La organización Amnistía Internacional realizó un análisis al Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual encontraron que los temas de derechos humanos quedan pendientes a mitad de sexenio. Según la organización, las cifras de feminicidio en el país siguen en aumento.
Además, calificó de preocupante que el gobierno federal minimice las agresiones de autoridades a personas migrantes en la frontera sur. “Esto muestra que la política migratoria sigue siendo contraria a los derechos humanos”, detallaron en un comunicado por redes sociales.
- Entre los fallos que encontraron, destacó que el gobierno debe exponer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tal y como López Obrador lo prometió, y hacer efectivo el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, incluso antes de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Debido a lo anterior, la organización exigió al gobierno mexicano garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes del país, reconocer y eliminar la discriminación contra migrantes, atender la situación de personas desaparecidas y a las organizaciones civiles en la labor de búsqueda, así como que la Fiscalía General de la República (FGR) dé con los responsables de los casos de espionaje que se tienen documentados.
A través de dicho comunicado, Amnistía Internacional reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de vacunación contra el covid-19, así como la aceptación por parte de las autoridades de la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada a México.
«A la 4T se le salió de las manos la política migratoria»
Falta de oportunidades, tensiones políticas, violencias y los daños que han dejado fenómenos naturales y cambio climático han obligado a miles de personas a dejar de manera forzada su hogar, para buscar refugio en México, sin embargo, la reacción de las autoridades ha sido tardía, de acuerdo con migrantes y activistas en la materia, sumando a una crisis en el sur del país.
- De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en lo que va del año las peticiones de refugio ya superaron en 10% a las registradas en todo el 2020, al sumar 77 mil solicitudes, de las cuales, el 70% de las personas solicitantes se encuentran concentradas en Tapachula, en su mayoría de ciudadanía haitiana, hondureña y otros países del centro y el sur de América.
- «Estuve esta semana en Tapachula y te puedo decir que hay tres habitantes por siete de haitianos y venezolanos, hay personas migrantes de todo centro y Sudamérica que están esperando una respuesta por parte de las autoridades», explicó en diálogo con LPO Armando Vilchis, activista y responsable del albergue Hermanos en el camino, ubicado en Metepec.
El problema que enfrentan las personas migrantes es que ante el incremento que se registra y persiste -Comar calcula que al cierre de año serán más de 110 mil solicitudes- es que las autoridades migratorias se encuentran desbordadas y tienen que esperar a un proceso nada sencillo, o al menos así lo explicó Andrés Ramírez Silva, titular de esta comisión, pues tienen que analizar cada caso para determinar si las personas pueden ser consideradas refugiadas, pero también se tiene que analizar un eventual proceso de retorno.
En tanto -y como establece la ley- las personas migrantes tienen que permanecer en la misma entidad en que iniciaron su solicitud de refugio, hasta tener una resolución, sin embargo, ya se estableció que habrá respuesta hacia finales de año o inicios del próximo, lo que ha dejado en una situación de pocas posibilidades de movilidad a solicitantes y, por tanto, permanecen en la ciudad fronteriza.
- La queja desde Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM) es la falta de recursos, pues aseguran que la austeridad republicana las deja con pocas posibilidades de enfrentar este incremento de solicitantes, sin embargo, Vilchis asegura que no está ahí el problema, pues percibe que esa falta de respuesta ha persistido con los años e independientemente de la administración federal.
«Más que alta de presupuesto, hay falta de voluntad política para atender la migración», dijo el activista. En su opinión, a este gobierno «se les salió de las manos la política migratoria», considerando que actualmente poco tiene que ver con lo prometido al inicio de su administración.
De acuerdo con el activista, las personas migrantes que ha albergado se han mostrado decepcionadas de la administración de López Obrador y aseguran que sigue imperando la corrupción en el Instituto Nacional de Migración. «Parecería incluso que hay más corrupción que antes», refirió, acusando también que lo que más falta es capacitación del personal para poder hacer frente a la alta demanda.
Caravanas migrantes ponen a prueba el humanismo
La expresión «por una migración segura, ordenada y regular» es una de las banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además presume «absoluto respeto» hacia las personas en tránsito que ingresan a territorio mexicano.
- Pero las imágenes de lo que ocurre en la frontera sur muestran todo lo contrario: agentes que detienen por la fuerza a migrantes centroamericanos y haitianos, con niños en brazos; primero los empujan y una vez en el suelo, los patean y detienen.
- Activistas coinciden en que, si bien la situación para los migrantes se agravó a partir del despliegue de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras, del acuerdo al que llegó México con el entonces gobierno de Donald Trump y de la pandemia de COVID-19, también es consecuencia de las políticas migratorias en administraciones pasadas.
«En otras administraciones ya había situaciones de violencia sistemática hacia las personas migrantes, pero ahora se ha exacerbado porque hay nuevas dinámicas migratorias; esto es una continuidad en los ejercicios de represión, ahora con una nueva variable, que es la aparición de la ‘Guardia Nacional migratoria'», señala Felipe Vargas, del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).
Eréndira Barco, de la organización Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), refiere que en años anteriores a las caravanas migrantes que partían de Chiapas se les daba otro trato, desde la intención de garantizar su seguridad hasta permitirles el tránsito.
«En la actualidad hemos visto que esto no ocurre, sobre todo porque hay un enfoque de replegar a las caravanas en el sur, principalmente en Chiapas y Tabasco, donde de por sí no hay condiciones para la población (originaria), y ahora menos para las personas migrantes que llevan más de un año esperando sus trámites (de refugio)», menciona.
- El SJR y SMR tienen oficinas en Chiapas, Tabasco y la Ciudad de México, puntos clave para los flujos migratorios que, dice Felipe Vargas, no necesariamente pretenden llegar a Estados Unidos, sino mantenerse a salvo en México.
- Los dos colectivos ofrecen asesoría psicológica y jurídica a las personas en situación migratoria, así como apoyo especial a menores de edad no acompañados, mujeres embarazadas o aquellos que fueron víctimas de un delito.
A inicios de este mes, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de que, del 1 de enero al 31 agosto, había identificado a 147,033 personas migrantes en «condición irregular» en el país./Agencias-PUNTOporPUNTO
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