La “nueva política industrial” para el país que presentó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a principios de octubre en Querétaro, se echó para atrás porque a algunos actores del gobierno no les gustó, refirió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.
“No se firmó el acuerdo. Se propuso ante el Presidente de la República y todo el Gabinete, y sólo la Secretaría de Economía sacó un decálogo de política industrial cuando nuestra propuesta estaba cimentada y muy consultada”, comentó el directivo a El Sol de México.
- A casi nueve meses de que la funcionaria federal, acompañada por representantes del sector privado, anunció esta “nueva política industrial”, Cervantes aseguró que “faltó voluntad de algunas personas en el gobierno” para sacarla adelante.
- —¿Actualmente México cuenta con una política industrial sólida?—, se le preguntó a Francisco Cervantes.
- —No, ni nada que se le acerque. No tenemos y por eso es nuestra propuesta—, respondió el líder de los industriales.
El decálogo presentado por la funcionaria hablaba de promover una mayor la competencia económica, aprovechar la apertura comercial, generar un entorno de negocios amigable con certidumbre para atraer mayores flujos de inversión nacional y extranjera, así como alentar el crecimiento de las pymes e incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas del país, entre otras acciones.
“Enhorabuena a todos por el retorno de una política industrial activa, consensuada entre la iniciativa privada, el sector público y la academia”, dijo entonces la secretaria de Economía.
En abril, la actividad industrial registró una caída a tasa anual de 29.6 por ciento, la mayor contracción desde que el Inegi lleva registro. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, dijo que de haber contado con una política industrial en el país se habrían matizado los efectos negativos de la pandemia en la industria.
‘Tarifazo’ de CFE a las renovables afecta inversiones
El alza en las tarifas que pagarán las centrales con tecnologías renovables que se construyeron o están en desarrollo bajo el esquema anterior a la reforma energética golpearán los planes de centrales eólicas, solares y de cogeneración eficiente que suman inversiones por 17,000 millones de dólares (mdd), según datos del sector privado.
- La medida solo liberará menos de la mitad del déficit que se tiene por el transporte y distribución de la electricidad, un monto que según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llega a los 8,000 millones de pesos (mdp). El alza en el cobro a estas centrales recuperará menos de 4,000 mdp, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“La aplicación de los cargos por el Servicio de Transmisión, tanto para fuentes de energía convencional como de energía renovable o cogeneración eficiente, entre otros factores, generan un déficit en su balance financiero (de CFE), que en 2018 ascendió a 7,820 millones de pesos, de los cuales , el 46.7% (3,625 millones de pesos) corresponde a fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente”, explica la CRE en la resolución donde explica las razones para elevar esta tarifa.
Este monto, además, no impacta en las finanzas de CFE, sino que la empresa lo traslada a todo el mercado con una tarifa que refleja parte de ese costo, y que la CRE le permite cobrar.
- La tarifa de porteo estampilla o verde se ideó como una forma de incentivar la construcción de proyectos renovables en México en 2010, cuando estas tecnologías aún no mostraban los precios competitivos que ahora viven gracias al avance en este mercado.
- El esquema sobrevive a través de los permisos otorgados con anterioridad a 2015, cuando se publica la actual Ley de la Industria Eléctrica que, dentro de sus artículos, prevé que este tipo de contratos se mantendrá en sus términos hasta terminar su vigencia.
Ahora existen cerca de 50 a 60 centrales con tecnologías en su mayoría eólicas, algunas solares y otras de cogeneración eficiente –que aprovechan el vapor de agua de la quema de otros combustibles para generar más electricidad- que viven bajo ese esquema de porteo verde, donde las centrales pagaban apenas una fracción del costo de usar las redes de transmisión y distribución de CFE para llevar su energía del punto de generación al de consumo.
- La decisión de la CRE de elevar esta tarifa hasta 800% respecto a lo que se pagaba en mayo, cuando tomó esta decisión, o 775% si se compara con las de junio, afecta a proyectos en operación, y algunas aún en construcción bajo ese esquema, que suman inversiones por 14,400 mdd en centrales solares y eólicas, y 2,600 mdd de cogeneración eficiente, según cifras de la Asociación Mexicana de Energía Eólico (AMDEE).
“El esquema era el que existía bajo el marco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y no son ni debieran compararse con los del mercado porque pertenecen a un universo legal distinto. CFE los compara de manera maliciosa, como ha comparado los costos de operación de plantas eólicas de hace 10 años con los ciclos combinados de última generación”, dice Julio Valle, vocero de AMDEE.
- El alza afectará además a los clientes de estas firmas que consumen esta electricidad en contratos que la CFE ha tildado como un “mercado negro” en referencia específica al modelo de autoabasto, donde los socios de estas centrales podían ingresar con una participación accionaria mínima, y beneficiarse del esquema.
- “Lo que es un hecho es que referirse como «mercado negro» a un esquema totalmente regulado y en donde las condiciones no las fijaron los autoabastecedores sino el propio gobierno es una manera desesperada de llamar la atención y sesgo político que claramente nunca hubiera esperado ver de parte de una empresa con la historia y características de CFE ”, dice Valle.
El efecto de esta alza se trasladará al costo de sus usuarios finales como la industria manufacturera y de servicios, alimentos y bebidas, salud-farmacéutico, químico, educación, automotriz, minero, textil, comercial, comunicaciones, servicios municipales y estatales de transporte, alumbrado y agua, así como Pemex con la Cogeneradora de Nuevo Pemex, dice el vocero del gremio.
El aumento en este costo implicará que los proyectos deban revaluar sus flujos financieros, lo que va a derivar tanto en una renegociación de los contratos con sus clientes, como con los bancos, fondos de inversión y otros prestamista que ayudaron a financiar el proyecto.
“No es imposible sacar el proyecto adelante, pero las condiciones deberán renegociarse, como los créditos, los contratos de energía con clientes, y eso toma mucho tiempo”, dice un directivo de una de las empresas que se ha amparado en contra del aumento en la tarifa por parte de CFE, y que pidió no ser identificada porque el asunto judicial sigue en curso.
Las empresas afectadas pueden argumentar ante los juzgados que la medida, además de violar la actual Ley de la Industria Eléctrica sobre la no modificación de las condiciones de los contratos legados, tampoco se fundamento ni motivo antes de su publicación, debido a que la resolución de la CRE apenas se dio a conocer este miércoles, y aún deben estudiar los argumentos que se usaron para tomarla, dice el directivo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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