A pensar de los señalamientos de incumplimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional Electoral (INE), Caminos y Puentes Federales (Capufe) le adjudicó a Jet Van Car Rental un contrato de hasta 578 millones de pesos para la renta de automóviles por al menos 36 meses.
- Según datos obtenidos a través de Compranet, la actual administración federal ha gastado desde su inicio un total de 6 mil 443 millones de pesos para el arrendamiento de automóviles, lo que no sólo representa un incremento de mil 932 millones de pesos (233 por ciento) en comparación con el 2018, sino que el 48 por ciento (unos 3 mil 150 millones de pesos) lo obtuvo la empresa Jet Van Car Rental, la cuarta compañía que más dinero ha ganado de la administración pública federal desde el 2005 y que no ha estado libre de escándalos.
Según un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del pasado 17 de septiembre, los resultados de la contratación de empresas para el Servicios de Arrendamiento de Transporte Vehicular Terrestre, arrojan a siete empresas las cuales obtuvieron contratos por un mínimo de mil 178 millones de pesos y un máximo de 2 mil 946 millones de pesos.
- De acuerdo con la base de datos de Compranet, de los 515 contratos que se realizaron correspondientes a renta de automóviles, se erogaron 6 mil 763 millones de pesos y Jet Van Car obtuvo 101 de estos, siendo el 75 por ciento adjudicados de manera directa.
- A cambio de ello, el Gobierno federal ha recibido la misma mala calidad que en el pasado. El 2 de enero, Jet Van Car tuvo un retraso de 20 días en la entrega de tractocamiones para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), mismos que ameritarían una sanción.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en un contrato con la empresa, pues 279 unidades no cumplieron con las placas requeridas para una ambulancia y tenían tarjeta de circulación vencida, además de que 99 no contaban con llantas de refacción, tenían extintores vacíos o caducos. Finalmente, la empresa no sustituyó las unidades enviadas al taller y las ambulancia reparadas tuvieron que volver a revisarse por la misma falla.
FAVORITISMO TRANSEXENAL A EMPRESA DE RENTA DE AUTOMÓVILES
Apenas un año después de su creación, en julio de 2004, Jet Van Car Rental, propiedad del empresario Cuauhtémoc Velasco, se había convertido en proveedora del Gobierno federal y para el año 2012, el último de la administración del presidente Felipe Calderón, obtuvo contratos gubernamentales por 600 millones de pesos.
Su vertiginoso crecimiento alcanzaría sus mejores años con Enrique Peña Nieto, quien tan sólo en su primer año de gobierno duplicaría esta cantidad y encauzaría a la empresa a un ascenso ininterrumpido al amparo del poder.
- Del 2012 al 2018, Jet Van Car Rental obtuvo en promedio 68 contratos por año y ganancias por 6 mil 561 millones de pesos. En 2017 se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral le impuso a la empresa una penalización por 5.7 millones de pesos por incumplimiento en algunas condiciones contractuales y la no utilización de los servicios convenidos.
Asimismo, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó a cinco empresas –entre ellas Jet Van Car Rental– 415 millones pesos por el arrendamiento de 816 ambulancias, las cuales, fueron entregadas en mal estado, sin camillas, sin sirenas o sin luces y en 2019, la misma ASF dio a conocer que la arrendadora entregó al IMSS, ambulancias sin tanques de oxígeno, sirenas en mal estado, e incluso golpes en la carrocería.
La suerte de Jet Van Car Rental no terminó. De hecho, el 2019 representó el mejor año para la empresa de Cuauhtémoc Velasco, la cual incrementó más de mil por ciento los acuerdos gubernamentales generados en 2018.
FAVORECEN ALCALDÍAS IRREGULARIDADES DE PROVEEDORES
Las anomalías en contrataciones en las alcaldías de la capital no terminan; hay administraciones locales que adjudican servicios a proveedores con un historial de irregularidades.
Sin distinción de color partidista, dos alcaldías han contratado a un proveedor durante los últimos dos años pese a que se ha comprobado que incumple con servicios contratados, no tiene capacidad técnica para llevarlos a cabo y subcontrata a otras empresas. Lo que viola la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
- De 2019 a 2020, la alcaldía Tlalpan, gobernada por la morenista Patricia Aceves; y Venustiano Carranza, encabezada por el perredista Julio César Moreno, contrataron a Rosa Silvia Delgado Benítez para el arrendamiento de unidades de transporte para los trabajadores.
- Durante dicho lapso, Delgado Benítez obtuvo tres contratos que en conjunto suman más de un millón 100 mil pesos como pago.
El monto y los contratos referidos se le adjudicaron aún cuando la Secretaría de la Contraloría General local investigó en 2018 a dicha persona física por cometer irregularidades y violar la ley local en materia de adquisiciones.
Rosa Silvia Delgado Benítez fue contratada a pesar de no contar con las capacidades para brindar el servicio, según una investigación de la Contraloría local
LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN LAS ALCALDÍAS
El primero de los tres contratos firmados durante 2019 y 2020 es el que tiene el folio AT-2019-114, que Tlalpan otorgó a Delgado Benítez a través de la adjudicación directa para el arrendamiento de equipo de transporte.
El acuerdo se firmó el 30 de septiembre de 2019 y estuvo vigente desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2019. El pago fue de 420 mil pesos. El segundo contrato es el AT-2019-219 que se firmó el 2 de enero de 2020 para el mismo fin que el anterior
Según la información disponible, el acuerdo tuvo una vigencia del 2 de enero al 3 de marzo de 2020.
- Por la prestación del servicio, Tlalpan pagó 125 mil pesos a Delgado Benítez.
- 3 contratos se firmaron para la renta de unidades de transporte por parte de Tlalpan y Venustiano Carranza durante 2019 y 2020
- En total, la alcaldía de Tlalpan otorgó dos contratos que ascendieron a 545 mil pesos.
- Mientras que Venustiano Carranza adjudicó el convenio AVC/ DGA/014/2020 para el arrendamiento de unidades de servicio de transporte por invitación restringida el pasado 20 de marzo de 2020.
En esta ocasión se fijó la vigencia del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2020.
También se detalla en el documento que por el alquiler de 265 unidades durante dicho lapso, la alcaldía se comprometió a pagar 598 mil 171 pesos.
Los tres contratos adjudicados por ambas alcaldías a Delgado Benítez suman la cantidad de un millón 143 mil 171 pesos.
PROVEEDORA EN LA IRREGULARIDAD
En 2018, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México encontró que Rosa Silvia Delgado Benítez es una contratista irregular que subcontrata a otras empresas para realizar servicios adjudicados y no cumple con los términos acordados.
- Según la auditoría A-5/2018, publicada el 16 de marzo de 2019, la Contraloría General investigó las contrataciones realizadas por la entonces delegación Tlalpan en 2017.
- La indagatoria detalla que en dicho año la administración local otorgó el contrato DT-2017-106 de un millón de pesos a Delgado Benítez para el arrendamiento de equipo de transporte.
Sin embargo, las investigaciones de la Contraloría revelaron que no existen pruebas documentales de que la proveedora realizara los trabajos adjudicados.
Además, detectó que Delgado Benítez subcontrató a otras compañías o personas morales.
La subcontratación de servicios, según el estudio “La subcontratación en México” realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, es cuando una empresa o persona física ofrece un producto y contrata a otra para llevar a cabo los trabajos o adquirir los bienes adjudicados, lo que es también una forma de eludir impuestos pues no se pagan contribuciones de nómina ni tampoco cuotas obrero-patronales.
Además, el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México prohíbe la subcontratación de servicios en entidades públicas.
La Contraloría detalla que se percató de lo anterior porque la proveedora afirmó no pagar impuestos de predial, adquisición de inmuebles, nóminas, tenencias, uso, adquisición de vehículos, prestación de servicios de hospedaje y suministro de agua como una empresa.
- 1.1 millones de pesos fue el monto total de los convenios con las alcaldías. Igualmente, su domicilio no correspondía al de una compañía especializada en transporte.
“De la revisión física realizada a las instalaciones se constató que las instalaciones del proveedor corresponden a una vivienda, donde no se observaron unidades vehiculares para transporte (…) además la entrada no es idónea para el acceso de ningún vehículo”, señala la investigación.
Por lo cual, la Contraloría local determinó que Rosa Silvia Delgado Benítez no es una persona física dedicada al ramo para el que fue contratada y tuvo que recurrir a otras empresas para poder dar el servicio.
“Se constató que el proveedor Rosa Silvia Delgado Benítez no contaba con la capacidad, equipo, herramientas, instalaciones, recursos financieros, humanos y materiales, así como la organización en el momento de la celebración del contrato”, indica la indagatoria.
Cabe destacar que dicha auditoría se publicó en marzo de 2019, antes de los tres contratos celebrados por las alcaldías de Venustiano Carranza y Tlalpan./Agencias-PUNTOporPUNTO
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