Las direcciones generales adjuntas seguirán como parte de la estructura de gobierno para el siguiente año.
Pese a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra esta figura, y a un decreto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para eliminar estos puestos, prácticamente todas las dependencias contemplan dichas plazas en sus presupuestos para el 2021.
- De acuerdo con el analítico de plazas del proyecto de paquete económico 2021, el gobierno federal prevé operar con 445 direcciones generales adjuntas. Sólo las secretarías de Turismo, de Trabajo y Previsión Social y la Oficina de la Presidencia son las instancias que eliminarían por completo estos puestos.
- El 29 de mayo pasado, la SHCP emitió el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación. En el documento se estableció la obligación de las dependencias para desaparecer las direcciones generales adjuntas (grupo jerárquico L) a partir del 1 de enero del 2021 y transformarlas en direcciones de área o similares (grupo jerárquico M).
Esta transformación de plazas estuvo alineada con la Ley de Austeridad Republicana que, expresamente, eliminó las direcciones generales adjuntas que no ejercieran facultades establecidas en algún marco legal o reglamento vigente.
“Creció muchísimo el aparato burocrático y, sobre todo, arriba”; “Creció de manera desmedida la burocracia dorada y crearon estas nuevas plazas de directores adjuntos”; “En el pasado había direcciones adjuntas para todos los amigos del presidente en turno”, estas son algunas de las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho como crítica a esta posición dentro de la administración federal.
Y si bien el gobierno ha tenido una reducción considerable en el número de direcciones generales adjuntas, las cuales pasaron de 1,192 a 696 entre el 2019 y el 2020, para el próximo año las dependencias prevén mantener 445 posiciones de este tipo.
- Incluso la propia Secretaría de Hacienda contempla la permanencia de 93 plazas de este nivel para el siguiente año. Le siguen las secretarías de Gobernación (66), de Comunicaciones y Transportes (53), de la Función Pública (37), de Seguridad y Protección Ciudadana (35), de Educación Pública (34) y de Energía (24).
¿Es necesaria la figura?
Especialistas coincidieron en que las direcciones generales adjuntas han sido estigmatizadas y, en algunos casos, son necesarias para garantizar una operación eficiente de las dependencias. Además de que la eliminación de estas plazas no representa grandes ahorros.
Gustavo Merino, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, opinó que en algunos casos estas plazas tienen sentido y son necesarias.
El especialista dijo que es necesario hacer un análisis de cuáles son realmente las direcciones generales adjuntas que no tienen sentido y cuántas son las que sí se necesitan para operar de manera eficiente. “El problema es cortar a rajatabla”, expuso.
Las direcciones generales adjuntas son fundamentales para la operación de la Administración Pública Federal, explicó Carlos Ramírez, director de Desarrollo de Negocios de Integralia Consultores. “Son posiciones que el gobierno ha tenido que crear, porque en los escalafones había un brinco muy grande entre lo que es una dirección de área y una dirección general”, dijo.
Carlos Ramírez, quien en el sexenio pasado encabezó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), indicó que las plazas de este nivel jerárquico “oxigenaron” la sobrecarga de trabajo,ya que en ellas hay servidores públicos que hacen labor operativa.
- Por su parte, Mario Di Costanzo, especialista en finanzas públicas, opinó que la conservación de estos puestos confirma que “no eran plazas de amigos”; por el contrario, son posiciones más operativas, “son los que sacaban la chamba”, comentó.
- Paradójicamente, agregó quien fuera titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la administración pasada, el gobierno seguirá con un gasto elevado en servicios personales, pese al adelgazamiento de las direcciones generales adjuntas.
Eso se explica en buena medida por el aumento en las plazas de mando superior, puntualizó.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, hasta noviembre de 2019, la eliminación de las direcciones generales adjuntas había representado un ahorro de 1,000 millones de pesos.
La política de austeridad y la disminución en el número de plazas ha alcanzado incluso a los titulares de diferentes subsecretarías de Estado.
Y es que para el siguiente año se prevé que haya al menos 10 subsecretarías menos dentro de la estructura orgánica de la administración federal, que van desde áreas como Relaciones Exteriores hasta la Secretaría de Seguridad Pública; en esta última institución se eliminó la subsecretaría de Prevención del Delito.
Hacienda emitió nuevos lineamientos para controlar gastos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los nuevos lineamientos de austeridad republicana, cuyo objetivo será establecer medidas obligatorias entre los más de 300 entes, entre instituciones y Secretarías de Estado, que forman parte de la Administración Pública Federal.
- Los principales elementos tienen relación con el gasto corriente en las instituciones públicas, las cuales deberán sujetarse a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, informó el titular de la dependencia, Arturo Herrera.
- En este sentido, no se podrán crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tampoco será posible duplicar funciones en el gobierno ni contratar a asesores, como choferes, para rangos inferiores a subsecretarios de Estado o su equivalente.
Otro punto relevante respecto a estos nuevos lineamientos es la integración del teletrabajo, o trabajo remoto, lo cual permitirá a los empleados desempeñar sus labores fuera de la oficina, sin embargo, es importante resaltar que esto únicamente se permitirá si no generan costos adicionales para la dependencia.
Los servidores públicos que podrán desempeñar sus labores de manera remota serán aquellos que pongan en riesgo su seguridad o salud, o que su labor implique la potenciación del seguro de vida institucional, o que por su trabajo se le deba dar un pago extraordinario por riesgo de hasta el 30% en la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios.
Además, para que los empleados del gobierno puedan realizar el trabajo a distancia, deberán contar con el permiso o visto bueno de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Administración y Finanzas o alguno de los equivalentes que corresponda en cada una de las dependencias, de acuerdo con información recabada por el diario El Universal.
En este sentido, no se podrán generar gastos extras en asuntos como tecnologías de la información, uso de telefonía móvil y fotocopiado, además de que los entes del gobierno tendrán esquemas de reducción de costos en energía eléctrica e incluso campañas para cuidar el agua, mientras que aspectos de comunicación social y viáticos estarán limitados.
Hacienda también dio a conocer que los recursos financieros, así como las asignaciones y apoyos de recursos humanos, técnicos, materiales y de servicios se deberán ajustar en relación a los presupuestos autorizados de cada institución, siempre en apego a la normatividad aplicable y bajo ciertos criterios.
- De esta manera, no podrán efectuarse nuevos arrendamientos de inmuebles como espacios para oficinas, a excepción de casos considerados como indispensables para la operación institucional. Además, para esto la institución deberá contar con el presupuesto y autorización de la Secretaría de Hacienda.
Cabe mencionar que en apego a estas disposiciones también estará prohibida la remodelación de los inmuebles con fines estéticos, pues este tipo de procedimientos sólo podrá llevarse a cabo cuando se trate de una optimización del espacio. Respecto a la reparación de sitios históricos, el Gobierno Federal será el encargado de aprobar las modificaciones.
Estos nuevos lineamientos anunciados por la autoridad hacendaria están relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, así como al de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, los cuales establecen que nadie podrá beneficiarse de recursos públicos a partir de su puesto.
A través de estas determinaciones, la SHCP busca el final de la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliarios, equipos de comunicación y viáticos, entre otros aspectos, con la finalidad de erradicar la corrupción y el dispendio, y reorientar los presupuestos en programas de alto impacto social y económico./Agencias-PUNTOporPUNTO
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