Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión de Rosario Robles en esta dependencia, dijo en su declaración ante la Fiscalía General de la República que el gobierno de Enrique Peña Nieto usó recursos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre para fines personales; psrticularmente, político- electorales.
Además, apelando al criterio de oportunidad solicitado a la Fiscalía General de la República a inicio de este mes, dijo que los recursos de este programa social fueron usados también para pagar deudas adquiridas durante la campaña electoral del expresidente.
- Animal Político publicó la declaración ministerial del exfuncionario federal, quien refirió que la administración de Peña Nieto activó una estrategia político-electoral en la que participaron muchas de las dependencias de gobierno.
Algunas de ellas, dijo, fueron Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), entre otras.
Una de estas estrategias, indicó Zebadúa, es la Cruzada Nacional contra el Hambre “por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos de todo el país”.
De acuerdo con la declaración del exoficial de Sedesol, fue Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, quien entregó mil millones de pesos no presupuestados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fueron asignados para triangular recursos con empresas mediante universidades públicas.
- “Para ejecutar estos recursos, la secretaria Rosario Robles me comentó que, en consulta con el secretario de Hacienda Videgaray, le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían los servicios inherentes a la Campaña de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, acotó el exfuncionario.
- Zebadúa es señalado como el principal operador en la triangulación de fondos realizado en Sedesol y que fue documentado por Animal Político en la investigación denominada la Estafa Maestra.
Hasta 2017 había negado su participación en la Estafa Maestra, no obstante, actualmente pesa sobre él una denuncia por su participación en el desvío de 185 millones de pesos.
Así salían los recursos desde Hacienda
De acuerdo con la declaración de Zebadúa, la Secretaría de Hacienda entregó “recursos extraordinarios” a las dependencias que ejecutaría la Estafa Maestra.
Para que esto pudiera concretarse se requería de un procedimiento que involucraría a funcionarios de Hacienda y la Oficialía Mayor de cada dependencia, según se establece en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Cada cambio, solicitud de ampliación y ejercicio de los recursos deben ser registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), y para poder hacerlo se requiere usuario y clave. De acuerdo con fuentes de la administración pasada, los únicos que tenían acceso a ese sistema en la Sedatu eran los funcionarios de la Oficialía Mayor.
- En este caso, Francisco Báez, director general de Programación y Presupuestación, revisaba el trámite de ampliación presupuestal en la dependencia y lo enviaba para su consideración a la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, entonces a cargo de Isaac Gamboa, asesinado en Morelos en mayo pasado, y a quien la Fiscalía de Chihuahua señaló por el posible desvío de recursos del gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI, junto con el exsecretario general del partido, Alejandro Gutiérrez.
Dicha solicitud de ampliación era enviada a su vez a la subsecretaría de Egresos de Hacienda, puesto ocupado por Alejandro Sibaja Ríos, subalterno directo de Videgaray. De aprobarse, turnaba la autorización a la Tesorería de la Federación para poner a disposición los recursos en el SICOP de la Sedatu.
Mientras que para ejecutar el pago a proveedores, en este caso las universidades públicas, el procedimiento comenzaba por la dirección a cargo de Francisco Báez, quien realizaba el registro del compromiso presupuestal en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) con los datos del contrato, el proveedor, partida de gasto, programa presupuestario.
La Tesorería de la Sedatu, encabezada por Martha Lidia Montoya, recibía el folio del compromiso presupuestal y autorizaba el trámite en el SICOP, que luego era registrado en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF).
- Después debía tramitar una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), es decir, el documento comprobatorio para registrar toda erogación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Finalmente, la Tesorería de la Federación revisaba, autorizaba y liberaba los recursos para pagar al proveedor y genera una CLC autorizada, con ella, el pago se hace efectivo al proveedor correspondiente, en este caso a las universidades.
El esquema de lavado de dinero orquestado por Rosario Robles
La Estafa Maestra es una investigación de la periodista Nayeli Roldán que hace referencia a un esquema de lavado de dinero que fue presuntamente orquestado por Rosario Robles cuando era titular de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
- El caso fue revelado aún durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no iniciaron un proceso de auditoría y contraloría contra los señalados en el reportaje hasta que Andrés Manuel López Obrador entró al poder.
- Además, en su declaración, Zebadúa dio a conocer que se habría utilizado esta estrategia para “pagar deudas y compromisos de la campaña presidencial”, de acuerdo con Milenio.
- Aseguró que Peña Nieto inició en diciembre de 2012 “una estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno”.
Dentro de las acciones estaba la Cruzada contra el Hambre “por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, indicó.
- La participación del ex secretario Luis Videgaray habría tenido lugar al disponer de 1,000 millones de pesos no presupuestados entre enero y febrero de 2013 para asignarlos al programa social de la Sedesol que, teóricamente, fueron utilizados para organizar eventos de publicidad, campañas en medios o activismo político en varios estados del país.
Además, se habrían contratado empresas privadas por medio de universidades públicas para prestar supuestos servicios a la Cruzada Nacional, una acción que, según la declaración, habrían acordado Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y el antes secretario de Hacienda mexicano, Luis Videgaray.
- De acuerdo con El Universal, en 2015 la Sedesol habría pagado más de 600 millones de pesos para dicho programa social, lo que implicaba casi 15% del gasto con el que contaban y un pago doble para la dependencia.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió en aquel momento carpetas de investigación contra varios ex servidores de la Sedatu y la Sedesol por presunto desvío de recursos millonarios, pero hasta ahora, pocos de ellos se encuentran tras las rejas.
EPN y Videgaray planearon «La Estafa Maestra»
Emilio Lozoya admitió en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), que La Estafa Maestra se trató de una “asociación de corte delictiva” para desviar recursos públicos y enriquecerse configurada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
- El objetivo era “enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada Estafa Maestra”.
- La Estafa Maestra, el sistema de corrupción en el que 11 dependencias del Gobierno Federal hicieron convenios con ocho universidades públicas para contratar supuestos servicios por 7 mil 670 millones de pesos.
- Sin embargo, las universidades subcontrataron a su vez a 186 empresas que resultaron ser fantasma, y, por lo tanto, los servicios no se hicieron y el dinero público simplemente desapareció.
Si bien la investigación periodística se concentró sólo en los años 2013 y 2014, se trató de un modus operandi que ocurrió durante todo el sexenio, y del que la Auditoría Superior de la Federación alertó desde 2014 sobre posibles desvíos desde las universidades públicas contratadas por dependencias para hacer servicios ajenos a su naturaleza educativa o de investigación.
En ese esquema, Pemex, dirigida entonces por Lozoya, hizo 36 convenios por 3 mil 576 millones de pesos –que la ubica como la institución con el mayor monto entre las 11 dependencias– para supuestas asesorías y trabajos para las plataformas petroleras con la Universidad Popular de la Chontalpa o el Instituto Superior de Comalcalco, entre otras universidades.
Otros servicios, como el reparto de medio millón de despensas para el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios más pobres del país o la verificación de beneficiarios de programas sociales, entre otros, fueron convenidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la del Estado de México, por un total de 2 mil 224 millones de pesos.
- Un ejemplo más: Banobras, entonces dirigido por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo 3 convenios por 491 millones de pesos para supuestos servicios de tecnología como red LAN y telefonía en el edificio central del Banco, pero que utilizaron a empresas que carecían de antecedente registral y eran señaladas entonces como “presunta” fantasma por el SAT.
En la declaración de 63 páginas presentada ante la FGR, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de “contraer deuda o cargo del erario público y aprovecharse económicamente de ésta en perjuicio de la Nación. Todo ello abusando de la autoridad que les concedían los cargos que ocupaban, ejerciendo indebidamente las responsabilidades que el pueblo de México les concedió”.
- Además, “traicionaron” a México mediante el “tráfico de influencias que ejercían sobre el resto de miembros del régimen”, dice Lozoya en su declaración dirigida al fiscal, Alejandro Gertz Manero, el pasado 11 de agosto.
Si bien, en la declaración, Lozoya se enfoca a los actos de corrupción como los sobornos recibidos por parte de Marcelo Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto para obtener beneficios al asumir la presidencia y la compra de la empresa chatarra de Agronitrogenados, la referencia a La Estafa Maestra pone en evidencia el presunto modus operandi del sexenio anterior.
- Aunque en La Estafa Maestra involucró a más de una centena de exfuncionarios, pasando por los 11 titulares e incluso los responsables de la liberación de los recursos públicos desde la Tesorería de la Federación, solo Rosario Robles, extitular de Sedesol se encuentra en prisión oficiosa.
Sin embargo, a un año de su encarcelamiento, no se ha dictado sentencia y, en realidad, no se le acusa de desvío de dinero sino de omisiones, es decir, de no haber impedido la firma de los convenios con las universidades que derivarían en el desvío./Agencias-PUNTOporPUNTO
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