México no se puede permitir el establecimiento de un ingreso básico universal, aunque solo fuera de 3 mil pesos mensuales, pues le costaría al país 1.9 billones de pesos al año, lo que equivale a más de 8% del PIB, señaló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, durante su comparecencia en el Senado de la República para explicar el Paquete Económico 2021.
- Explicó que esos 3 mil pesos se tendrían que otorgar a 53.2 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) del país, con lo que la erogación mensual para el presupuesto público ascendería a 156 mil 900 millones de pesos.
- Y agregó que los 1.9 billones de pesos que tendrían que distribuirse al año es un monto superior a todas participaciones federales y todos los fondos que reciben la totalidad de las entidades del país.
En su intervención, el senador Emilio Álvarez Icaza le había señalado al secretario de Hacienda que este es un buen momento para retomar el tema de implantar un salario básico de emergencia. “Hemos insistido en esto, es un tema fundamental, qué podemos hacer en esto, su opinión por favor”.
Herrera Gutiérrez añadió que los países que se han planeado la opción de dar un ingreso universal son aquellos en los que la recaudación de impuestos equivale a más de 40% del PIB, como Dinamarca, Finlandia y Francia y que el origen de la discusión ha sido el desplazamiento de empleos provocado por la economía digital y automatización.
Pero añadió que aún en esos países la discusión se ha venido posponiendo porque se ha considerado que una mejor manera de utilizar los recursos públicos es dedicarlos a la inversión, educación, etcétera, para permitir a los trabajadores desplazados reincorporarse al mercado laboral.
Desechan Consulta Popular en materia de Apoyos Económicos
Con 61 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención, el Senado de la República aprobó el dictamen que desecha la petición de consulta popular en materia de apoyos emergentes.
Las comisiones unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen que declara improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo económico a los trabajadores, formales e informales, que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por la contingencia sanitaria del COVID-19.
La Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, avaló este proyecto de decreto con ocho votos en favor y cinco en contra. En tanto, la Comisión de Hacienda, encabezada por el senador Alejandro Armenta Mier, lo respaldó con ocho en pro y seis en contra.
- El documento precisa que esta petición no procede debido a que versa sobre una materia que, constitucional y legalmente, no puede ser objeto de este derecho ciudadano, según lo dispuesto en el artículo 35, fracción VIII, base 3 de la Constitución.
- Se explica que en dicho artículo se establece que no podrán ser objeto de consulta popular los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros asuntos.
- El 15 de septiembre senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante la Mesa Directiva del Senado, por conducto de la legisladora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, dicha petición de consulta popular, respaldada por un mínimo equivalente al 33% de esta Cámara.
- En la discusión, el senador de Morena, Salomón Jara dijo que el actual gobierno, como ninguno en la historia del país, reorientó el presupuesto federal y concentró el gasto en programas y proyectos que tienen como objetivo fundamental revertir la desigualdad.
Por Acción Nacional, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que lo único que se está planteando es que haya un apoyo para los mexicanos que perdieron su empleo, “ya que por la crisis sanitaria no hay empleos e inversión”
La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya expresó que la constitucionalidad de la pregunta no es materia del Senado de la República, sino de la Suprema Corte. Por ello, dijo que se les debe enviar, para que ellos lo consideren./Agencias-PUNTOporPUNTO