles armados que estuvieron involucradas en el caso.
El abogado Martín Alvarado comentó que es una falta al proceso y a las víctimas el no avisarles sobre esta diligencia.
- Para Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, el hecho de que una parte de los factores de impunidad se modificaron donde el fuero militar prevalecía, no es suficiente para garantizar el acceso a la justicia, “porque lo que ahora sucede es que las autoridades civiles se inhiben de indagar con objetividad y exhaustividad, y son condescendientes con las Fuerzas Armadas cuando las deben de investigar a fondo”.
Se solicitó a la FGR y a la Sedena su postura, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
SIN FRENO ABUSOS DEL EJÉRCITO EN LA 4T
Desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa inició una infructuosa y sangrienta guerra contra el narco en 2006, los abusos de fuerza cometidos por soldados y marinos (detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales) han incrementado sin freno hasta la actual administración.
- Entre el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha estado involucrada en 4,737 enfrentamientos en total. De esos hubo un total de 3,998 civiles detenidos, 4,809 civiles fallecidos y 697 civiles heridos, según un conteo de Intersecta.
- Del lado de los militares, sin embargo, hubo 1,661 heridos y 284 fallecidos.
Lo anterior se traduce en que por cada civil detenido en los enfrentamientos de la SEDENA, en promedio fallecieron 1.2 civiles; por cada civil herido en los enfrentamientos fallecieron 6.9 más y por cada militar muerto fallecieron 16.9 civiles.
¿Qué revela esta información? Que en los enfrentamientos, en promedio, mueren más civiles de los que son detenidos.
- Según Intersecta, si se analiza la tasa entre civiles fallecidos por cada civil detenido, con Andrés Manuel López Obrador, es de 1.5 a 1, mientras que con Calderón era de 1.2 a 1. En este último indicador, la razón en los enfrentamientos del sexenio de AMLO ha incluso superado a la de su antecesor Felipe Calderón. En otras palabras: en lo que va del sexenio de López Obrador, en los enfrentamientos, mueren más civiles que los que son detenidos, en comparación con Calderón.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron los siguiente reclamos en contra de militares: 37 quejas por privación de la libertad, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano.
- El Ejército y la Marina en México desempeñan desde 2006, como parte de la guerra contra el narcotráfico, funciones que deberían estar a cargo de las policías civiles, sin que existan leyes adecuadas que limiten el uso de la fuerza. La crítica principal de organismos nacionales e internacionales a la incursión de las fuerzas armadas en estas actividades es el riesgo de la violación a los derechos humanos.
Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llevan décadas denunciando graves violaciones de derechos humanos en México y en el estado de Tamaulipas, muchas veces a manos de integrantes de las fuerzas armadas.
En muchos casos las autoridades suelen culpar a las víctimas, pintándoles como sicarios o miembros del crimen organizado. Y a sus familias las tratan con desprecio y les dicen que no tienen derecho de reclamar justicia.
Parte del problema estriba en la mala regulación que hay sobre el uso de la fuerza. Si bien el año pasado el Congreso expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó.
Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.
MÉXICO SIN CAPACITAR SUS MILITARES EN MATERIA DE DH
Tras una década de la sentencia que interpuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado Mexicano, por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas torturadas y violadas por militares, no se vislumbran muchas mejoras.
- Y es que las Fuerzas Armadas de México no están asumiendo con la obligación de capacitar a su personal en materia de derechos humanos y género con la seriedad que amerita, tal como lo ordenó en su resolución la Corte IDH.
- Así lo reveló este jueves el informe “Falsas salvaguardas: Las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019)”, elaborado por las organizaciones civiles Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta.
Dichas organizaciones realizaron un monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades internacionales establecidas, a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país.
El resultado fue que ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Marina (Semar) ni la Guardia Nacional (GN) “cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”.
Ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple con cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal
Señalan que en el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información solo les permitieron conocer el número de personas capacitadas, “pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal”.
Las dependencias tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el éxito de las capacitaciones.
- Por ejemplo, la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre 2013 y 2019. Sin embargo, no proporcionó información sobre los temarios o contenidos y las personas que las impartieron.
- En el caso de la Marina, inicialmente su respuesta fue que no estaba obligada a implementar las resoluciones de la Corte IDH relacionadas con los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú.
Además, aunque afirmó contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, tampoco proporcionó información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asistieron, la duración o el temario de las mismas.
Por su parte, la Guardia Nacional (GN), una corporación de reciente creación, presentó resultados similares a las anteriores instituciones.
- En el mejor de los casos, sólo siete de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos
En este contexto, las organizaciones civiles concluyeron que las actividades de capacitación que se imparten a militares no obedecen a estándares internacionales, pues sus acciones se limitan a conferencias de dos horas, obras de teatro, presentaciones artísticas, cursos, talleres y diplomados.
Es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar/Agencias-PUNTOporPUNTO
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