El Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador admite que aún hay corrupción, al precisar que entre septiembre de 2020 y junio de 2021 se detectaron 17 mil 19 millones de pesos usados de forma irregular.
- Las irregularidades se detectaron en auditorías financieras y de cumplimiento y están relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación; falta de acreditación de registros contables; pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados, así como adquisición de medicamentos a sobreprecio.
También hay irregularidades en los recursos ejercidos en las obras públicas. En el documento de su Tercer Informe de gobierno entregado al Congreso de la Unión, el presidente puso como ejemplo la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
“Como ejemplo está la fiscalización del Tren Interurbano México-Toluca, que se realizó mediante tres visitas de supervisión, en las cuales se determinaron 22 hallazgos, de los que se derivaron 22 observaciones correctivas y 22 recomendaciones preventivas, con un monto por aclarar o recuperar de 2,222 millones de pesos”, destaca.
- Añade que en materia de fiscalización de los programas regionales, se observaron presuntas irregularidades que implican 3 mil 525 millones de pesos, el equivalente a 16.6% del total de recursos fiscalizados.
- Así lo detalla el Presidente en la sección titulada “Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, donde precisa que se llevaron a cabo 684 actos de fiscalización en la administración pública federal.
Enfatiza que fueron presentadas 20 mil 391 denuncias por presuntos actos de corrupción, de las cuales se concluyeron 2 mil 730, es decir, sólo el 13.3%.
De las denuncias concluidas, fueron remitidas 624 a áreas de responsabilidades para el inicio de procedimientos sancionatorios.
- “De las investigaciones realizadas, las conductas más recurrentes por las que se están llevando a cabo indagatorias, son: incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones normativas, incumplir con las funciones atribuciones y comisiones encomendadas, descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones, abuso de funciones y abuso de autoridad”.
En el Registro de Servidores Públicos Sancionados se recibieron 227 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 122 procedimientos que significaron la imposición de 43 sanciones.
Presume adjudicaciones directas
En el documento de su Tercer Informe entregado al Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador también presume las adjudicaciones directas en las compras del gobierno, aunque legalmente se deben privilegiar las licitaciones públicas.
- “Se da seguimiento a las contrataciones llevadas a cabo por excepción, y se constata que estén justificadas. Durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de junio de 2020, se realizaron 2 mil 529 contrataciones por adjudicación y 492 contrataciones por invitación a cuando menos a tres personas”, detalla el documento.
Agrega que se impusieron 155 sanciones en materia de contrataciones públicas a 140 empresas, por un monto total de 154 millones de pesos.
UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incrementó en un 35.2 por ciento las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, en comparación con el segundo año de gobierno, logrando interponer 142 en nueve meses.
- En el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, destacó que de septiembre de 2020 a junio de 2021 lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas.
- De estos montos, se presentaron ante la Fiscalía General de la República 142 denuncias que involucran a 911 sujetos, lo cual representa un incremento 35.2 por ciento en comparación con el año anterior.
- También dieron 107 vistas a diferentes autoridades federales y locales por estas mismas investigaciones que implican a integrantes del crimen organizado, funcionarios, políticos, ex servidores públicos, empresas fachada, personas físicas y morales.
Destacan que ante estas acciones, se promovieron mil 323 amparos de personas físicas y/o morales las cuales encontraban directamente incluidos en la lista de bloqueadas.
“Es de resaltarse ya que este monto es menor al total de personas bloqueadas, lo que refleja la capacidad de las autoridades para hacer frente a las impugnaciones y se demuestra la legalidad y constitucionalidad de las medidas de prevención para la comisión y/o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indica el informe.
Además, la UIF envió 10 mil 366 notas de inteligencia que involucraron a 12 mil 691 sujetos, tras distintas solicitudes de diversas autoridades, que en esta ocasión, incluyen a las autoridades electorales referentes al pasado proceso electoral.
El apartado de la UIF destaca los avances que logró México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional en cuanto a sus estrategias para combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en donde se reconoce que sigue pendiente una recomendación “para la que se requiere la aprobación de reformas en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita que están pendientes en el Poder Legislativo”.
En mayo de este año, MILENIO publicó que la UIF y la FGR arrancaron un plan piloto para recuperar 600 millones de pesos de cuentas abandonadas principalmente por el crimen organizado, las cuales fueron congeladas al menos desde hace seis años y que nadie ha reclamado. En el tercer Informe de Gobierno, destacan que “una estrategia fundamental para debilitar las estructuras delictivas se centra en afectar sus recursos económicos.
Por este motivo se iniciaron trabajos de coordinación para el seguimiento de la administración y destino de bienes asegurados a la delincuencia, a través de figuras jurídicas como el abandono, decomiso o extinción de dominio”.
- Por lo que subrayan que como resultados del Comité de Extinción de Dominio, la Fiscalía General de la República transfirió al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 67 inmuebles, más de dos mil 139 millones de pesos y 24 millones de dólares, un millón 876 mil 160 de menaje y objetos diversos, cuatro mil 805 joyas, 499 vehículos, 114 semovientes, 13 embarcaciones y tres aeronaves.
En otros ámbitos, la Unidad de Inteligencia Financiera también participó en operativos conjuntos sobre diversos delitos ambientales, como para denunciar y detener la comercialización de totoaba en Vancouver, Canadá./Agencias-PUNTOporPUNTO
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