Al menos 11 de los 15 gobernadores que dejarán su cargo en 2021 incrementaron la deuda pública de su estado, como Nuevo León, Sonora y Nayarit, que lideran con aumentos mayores a 20 por ciento.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, a este top 3 le siguen Colima, con un incremento de 18.1 por ciento en su deuda; Baja California, con 14.6 por ciento, y San Luis Potosí, con 10.3 por ciento.
En contraparte, tres gobernadores lograron reducir la deuda estatal pública, siendo el caso más llamativo el de Querétaro, donde el panista Francisco Domínguez registró un descenso de 79.5 por ciento en los saldos y actualmente la entidad solo debe 300 millones de pesos a instituciones financieras.
- Las otras dos demarcaciones que disminuyeron sus obligaciones son Sinaloa, con 8.9 por ciento, y Baja California Sur, con un significativo 1.3 por ciento. Forman también parte de la lista de 15 entidades que el año próximo renovarán el Ejecutivo y que han aumentado su deuda Guerrero, con 7.2 por ciento; Michoacán, con 5.9 por ciento, y Chihuahua, con 4.7 por ciento.
Y entre los que tienen menor proporción de incremento en las obligaciones de pago están Campeche y Zacatecas que entre 2015 y 2020 subieron solo 1.9 y 1 por ciento, respectivamente, y el único caso, Tlaxcala, que no muestra variación alguna en ese rubro.
En su comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expresó que las deudas de los gobiernos que terminarán el año próximo es el mayor reto que enfrentan las administraciones locales y que “da la casualidad que casi la mitad de los gobiernos” concluyen y la deuda de corto plazo suma casi 29 mil mdp.
- Los reportes muestran que en Nuevo León las obligaciones financieras estatales se incrementaron 24.7 por ciento durante los cinco años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, para ubicarse actualmente con un saldo de 79 mil 626 millones de pesos, la segunda deuda más alta en el país, solo por detrás de Ciudad de México.
En Sonora, los adeudos crecieron 23.4 por ciento entre el último trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2020; mientras que en el gobierno de Antonio Echevarría en Nayarit los estados de cuenta se incrementaron 21.2 por ciento en menos de tres años.
CASOS A FONDO
Cuando Rodríguez Calderón buscó la Presidencia, la deuda subnacional de Nuevo León era de 63 mil 832 millones de pesos con el interino Manuel Florentino González, y cuando el ex candidato presidencial regresó el saldo aumentó a 79 mil 626 millones de pesos.
El reporte trimestral del Senado sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios reporta que actualmente en el estado fronterizo se registra un endeudamiento per cápita de 14 mil 706 pesos, que en total representa 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado. Además, la entidad registró un aumento de 2.1 por ciento en su deuda pública entre abril y junio para paliar los efectos causados por la epidemia de covid-19.
- En Sonora la deuda subnacional asciende a 28 mil 103 millones de pesos y durante el mandato de la priista Claudia Pavlovich, el saldo subió en 5 mil 322 millones de pesos, que equivalen a un aumento de 23.36 por ciento.
- El análisis financiero del Senado revela que esta entidad obtuvo su financiamiento a través de la banca múltiple con 52.6 por ciento, con la banca de desarrollo 44.9 por ciento y con otras fuentes de crédito 2.4 por ciento restante.
Otro estado que vio un importante incremento de su deuda pública es Nayarit. Hasta el tercer trimestre de 2017 la entidad tenía un saldo de 6 mil 100 millones de pesos, pero desde la llegada al poder del panista Antonio Echevarría ese monto creció hasta los 7 mil 395.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Nayarit, desde que entró en funciones, el mandatario recibió un déficit de 14 mil millones de pesos derivado de adeudos fiscales y pasivos heredados por el gobernador priista, Roberto Sandoval quien se encuentra bajo investigación del gobierno de Nayarit, la FGR y hasta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno nayarita, no ha adquirido deuda ante la banca privada, debido a los lineamientos fiscales y disposiciones que prohíben contraer créditos que pongan en riesgo las próximas administraciones.
- En solo tres años las obligaciones financieras de este estado crecieron casi al mismo ritmo que aumentaron las de Nuevo León y Sonora en cinco años. Además, la pandemia ha afectado las finanzas públicas de tal manera que la calificadora Moody’s redujo la calificación crediticia de Nayarit de B1 a B3.
Según los análisis de la firma, la entidad sufrirá un severo problema de liquidez que se sumará a las presiones financieras existentes por un frágil desempeño operativo que se extenderá hasta el próximo año.
Actualmente, el monto de la deuda estatal representa 4.8 por ciento de su PIB y de acuerdo con los reportes financieros al segundo trimestre de 2020, se reparte de la siguiente manera: 67.9 por ciento en la banca de desarrollo y 32.1 por ciento en la banca múltiple.
- Un caso particular se observa durante la administración de Jaime Bonilla en Baja California, pues del último trimestre de 2019 al segundo de 2020 la deuda pública pasó de 17 mil 400 millones de pesos a 19 mil 938 millones, es decir, 14.3 por ciento.
- El gobierno de Michoacán dijo que los empréstitos se han utilizado en construcción carreteras, en instalaciones de seguridad pública y equipamiento, en vialidades urbanas y en turismo, principalmente.
Respecto a el refinanciamiento y reestructura de la deuda de largo plazo heredada por otras administraciones, aseguró que se han logrado reducir en un 38 por ciento la sobretasa de interés de los financiamientos que había al inicio del gobierno perredista y que en cinco años se han ahorrado 980 millones de pesos en el pago del servicio de la deuda pública.
VEN DESFALCO DE RECURSOS FEDERALES EN LOS ESTADOS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño patrimonial de 17 mil 782 millones de pesos por el posible ejercicio irregular durante 2019 de recursos públicos federales transferidos a 31 de las 32 entidades federativas, excepto Querétaro.
- Por ese motivo, emitió 340 pliegos de observaciones a los 31 gobiernos estatales como parte de los dos primeros paquetes de revisión a la Cuenta Pública 2019.
El presunto desfalco identificado por la ASF se dio en recursos que la Federación transfirió a los gobiernos estatales a través de las participaciones federales que les corresponden, pero también como parte de programas como Escuelas al CIEN, Expansión de la Educación Inicial, Programa Nacional de Inglés y Programa de Vigilancia Epidemiológica.
Además, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
- El presunto daño a la Hacienda se dio en recursos que se usaron en proyectos específicos como el BRT Corredor Troncal de La Laguna, en Coahuila; la Construcción y Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en Morelos.
- La Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí, y la Sustitución del Hospital General Dr. Miguel Silva y Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos, en Michoacán.
Los señalamientos por 17 mil 782 millones de pesos de presunto daño patrimonial, que las entidades federativas tendrán que solventar, se suma a las solicitudes de aclaración por 5 mil 500 millones de pesos que también requirió la ASF a 26 de las 32 entidades federativas como parte de la misma revisión a la Cuenta Pública 2019./Agencias-PUNTOporPUNTO
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