Organizaciones de la sociedad civil y legisladores del país aseguraron que el Gobierno de México y el Congreso de la Unión no tienen consciencia de la grave crisis migratoria que se vive en Chiapas, pues en albergues y centros de detención se violan los derechos humanos de las personas.
“Hay una grave consecución de violaciones de derechos humanos en los albergues en el sur, hay violaciones a tratados internacionales y a la misma Constitución”, destacó el senador Emilio Álvarez Icaza.
Mencionó que el estado se ha convertido en una gran estación migratoria, en donde las autoridades bloquean el derecho a la regularización, se les rompen los documentos una vez expedidos para evitar dejarlos salir de la entidad, entre otros.
“Nos guste o no nos guste nos estamos convirtiendo en el muro de Trump, pues ni siquiera hay albergues suficientes, se tiene que repensar en la política migratoria mexicana y los albergues no tienen capacidad para atender a tanta gente”, detalló.
- Además, comentó que las autoridades municipales y las organizaciones civiles se convirtieron en los organismos que reciben y soportan todo el peso de la migración, pues no hay una visión estructural de la federación, recursos, mientras que tampoco hay recursos para la atención de la gente.
- El legislador denunció que en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se marca con plumón a los solicitantes, como si se tratara de un campo de exterminio, aparte que se les deja sin alimento, ni luz por muchas horas.
“Se va a ahogar el fenómeno aquí y se tiene que visibilizar, porque en el centro no se conoce bien lo que pasa. Hay una práctica de opacidad en el DIF, porque no nos permitieron el acceso al albergue Viva México, ya que hay niños y es una violación que se detengan”, dijo.
- Por separado, Melissa Vértiz, secretaria Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria dijo que hay una fuerte corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) que no ha logrado ser erradicada, por lo que es necesario dar un giro en la política migratoria del país, ya que suceden diversas irregularidades en Chiapas.
Además, dijo que hay una terrible opacidad en la Guardia Nacional que solo se dedica a poner controles militares de contención, lo que viola las garantías de los migrantes.
- Rosa María Armendáriz, en representación de la senadora Beatriz Paredes Rangel dijo que una vez que las personas se movilizan en caravanas, las respuestas de las autoridades es obligarlas a caminar varios kilómetros, antes de darles una visa humanitaria. “Implica la detención de cientos de migrantes antes de regularizarlos, aparte que es necesario hacer frente a los discursos institucionales que son racistas para las personas que solicitan protección”, aseveró.
En los recorridos no se les permitió acceder a los dormitorios o áreas comunes, así como baños, que es donde -de acuerdo a los activistas y legisladores- se practican actos de tortura y castigos. Ni siquiera tienen acceso a un sanitario limpio o agua limpia para lavarse.
Acusan corrupción en estaciones migratorias
Con la complicidad de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) desde el año pasado, y con mayor incidencia en 2022, opera en las estaciones migratorias del país “una nueva plaga que se enriquece con las detenciones de cubanos, que podríamos llamar falsos gestores o coyotes legales”, denuncia el sacerdote Alejandro Solalinde.
- Señala que los cubanos que abandonan su país y llegan a México tienen tres caminos: seguir su ruta hacia Estados Unidos como puedan, acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda a la Refugiados (Comar) para obtener la condición de refugiado o aceptar la deportación a su país.
- Explicó que cuando son detenidos y entran a las estaciones migratorias del país son víctimas de falsos gestores.
El sacerdote, fundador del albergue Hermano del Camino, acudió a la estación migratoria de Huatulco, a petición de familias de cubanos detenidos en el territorio oaxaqueño, y se percató de que afuera de la oficina había una legión de abogados tramitando amparos a favor de los migrantes por mil 500 dólares (30 mil pesos).
“No se vale, no se vale”, señaló Solalinde, al referirse que encima de cuidarse de los coyotes locales, los traficantes regionales y las bandas criminales, también deben tolerar una “nueva plaga de quienes se dicen abogados y abusan de la vulnerabilidad” de los migrantes, principalmente cubanos y venezolanos.
- El sacerdote dijo que solicitará al gobierno federal que a través del INM se modifique la atención a los migrantes, de manera especial a los cubanos y venezolanos, para que sean protegidos de los abogados mafiosos y coyotes.
Según cifras de la Comar, al cierre de junio, la lista de solicitudes para obtener la condición de refugiado la encabezó Honduras, con 13 mil 750 personas, seguidas por 10 mil 791 cubanos. En tercer lugar están los haitianos, con 8 mil 230 solicitantes./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
